Bruselas asesta un nuevo golpe a los agricultores: Impone una nueva normativa europea que es una soga al cuello

Mientras el campo español agoniza, Bruselas sigue adelante con su hoja de ruta ideológica: el llamado Pacto Verde Europeo. Bajo el pretexto de “evitar la contaminación”, la Comisión Europea ha propuesto una nueva directiva que busca que todos los suelos agrícolas estén en buen estado para 2050. Aparentemente suena bien, pero la realidad es un auténtico torpedo en la línea de flotación del sector primario.

La Directiva de Vigilancia del Suelo exigirá a cada Estado miembro analizar todas sus tierras y registrar posibles zonas contaminadas en una base de datos pública. ¿El problema? Que una vez marcada una parcela como “degradada”, se podrán imponer restricciones o incluso prohibiciones absolutas en el uso de fertilizantes o en el tipo de cultivo permitido, sin compensaciones ni contemplaciones.

Una burocracia asfixiante que huele a traición
Las asociaciones agrarias de varios países europeos han estallado. Desde España, Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia o Suecia, sus representantes han denunciado conjuntamente que esta norma es un ataque directo al campo.

Una más. Lejos de facilitar la labor del agricultor, añade una carga burocrática injusta, en contradicción total con las promesas de simplificación y competitividad de Ursula von der Leyen.

A esto se suma la falta total de transparencia sobre los criterios para calificar un suelo como “en buen estado”. No hay claridad metodológica, ni umbrales definidos, ni garantías jurídicas. Se legisla desde despachos alejados de la realidad, favoreciendo a las grandes corporaciones y sacrificando al agricultor familiar.

El campo, sin oxígeno, y la UE promocionando a terceros países
El daño no es solo normativo. Mientras que a nuestros productores se les exige lo imposible, la Unión Europea permite la entrada de productos de terceros países sin los mismos controles medioambientales ni fiscales.

La competencia es desleal, la trampa es evidente: se asfixia al productor europeo con normativas inabarcables y se promociona al productor extranjero. Es la receta perfecta para destruir el sector primario europeo desde dentro, sin necesidad de armas ni guerras. Solo con legislación.

Desde Asaja se advierte que “si una parcela no supera los criterios comunitarios, se podrían imponer prohibiciones en el uso de fertilizantes o en el tipo de cultivo permitido, sin ofrecer compensaciones ni valorar las particularidades de cada explotación”.

La salud del suelo como excusa: el ecologismo ideológico
La Comisión, por su parte, alega que “más del 60% de los suelos en la Unión Europea están deteriorados”, y que la propuesta busca una recuperación completa en 25 años. Pero el discurso medioambiental ya no convence. Se ha convertido en una herramienta de ingeniería política y económica al servicio de una agenda globalista que desprecia la soberanía alimentaria, la tradición agrícola y el equilibrio rural.

Los agricultores no son enemigos del medio ambiente. Son sus primeros defensores. Pero lo que plantea Bruselas no es sostenibilidad, es acoso regulatorio y desmantelamiento planificado. No se trata de proteger la tierra, sino de someterla a intereses ajenos a las naciones.

No estamos ante un problema técnico, sino ante una decisión política e ideológica. Una decisión que apuesta por la dependencia alimentaria, que destruye el modo de vida rural, que rompe el tejido productivo nacional y deja sin futuro a miles de familias que viven del campo.

Ya no se trata solo de agricultura. Se trata de soberanía, de identidad y de supervivencia. La Agenda 2030, el ecologismo radical y la dictadura de Bruselas han declarado la guerra al sector primario, y España debe plantarse antes de que sea tarde.

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