El Tribunal de Cuentas denuncia que la información sobre vacunas en pandemia era poco "fiable" y "desfasada"

A cinco años del estallido de la pandemia y cuatro del inicio de la campaña de vacunación contra la COVID-19, el Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que debería sacudir los cimientos de la política sanitaria española.

Un documento que revela no solo el colapso informático del sistema de salud pública, sino algo aún más grave: las decisiones que afectaron a millones de personas fueron tomadas sin una base científica real, sin datos fiables y sin el respaldo de expertos que nunca existieron.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso el confinamiento más severo de Europa sin respaldo legal ni científico, como más tarde sentenció el Tribunal Constitucional. Encerró a millones de españoles sin contar con un comité de expertos real, tomando decisiones a ciegas mientras afirmaba lo contrario en público.

Promulgó el miedo a través de medios de comunicación afines, subvencionados con dinero público, que sirvieron como altavoz de una narrativa alarmista, censurando voces críticas y ocultando la falta de criterios técnicos reales.

Mientras tanto, el PSOE y su entorno aprovecharon el caos sanitario para saquear fondos públicos, como se ha evidenciado en múltiples escándalos de contratos irregulares, mascarillas infladas y comisiones millonarias, todo ello mientras moría gente en soledad y miles de sanitarios luchaban sin medios adecuados.

La gran mentira de las medidas sanitarias
Durante meses, el Gobierno de Pedro Sánchez se escudó en una supuesta autoridad científica, en “el criterio de los expertos”, para justificar confinamientos, toques de queda, cierres de actividades económicas, restricciones de movilidad y toda una arquitectura de control sin precedentes. Hoy, sabemos que ese comité de expertos nunca existió, como admitió el propio Ejecutivo en 2020, tras múltiples peticiones del Congreso y la prensa.

No solo eso. Las medidas sanitarias adoptadas fueron improvisadas, arbitrarias y, en muchos casos, ineficaces, tal como ahora se confirma con la publicación del Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública por parte del Tribunal de Cuentas.

A esto se suman las investigaciones llevadas a cabo por comisiones del Congreso de EE. UU., que también han cuestionado las decisiones adoptadas en muchos países, incluido España, señalando la falta de transparencia, la opacidad institucional y la politización de la gestión sanitaria.

 Sin datos, sin control, sin ciencia
¿Cómo se puede gestionar una pandemia sin datos fiables? La respuesta es simple: no se puede. El informe del Tribunal de Cuentas retrata una situación de descoordinación total entre comunidades autónomas, con sistemas obsoletos, no interoperables, llenos de errores y sin trazabilidad. La información estaba desfasada, era limitada y carecía de mecanismos básicos de control y contraste.

El Ministerio de Sanidad no disponía ni siquiera de un registro estatal de vacunación cuando comenzó la campaña, y cada comunidad operaba como un reino de taifas, con sus propios sistemas, sus propios identificadores, y criterios distintos de reporte. El resultado fue un caos: informes contradictorios, cifras inconsistentes y una gestión incapaz de responder con rigor a una emergencia sanitaria.

 ¿Dónde están los cinco millones de vacunas?
Uno de los datos más graves del informe es la discrepancia entre el número de vacunas administradas según REGVACU (100 millones en marzo de 2022) y los informes de la Dirección General de Salud Pública (95 millones en junio del mismo año). Una diferencia de cinco millones de dosis que nadie ha sabido explicar, y que pone en entredicho la fiabilidad de todos los balances oficiales.

Además, se realizaron sustituciones masivas de bases de datos, a petición de comunidades autónomas, para corregir errores sin documentación trazable. Estas acciones, según el Tribunal, pusieron en riesgo la integridad del sistema REGVACU, y dejaron en evidencia las profundas debilidades del sistema autonómico de información sanitaria.

 Un sistema de salud que operaba a ciegas
El informe revela que hasta 2,6 millones de registros de vacunación no estaban vinculados a ningún identificador personal válido. La consecuencia directa fue que no se podía saber a quién se le había administrado qué dosis, ni cuándo, ni cuántas. Este nivel de opacidad convierte en papel mojado cualquier estrategia sanitaria basada en datos.

Por otro lado, el sistema de vacunación de Sanidad Exterior, SISAEX-VAC, operaba con una tecnología obsoleta, con errores en al menos el 5% de sus registros y sin conexión con el resto del Sistema Nacional de Salud. Esto impidió que médicos de Atención Primaria tuvieran acceso al historial vacunal de viajeros o ciudadanos atendidos por los Centros de Vacunación Internacional.

Una crisis sanitaria gestionada con propaganda
Más allá del caos técnico, este informe demuestra que la gestión de la pandemia en España fue profundamente ideológica, construida sobre una narrativa de “expertos” y “ciencia” que nunca tuvo sustento real. Las decisiones políticas no respondieron a criterios técnicos, sino a intereses de imagen y control. Se trató de una operación de propaganda, no de una gestión sanitaria responsable.

Y mientras tanto, millones de ciudadanos cumplieron con normas contradictorias, soportaron restricciones de derechos fundamentales, y fueron sometidos a un régimen de excepcionalidad sin precedentes, basándose en unas decisiones que ahora sabemos que carecían de respaldo científico, de datos contrastados y de planificación estructural.

¿Y ahora qué?
Este informe exige consecuencias. No bastan las excusas, ni los homenajes, ni los eslóganes de resistencia colectiva. Es necesario que el Congreso investigue de forma independiente la gestión de la pandemia en España, y que se depuren responsabilidades tanto técnicas como políticas. ¿Quién permitió este descontrol? ¿Qué ministros firmaron decisiones sin evidencia? ¿Quién justificó restricciones sin expertos? ¿Dónde están las vacunas perdidas?

La democracia no puede permitirse un Estado que gestione crisis sanitarias con improvisación, opacidad y propaganda. La próxima vez podría costarnos aún más caro.

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