Hacienda roza los 300.000 millones de recaudación y bate récord histórico de saqueo al ciudadano

La Agencia Tributaria ha anunciado con bombo y platillo que en 2024 ha logrado una recaudación histórica de 294.734 millones de euros. Se trata de una cifra sin precedentes, un 8,4% más que en 2023 y un 52% más que en 2020, en plena pandemia.

Pero más que un logro económico, esto es la confirmación de que el Estado ha perfeccionado el arte del expolio. No se trata de eficiencia fiscal ni de justicia tributaria: se trata de un modelo diseñado para sacarle hasta el último euro al ciudadano común, mientras se protege a los privilegiados de siempre.

 Un récord construido sobre la espalda del trabajador
El gran protagonista de esta recaudación no ha sido otro que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ha aportado 129.408 millones de euros, un 7,6% más que el año anterior. Pero, ¿por qué ha subido tanto? No por una reforma fiscal justa, sino porque han aumentado los salarios y las pensiones... y el Gobierno se ha apresurado a subir también el mordisco fiscal.

El tipo efectivo medio del IRPF ha subido hasta el 15,5%, lo que implica que los trabajadores pagan ahora más que nunca, en proporción a sus ingresos. Y esto no afecta a los millonarios con estructuras fiscales opacas, sino a los asalariados, pensionistas y autónomos, los mismos de siempre. No importa si tus ingresos suben por méritos propios o por la inflación: el Estado siempre se lleva su parte primero, y cada vez más grande.

  Impuesto de Sociedades: beneficios récord, tributación maquillada
El Impuesto de Sociedades, que grava las ganancias empresariales, creció un 11,5% hasta los 39.096 millones. Aparentemente una buena noticia. Pero cuando se analiza el detalle, el panorama cambia: las empresas del IBEX-35 aumentaron sus beneficios un 24%, y sin embargo el tipo efectivo medio que pagan sigue congelado en el 20,2%. ¿Dónde están las reformas para acabar con deducciones y elusión fiscal? No existen. Porque el Gobierno necesita el dinero fácil y rápido, y lo consigue exprimiendo a los que no tienen medios para defenderse: tú, yo y millones de contribuyentes sin asesores fiscales.

 IVA: el impuesto más injusto, en máximos históricos
El tercer pilar del récord es el IVA, que ha alcanzado la escandalosa cifra de 90.541 millones, un 7,9% más. Este impuesto, uno de los más regresivos del sistema, afecta a todos por igual sin tener en cuenta su nivel de ingresos. No distingue entre el multimillonario y el mileurista.

Este aumento no se debe solo al incremento del consumo, sino a decisiones políticas deliberadas: el Gobierno restauró el IVA al 21% en la energía, justo cuando miles de familias siguen sin recuperarse de la crisis inflacionaria. También reimplantó el IVA en alimentos esenciales. Resultado: se grava lo básico para sobrevivir mientras los grandes patrimonios siguen blindados.

 El Gobierno que cobra hasta de la solidaridad
Pero el colmo de la vergüenza ha sido el trato que Hacienda ha dado a los damnificados por la DANA. No solo no han recibido aún las ayudas prometidas, sino que el Gobierno ha sido capaz de aplicar impuestos incluso al dinero recibido en forma de donaciones solidarias. Es decir: el ciudadano, con su buena voluntad, dona dinero para ayudar a otros, y el Estado se queda con una parte. Literalmente se ha puesto un impuesto a la solidaridad, mientras las instituciones siguen sin responder a quienes lo han perdido todo.

Este dato, lejos de ser anecdótico, refleja el verdadero espíritu fiscal de este Ejecutivo: todo ingreso es potencialmente gravable, incluso si viene del dolor y la catástrofe.

 Varapalos judiciales y chapuzas normativas
El informe de la Agencia Tributaria también reconoce que se dejaron de ingresar 4.800 millones de euros por sentencias judiciales adversas. El Tribunal Supremo tumbó la forma en que se gravaban las pensiones de antiguos mutualistas, obligando al Estado a devolver más de 2.800 millones de euros. El Tribunal Constitucional, por su parte, anuló un decreto de 2016 sobre el Impuesto de Sociedades, lo que supuso devolver casi 1.700 millones a las empresas.

Es decir: Hacienda ha estado cobrando mal y de forma abusiva durante años, y solo cuando la Justicia interviene, se corrige. Y aunque la recaudación es récord, una parte importante ha sido obtenida de manera incorrecta, injusta o incluso ilegal.

 ¿Y todo esto para qué?
Con esta brutal recaudación, uno pensaría que los servicios públicos mejorarían, que habría más inversión social, que se ayudaría a los más vulnerables. Pero no. La realidad es que las listas de espera sanitarias aumentan, la vivienda sigue disparada, los jóvenes no pueden emanciparse y los mayores apenas llegan a fin de mes.

Entonces, ¿a dónde va todo este dinero? La respuesta es tan previsible como indignante: a sostener una mastodóntica maquinaria estatal plagada de duplicidades, cargos políticos innecesarios, asesores, subvenciones opacas y chiringuitos ideológicos.

El Estado no está más presente en tu vida para ayudarte. Está más presente para controlarte, para fiscalizarte, para sancionarte. Y mientras tanto, las ayudas reales se retrasan, las promesas se incumplen y la meritocracia desaparece.

 Un récord que huele a fracaso moral
Lo que el Gobierno celebra como un hito histórico, es en realidad una señal de alarma. No se trata de justicia fiscal, sino de una estrategia desesperada de expolio ciudadano para mantener un aparato político ineficiente y clientelar.

En lugar de premiar el esfuerzo, se penaliza. En vez de proteger al necesitado, se le grava. Y mientras tanto, se cobra hasta del dolor, de la solidaridad y de la tragedia.

Este récord no es una victoria. Es una confesión. Una confesión de que el Estado español no está al servicio del ciudadano, sino de sí mismo. Y lo peor es que lo hace con una sonrisa, celebrando que ha logrado vaciarnos aún más los bolsillos.

Otra mentira más del Gobierno: “No subiremos los impuestos a los pobres”
Durante años, tanto Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han repetido una y otra vez que “no se subirán los impuestos a las clases trabajadoras”. Lo afirmaron en mítines, en entrevistas y en el Congreso. Fue uno de los pilares de su propaganda electoral. Pero, como tantas otras veces, la realidad ha desmontado el relato.

Lejos de aliviar la carga fiscal a los que menos tienen, el Ejecutivo ha aplicado hasta 97 subidas o nuevas figuras impositivas desde su llegada al poder. Algunas, directamente regresivas. Otras, encubiertas en forma de “tasas verdes”, “impuestos temporales” o supuestos “ajustes justos” que terminan repercutiendo en los mismos de siempre: el ciudadano medio, el autónomo, el pequeño comercio, el consumidor.

No solo se ha subido el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, el plástico, la electricidad o los combustibles, sino que además se han creado nuevos tributos, algunos tan absurdos como gravar las bebidas azucaradas o los envases reutilizables, todo ello en nombre de un falso progresismo que confunde justicia social con afán recaudatorio sin límite.

Y lo peor: se hace mientras el Gobierno presume de progresista y asegura estar del lado del pueblo. Otra mentira más. Otra promesa rota. Otra burla institucional a quienes sí pagan, sí cumplen y sí sostienen el país día a día.

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