UGT y el escándalo de los "comegambas": cuando el cinismo sindical se convierte en sátira institucional
La corrupción ha sido una lacra que ha corroído las estructuras de los sindicatos mayoritarios. UGT, en particular, ha protagonizado numerosos escándalos de malversación, falsificación de facturas y uso indebido de subvenciones públicas
El Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, es una fecha histórica de lucha obrera, símbolo de la dignidad laboral y de las conquistas sociales conseguidas a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los últimos años, sindicatos como UGT y CCOO han transitado del activismo social a convertirse en instituciones profundamente desacreditadas, salpicadas por escándalos de corrupción y alejadas de las verdaderas preocupaciones de los trabajadores.
Este 2025, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha decidido reivindicar el Primero de Mayo con un vídeo musical titulado Gamba Roja. En lugar de centrar su mensaje en los problemas reales de los asalariados —como la precariedad, la subida del coste de vida o la falta de acceso a vivienda—, el sindicato ha optado por una campaña burlesca en la que ironiza sobre las acusaciones de despilfarro que han caído sobre ellos durante años.
En el vídeo, se autodenominan con orgullo "comegambas", término que hasta ahora era un reproche popular hacia las élites sindicales por sus suntuosos banquetes pagados con dinero público.
Cinismo institucional: del sindicalismo a la autoparodia
La pieza musical, interpretada por el grupo ficticio The Gambers, lanza frases como “Tú de pollo, yo de gamba. Yo tan roja, tú tan facha”, mezclando ironía ideológica con una provocación que trivializa los privilegios de los que gozan algunos dirigentes sindicales.
Este giro cínico demuestra hasta qué punto las cúpulas sindicales han perdido el norte, abrazando la caricatura que se ha hecho de ellos en redes sociales y medios críticos. Pero lo que podría parecer una jugada de humor estratégico, esconde una cruda realidad: el descrédito generalizado del sindicalismo institucionalizado en España.
Una historia manchada por la corrupción
El problema de fondo no es solo estético o comunicacional. La corrupción ha sido una lacra que ha corroído las estructuras de los sindicatos mayoritarios. UGT, en particular, ha protagonizado numerosos escándalos de malversación, falsificación de facturas y uso indebido de subvenciones públicas.
Caso UGT Andalucía
Uno de los más sonados fue el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, donde se destapó una red de desvío sistemático de fondos públicos destinados a cursos de formación. Entre 2009 y 2013, el sindicato habría inflado facturas, creado documentos ficticios y desviado millones de euros para pagar comidas de lujo, mariscadas, alquileres de coches y viajes. En 2021, más de 14 dirigentes fueron procesados por delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.
En los informes judiciales se detallan facturas por miles de euros en comilonas —incluyendo jamón ibérico y gambas—, justificadas falsamente como “material de oficina” o “gastos de formación”. El escándalo no solo indignó a la opinión pública, sino que puso de manifiesto el modus operandi de un sindicato que parecía más centrado en el clientelismo político que en la defensa de los trabajadores.
Los cursos de formación: un pozo sin fondo
Tanto UGT como CCOO se han visto implicados en el fraude de los cursos de formación en toda España, particularmente en Madrid, Asturias, Valencia y Extremadura. Se trataba de subvenciones públicas para reciclar laboralmente a parados y empleados, que fueron aprovechadas para engrosar las cuentas de empresas pantalla vinculadas a los sindicatos, con apenas control institucional.
Los ERE en Andalucía: silencio cómplice
No puede ignorarse tampoco el papel silente de los sindicatos en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, otro escándalo masivo que afectó a la Junta andaluza bajo gobiernos socialistas. Aunque los sindicatos figuraban como supervisores de los expedientes, no levantaron la voz ante las irregularidades que permitieron a altos cargos y allegados cobrar prejubilaciones fraudulentas.
Sindicatos financiados por todos, al servicio de unos pocos
El mayor insulto al trabajador medio es que todo esto se ha financiado con dinero público. En lugar de vivir de las cuotas de sus afiliados, como sería deseable en un modelo de representación sano y libre, UGT y CCOO reciben decenas de millones de euros anuales en subvenciones directas del Estado, de comunidades autónomas y de fondos europeos. Son estructuras parasitarias sostenidas por el contribuyente, incluidas personas a las que jamás han representado y a quienes jamás han consultado.
Esta financiación convierte a los sindicatos mayoritarios en instrumentos del poder, no en fiscalizadores del mismo. Es por ello que no convocan huelgas generales ni grandes protestas contra el actual Gobierno, a pesar del brutal encarecimiento de la vida, de las dificultades de acceso a vivienda o de la precariedad estructural del empleo juvenil. UGT y CCOO no se oponen a este Gobierno: forman parte de él. Son sus socios silenciosos, sus legitimadores sociales disfrazados de agentes reivindicativos.
La desconexión con la clase trabajadora
La campaña Gamba Roja llega en un momento en que los sindicatos apenas movilizan a sus bases. Las manifestaciones del 1 de Mayo han ido perdiendo asistencia año tras año, y cada vez más trabajadores consideran que estas organizaciones defienden más a los funcionarios que a los precarios. Las críticas del Frente Obrero, que interrumpió un acto sindical al grito de “¡comegambas!” y “¡no nos representan!”, no son una anécdota: reflejan un malestar extendido.
Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los alquileres se disparan y la juventud no tiene horizonte vital, UGT opta por una estrategia propagandística burda, que trivializa la justa indignación social hacia los privilegios de una casta sindical.
¿Reforma o desaparición?
Ante este panorama, la regeneración del sindicalismo tradicional solo es posible si se cumple una condición innegociable: los sindicatos deben dejar de ser financiados con dinero público. Solo así podrán recuperar legitimidad, independencia y credibilidad. Deben rendir cuentas a sus afiliados, no a los gobiernos. Mientras sigan atados a la subvención estatal, serán simplemente otra pata del sistema político, no un contrapoder al servicio de los trabajadores.
Porque mientras UGT presume de gambas, miles de españoles solo pueden permitirse pollo —con suerte— y esperan algo más que un videoclip sarcástico por parte de quienes deberían estar en la calle, al frente de la protesta social.
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