El Partido Popular acusa a la vicepresidenta Sara Aagesen de posible conflicto de intereses por contratos adjudicados a una empresa vinculada a su hermano
El Partido Popular (PP) ha acusado este lunes a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de incurrir en un presunto conflicto de intereses. La acusación se basa en la adjudicación de contratos públicos a una empresa en la que su hermano mayor, Harald Aagesen, figura como representante legal y director de ventas.
Durante la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo solicitó explicaciones por la concesión de un contrato de 114.000 euros por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), organismo adscrito al Ministerio de Transportes pero con dependencia funcional del Ministerio de Transición Ecológica.
Maíllo expuso que dicho contrato fue adjudicado a la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU, y firmado por el hermano de la ministra en calidad de representante legal. Subrayó que esta situación podría constituir una incompatibilidad, dada la relación familiar directa y el hecho de que el organismo adjudicador depende funcionalmente del Ministerio que dirige la propia Aagesen.
«Hay una cosa que se llama incompatibilidades y conflicto de intereses, y son los que usted tiene y la vicepresidenta con su familia. No puedo sustraerme a la actualidad que representa su responsabilidad en la adjudicación de contratos a la familia de la vicepresidenta», afirmó Maíllo.
El senador insistió en que el secretario de Estado, como vicepresidente del Cedex, debía pronunciarse al respecto. Hugo Morán, sin embargo, evitó entrar en detalles y afirmó que todas las empresas reciben el mismo trato en los procedimientos de contratación pública. Añadió que las afirmaciones del senador respondían a conclusiones "predeterminadas" y calificó su intervención como un mitin.
Según los documentos del expediente, el contrato —formalizado el 27 de marzo de 2025— tiene como objeto el suministro de «equipos de adquisición y gestión de datos», y se enmarca en un lote junto a otro, con una duración máxima de ejecución de ocho meses a partir del 8 de abril.
El procedimiento de adjudicación se llevó a cabo mediante un único licitador: la empresa representada por el hermano de la vicepresidenta. En la documentación oficial del contrato, aparecen tachados tanto el nombre como el DNI del firmante, un hecho que ha generado preocupación sobre la transparencia del proceso.
La empresa en cuestión, de capital británico y origen danés, ha recibido contratos del Gobierno por un valor cercano a los tres millones de euros en los últimos años. Este nuevo episodio se suma a otros cuestionamientos que han surgido recientemente sobre la gestión del Ministerio en plena crisis energética.
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