Condenado a cinco años de prisión el exalcalde socialista de Fontanar por malversación y falsedad documental

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a cinco años de prisión al exalcalde socialista de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, por apropiarse de fondos públicos durante su etapa al frente del consistorio. El tribunal considera acreditado que cometió un delito continuado de malversación de caudales en concurso con falsedad en documento oficial, ambos cometidos en su condición de autoridad pública.

Además de la pena de cárcel, la sentencia impone una multa económica de 3.600 euros, así como cinco años de inhabilitación para desempeñar cualquier función o empleo público. También deberá indemnizar al Ayuntamiento de Fontanar con una cantidad de 5.413,25 euros en concepto de responsabilidad civil por el dinero que desvió de las arcas municipales.

 Los hechos se sitúan en los años 2017 y 2018, periodo en el que San Vidal, según el fallo judicial, retuvo indebidamente cerca de 5.500 euros. Parte de este dinero procedía de donaciones vecinales destinadas a las fiestas patronales, beneficios generados en comidas populares y recaudaciones vinculadas al uso del polideportivo municipal.

El tribunal detalla cómo el exalcalde modificó el sistema de gestión de ingresos municipales, centralizando la recaudación en manos de concejales afines o directamente en las suyas, con el fin de ingresar solo una fracción del total en las cuentas oficiales del Ayuntamiento y mantener el resto a su disposición personal.

Otro de los delitos que se le atribuyen a San Vidal es la falsificación de documentos para simular la realización de un curso formativo que en realidad nunca se celebró. Este montaje tenía como objetivo obtener una subvención pública, y fue llevado a cabo en colaboración con el director del centro de formación implicado en la causa.

Por estos hechos, el responsable del centro ha sido también condenado como cooperador necesario del delito de malversación y autor de falsedad documental, recibiendo una pena de dos años y medio de prisión y siete años de inhabilitación para empleo público.

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