Único en la UE: España recibe visita de eurodiputados por no implementar el umbral mínimo del 3%-5%
Pero más allá de lo técnico, la consecuencia más grave es esta: varios partidos españoles actualmente con representación en Europa no deberían estar allí con la ley en la mano. Su porcentaje de voto es inferior al umbral mínimo exigido por la UE
España, el país que presume de europeísmo cuando conviene, se ha convertido en una anomalía democrática flagrante dentro de la Unión Europea. Mientras los 26 Estados miembros han implementado el umbral mínimo del 2% al 5% de votos para acceder al Parlamento Europeo —una norma establecida para reforzar la calidad democrática y la representatividad—, España es el único país que no lo ha hecho. No por incapacidad técnica.
No por olvido. Sino porque Pedro Sánchez se niega deliberadamente a cumplir la ley europea para proteger su débil aritmética parlamentaria.
Un incumplimiento que roza la ilegalidad
La directiva europea de 2018, aprobada por el Consejo de la UE, exige que los países con circunscripciones que eligen más de 35 eurodiputados —como España, que elige 61— apliquen un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% para garantizar que solo los partidos con verdadero respaldo ciudadano accedan a escaños europeos.
Esta norma ya debería estar en vigor, y España debió modificar su Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hace años. No hacerlo supone, de facto, un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado español con la Unión Europea.
Pero más allá de lo técnico, la consecuencia más grave es esta: varios partidos españoles actualmente con representación en Europa no deberían estar allí con la ley en la mano. Su porcentaje de voto es inferior al umbral mínimo exigido por la UE, y por tanto, su presencia en el Parlamento Europeo carece de legitimidad democrática a escala continental.
La legalidad se sacrifica por el chantaje político
Esta situación no es un accidente. Es un cálculo frío, medido, interesado. Pedro Sánchez, sabedor de que partidos como EH Bildu, ERC, BNG, Junts o incluso Sumar y Podemos podrían quedarse fuera del Parlamento Europeo si se aplicara el umbral mínimo, ha preferido ignorar la ley antes que perder el apoyo de sus socios.
En otras palabras, ha antepuesto su permanencia en La Moncloa a la legalidad europea y a la limpieza democrática de las elecciones.
El resultado: España se convierte en un refugio de excepciones electorales, trampas legales y juegos de poder a espaldas de la ciudadanía. Mientras Bruselas exige responsabilidad, Sánchez responde con desobediencia. Mientras Europa pide reformas, él entrega favores.
¿Qué hacen en Europa partidos sin respaldo suficiente?
Es legítimo preguntarse: ¿qué hacen en el Parlamento Europeo formaciones que no alcanzan ni el 2% de los votos en España? ¿Cómo es posible que, mientras en Francia o Alemania estos partidos quedarían automáticamente fuera por no alcanzar el umbral mínimo, en España se les premie con escaños y altavoz institucional?
La respuesta es demoledora: Pedro Sánchez ha convertido el sistema electoral europeo en una herramienta de ingeniería parlamentaria interna. Y lo ha hecho violando de forma sistemática la legislación comunitaria.
Un presidente fuera de la ley
No es la primera vez. Pedro Sánchez ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a pisotear la Constitución, ignorar las leyes nacionales y ahora también las europeas, siempre que eso le permita sostener su alianza de Frankenstein. Desde la ley de amnistía para beneficiar a fugados de la justicia, hasta los pactos con partidos declaradamente secesionistas, el desprecio del presidente del Gobierno por el orden legal es continuo y calculado.
Este nuevo capítulo —el bloqueo a la aplicación del umbral mínimo en las europeas— es solo una pieza más de su estrategia de poder absoluto y de chantaje político. Si para sostenerse en la presidencia hay que desacreditar el sistema electoral, se hace. Si hay que ignorar directivas europeas, también.
Europa ya ha tomado nota
La visita de eurodiputados a España para investigar esta anomalía democrática es una señal clara de que Europa ya no confía en la palabra de Pedro Sánchez. Los socios europeos observan con creciente inquietud cómo el Gobierno español se salta normas comunes, erosiona instituciones y convierte la legislación electoral en un traje a medida de sus intereses.
España no es un país cualquiera. Es la cuarta economía del euro y uno de los grandes Estados miembros. Que esté siendo gobernada por un presidente que no respeta ni las leyes europeas ni las propias es una amenaza no solo interna, sino también continental.
El poder por encima de la ley
Pedro Sánchez ha cruzado una línea peligrosa: la de utilizar el poder del Ejecutivo no para aplicar la ley, sino para doblarla, manipularla o ignorarla según le convenga. La no aplicación del umbral mínimo en las elecciones europeas no es un tecnicismo: es una estafa democrática, un fraude legal y una prueba más del autoritarismo encubierto del sanchismo.
Mientras partidos sin el respaldo mínimo necesario se sientan en Bruselas, la democracia se debilita, la ley se degrada y la confianza en las instituciones se erosiona.
Pedro Sánchez no gobierna para España. Gobierna para sí mismo. Y para eso, está dispuesto a incumplir todo lo que haga falta.
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