El Gobierno de Sánchez paga 3.146 euros al activista Alán Barroso por dos vídeos de minuto y medio sobre Franco

En un país marcado por décadas de polarización ideológica y una memoria histórica aún pendiente de cicatrizar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a situar el foco en el pasado. Lo ha hecho, esta vez, no solo a través de un ambicioso (y costoso) programa institucional llamado “España en Libertad. 50 años”, sino también mediante la contratación directa de influenciadores políticos afines para difundir su mensaje.

Uno de los casos más llamativos es el del politólogo y activista Alán Barroso, que ha percibido 3.146 euros de dinero público por la realización de dos vídeos de apenas minuto y medio de duración cada uno.

.¿Quién es Alán Barroso y por qué ha cobrado del Gobierno?
Barroso es un conocido divulgador de contenido político en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Conocido por su clara alineación ideológica con el PSOE y Unidas Podemos, ha ganado notoriedad entre el público joven por sus vídeos de tono contundente, dirigidos contra la derecha y la extrema derecha. Sus opiniones no son imparciales ni analíticas: son pura trinchera política.

Pero más allá de su sesgo ideológico, Barroso se ha consolidado como un defensor sistemático de Pedro Sánchez, incluso en circunstancias donde la crítica objetiva y honesta debería ser imprescindible. Su apoyo es tan incondicional que lo posiciona como un vocero oficioso del Gobierno, incapaz de cuestionar sus errores, contradicciones o escándalos. Lejos de representar un pensamiento crítico, Barroso blanquea decisiones controvertidas y justifica lo injustificable, actuando más como un propagandista que como un divulgador independiente.

El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, le adjudicó 2.600 euros más IVA (3.146 euros en total) por la creación de dos vídeos breves. El encargo: explicar brevemente aspectos como el “milagro económico” del franquismo y la evolución de la Seguridad Social. Las piezas se difundieron en la cuenta institucional @50enLibertad, gestionada por el propio Ejecutivo.

Propaganda bajo disfraz educativo
Que el Estado quiera conmemorar los 50 años del fin de la dictadura franquista es legítimo. Lo que genera profunda inquietud es el uso del dinero público para financiar propaganda política disfrazada de divulgación, especialmente en redes sociales donde el formato favorece más el activismo superficial que la reflexión histórica seria.

El caso de Barroso no es aislado. Otras figuras ideológicamente afines también han sido retribuidas. La historiadora y comunicadora Josefina Mesa cobró 1.650 euros por un vídeo sobre educación en el franquismo y por conducir un acto conmemorativo. Además, la campaña cuenta con intervenciones de activistas como Carla Galeote, también conocida por su activismo feminista alineado con el actual gobierno.

Todo esto se enmarca dentro de un programa institucional que contará con más de 20 millones de euros de presupuesto público para celebrar la democracia… en vísperas de un ciclo electoral europeo.

¿Quién decide qué memoria es válida?
Uno de los aspectos más problemáticos de este caso es la apropiación ideológica de la memoria democrática. Con la excusa de celebrar los avances sociales desde 1975, el Gobierno selecciona cuidadosamente a divulgadores e influencers que no ofrecen una mirada equilibrada del pasado, sino una versión ideológicamente dirigida para consolidar el relato del oficialismo.

Es imposible no preguntarse: ¿habría recibido el mismo encargo un divulgador con visión crítica sobre la Transición? ¿O uno que, sin defender el franquismo, cuestionara los fallos estructurales de la democracia nacida en 1978? Parece improbable.

La trampa del formato: 90 segundos para reescribir la historia
Reducir episodios complejos de la historia económica y social de España a vídeos de un minuto y medio no solo es insuficiente, sino potencialmente manipulador. Se simplifican los debates, se omiten matices y se distorsionan las causas y consecuencias de los hechos históricos. La historia se convierte en un “reel”, la memoria en un “hashtag” y la política en un “like”.

¿Publicidad institucional o marketing partidista?
El uso de figuras mediáticas afines y de redes sociales para una campaña institucional debería levantar serias alarmas. No se trata de una campaña educativa ni divulgativa en el sentido académico, sino de una operación de marketing político con dinero del contribuyente. El objetivo parece ser doble: reafirmar la hegemonía cultural de la izquierda y contrarrestar el auge de la derecha entre los jóvenes.

Incluso desde una perspectiva progresista, esta instrumentalización de la historia y del presupuesto público plantea interrogantes sobre los límites éticos del poder político en la creación del relato colectivo.

Entre la manipulación emocional y el adoctrinamiento digital
El caso de Alán Barroso es solo la punta del iceberg. El Gobierno ha convertido una conmemoración legítima en una maquinaria propagandística donde se paga a activistas ideológicamente afines para repetir su relato. El contenido es parcial, el formato es superficial y el objetivo es electoral.

La memoria democrática no puede construirse desde la propaganda, ni desde el TikTok partidista. Si realmente se quiere fomentar una reflexión crítica sobre el franquismo y la democracia, se necesitan debates plurales, historiadores independientes y una distancia sana entre el poder y la narrativa histórica.

En lugar de educar, el Ejecutivo está adoctrinando. Y lo hace con dinero público.

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