Casi la mitad de los asesinos de mujeres en España en lo que va de año son extranjeros

Las estadísticas oficiales del Instituto de las Mujeres muestran un incremento notable en la proporción de agresores extranjeros involucrados en asesinatos por violencia de género en España.

En lo que va de 2025, se han registrado 11 casos de feminicidio, de los cuales cinco fueron cometidos por personas de nacionalidad extranjera, lo que representa el 45,5% del total. Esta cifra contrasta con el porcentaje de población extranjera en el país, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de abril de 2025, es del 14,13% (6.947.711 de un total de 49.153.849 habitantes).

Por otro lado, los agresores de nacionalidad española, que representan el 85,87% de la población, han sido responsables de seis de los once asesinatos registrados este año (54,5%). Esto sugiere una sobrerrepresentación significativa entre los agresores extranjeros, con una implicación 3,22 veces mayor a la esperada si se considerara únicamente su peso demográfico.

Evolución en los últimos años
Desde 2020, la proporción de feminicidios perpetrados por agresores extranjeros ha mostrado una tendencia al alza. En aquel año, de los 52 asesinatos registrados, 14 (26,9%) fueron cometidos por extranjeros. En 2021, la cifra bajó ligeramente a 11 de 49 casos (22,4%), pero volvió a incrementarse en 2022, con 19 de 50 (38,0%). En 2023, se alcanzaron 26 casos sobre un total de 58 (44,8%), y en 2024, 17 de los 47 agresores eran extranjeros (36,2%). En lo que va de 2025, la proporción vuelve a subir con un 45,5%, a pesar del menor número de casos registrados hasta la fecha.

Un caso reciente en Benalmádena
El pasado 9 de febrero, un trágico suceso en Benalmádena (Málaga) volvió a poner en evidencia las limitaciones del sistema de protección. Un hombre de nacionalidad nigeriana, de 42 años, fue detenido por el asesinato de su esposa, una mujer española de 49 años, a quien habría agredido violentamente antes de prender fuego a la vivienda con sus tres hijos menores en el interior.

Según fuentes policiales, la víctima había presentado una denuncia por violencia de género una semana antes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga, aunque no se había dictado orden de alejamiento. El crimen ocurrió de madrugada, y el agresor fue hallado en el exterior de la vivienda junto a los menores. El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida dentro del inmueble, con signos evidentes de violencia. Uno de los hijos, de 11 años, presenció los hechos y ofreció testimonio a las autoridades.

La víctima, madre de cuatro hijos, atravesaba una situación económica difícil y había expresado sentirse desprotegida pese a estar incluida en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género (VioGén).

Implicaciones y retos para las políticas públicas
El incremento sostenido en la proporción de agresores de origen extranjero plantea nuevos retos para las políticas de prevención y atención a la violencia de género. Expertos subrayan la importancia de considerar factores sociales, económicos y culturales en el diseño de estrategias específicas que respondan a la diversidad de contextos.

Asimismo, los datos invitan a una reflexión profunda sobre el funcionamiento del sistema judicial y de protección a las víctimas, especialmente en casos en los que ya existían denuncias previas. La necesidad de reforzar la formación en igualdad, mejorar la coordinación institucional y garantizar una intervención eficaz, independientemente del origen del agresor, sigue siendo una prioridad urgente.

Fracaso de las políticas del Gobierno
El aumento de feminicidios y la persistente vulnerabilidad de muchas víctimas evidencian, además, el fracaso de las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia. A pesar del aumento del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género y de la visibilidad institucional del problema, los resultados en términos de protección real para las víctimas siguen siendo insuficientes. Casos como el de Benalmádena, donde una mujer asesinada había denunciado días antes sin recibir medidas de protección, reflejan graves fallos en la aplicación práctica del sistema.

El discurso político no ha ido acompañado de una respuesta eficaz sobre el terreno, ni de una revisión profunda de las herramientas existentes. La apuesta por una política centrada en la sensibilización no ha sido capaz de reducir los asesinatos ni de actuar con contundencia frente a contextos específicos donde la desigualdad y la violencia de género son más estructurales.

El aumento de la implicación de agresores extranjeros, además, exige respuestas específicas que el Ejecutivo no ha desarrollado de forma clara, ni a nivel legislativo ni preventivo.

En este contexto, crece la demanda de una revisión integral de las políticas actuales y de una mayor exigencia de resultados concretos, más allá de la retórica institucional. La protección de las mujeres no puede seguir dependiendo del azar ni de la voluntad individual de los operadores judiciales: requiere un sistema ágil, coordinado y, sobre todo, eficaz.

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