El juez Peinado cita a los empresarios que avisaron de proyectos desconocidos de la cátedra de Begoña Gómez

El caso que salpica a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha encendido las alarmas sobre el uso de las instituciones públicas —en este caso, la Universidad Complutense de Madrid (UCM)— como posibles plataformas de influencia y clientelismo, incluso cuando no hay acusaciones formales. El juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos a los empresarios que destaparon una serie de proyectos vinculados a la cátedra que ella dirigía, sobre los cuales la universidad no tenía constancia oficial.

 ¿Una cátedra sin control?
La cátedra de Transformación Social Competitiva, creada ad hoc en la UCM y dirigida por Gómez, es ahora objeto de escrutinio. Un informe técnico reveló la existencia de dos proyectos que generan costes mensuales y que fueron localizados en servidores de la universidad, pero sin que exista expediente alguno, registro administrativo o proceso de contratación formal. La UCM ha declarado expresamente que desconocía estos proyectos y que no se ha producido reclamación económica, aunque tampoco ha podido acceder técnicamente a los mismos.

¿Cómo es posible que una universidad pública no sepa qué se hace en sus propios sistemas ni quién autoriza proyectos que implican gasto? ¿Qué margen de autonomía se otorgó a la cátedra dirigida por Gómez para que sus actividades quedaran fuera del radar de los controles administrativos normales?

 La cuestión del poder, los vínculos… y los títulos
Más allá de lo administrativo y lo técnico, hay una cuestión de fondo aún más incómoda: la propia idoneidad profesional de Begoña Gómez para desempeñar el cargo que se le confió. Según diversas informaciones verificadas, Gómez no tiene titulación universitaria oficial, ni cuenta con la formación reglada que suele exigirse a quienes imparten docencia o dirigen programas académicos en el entorno universitario.

Lo más llamativo —y preocupante— es que Gómez llegó incluso a impartir cursos como supuesta docente en programas para los que ni siquiera cumplía los requisitos para ser alumna, según los criterios establecidos por la propia universidad. Esto revela no solo una anomalía curricular, sino una clamorosa ausencia de meritocracia en el acceso a responsabilidades académicas de alto nivel.

Se trata de un caso paradigmático de cómo el apellido y el entorno político pueden sustituir al mérito y a la formación. En cualquier universidad pública, la transparencia en la contratación y la idoneidad del profesorado deberían ser incuestionables. ¿Qué señal se envía al resto del personal docente, al estudiantado y a la sociedad cuando se permite semejante arbitrariedad?

 Universidad Complutense: colaboración o silencio
La actitud de la UCM ha sido ambigua. Por una parte, ha colaborado con la Justicia remitiendo la documentación. Por otra, la propia existencia de una cátedra con actividad no registrada plantea dudas sobre los controles internos y la voluntad real de fiscalización. ¿Hasta qué punto se permitió que la cátedra operara con una especie de cheque en blanco?

La carta enviada por la universidad al juez señala que los proyectos están entre casi 10.000 alojados "en la nube", probablemente por estudiantes o investigadores. Esta afirmación, más que clarificadora, parece diluir la responsabilidad: ¿cómo se justifica que proyectos generadores de coste no tengan responsables claros ni trazabilidad?

 El silencio de Moncloa
Ni Pedro Sánchez ni Begoña Gómez han dado explicaciones públicas sobre el asunto. Esta falta de respuesta alimenta una creciente sensación de impunidad, muy dañina para una sociedad democrática. Si el Gobierno presume de transparencia y regeneración institucional, no puede guardar silencio ante posibles irregularidades en el entorno más cercano del presidente.

La figura de la "primera dama" no está regulada en España, pero eso no debe traducirse en una zona de sombra legal y ética. Es fundamental delimitar qué se puede y no se puede hacer desde una posición de privilegio.

 Etica, ejemplaridad y poder
Este caso no es menor. No se trata solo de si Begoña Gómez incurrió o no en delito —eso lo determinará la Justicia—, sino de si ha actuado con la debida ética pública que se espera de alguien en su posición. La proximidad al poder exige máxima ejemplaridad, no ambigüedad. Y si se ha utilizado una cátedra universitaria como plataforma para proyectos opacos, la sociedad tiene derecho a saberlo.

Estamos ante un ejemplo más del difuso límite entre lo público y lo privado, entre la universidad y la política, entre el mérito y el amiguismo. Este caso es una advertencia de los riesgos que supone instrumentalizar las instituciones para redes personales o partidistas. Y mientras no se esclarezca, seguirá siendo una mancha sobre la Universidad Complutense y, sobre todo, sobre el propio Gobierno.

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