El empresario solicita una retractación pública, la difusión de una disculpa en medios nacionales y una compensación económica por los daños a su honor tras las declaraciones de la ministra en el programa ‘Lo de Évole’
Noticias21 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Víctor de Aldama, empresario vinculado al sector de los hidrocarburos, ha presentado una demanda civil contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por unas declaraciones que considera gravemente difamatorias. La acción legal se centra en lo dicho por la ministra el pasado 16 de marzo durante su participación en el programa Lo de Évole, emitido en La Sexta, donde calificó al empresario como “delincuente” y manifestó estar “convencida de que va a volver a la cárcel”.
La demanda, interpuesta en los juzgados de primera instancia de Madrid, solicita que Montero se retracte públicamente de sus palabras, que publique una disculpa en los principales medios de comunicación y que indemnice a Aldama con 250.000 euros, en concepto de daños a su honor, reputación y esfera personal.
Una acusación sin condena
Las declaraciones de la ministra hacen referencia a la implicación de Aldama en el conocido caso hidrocarburos, una trama de fraude de IVA a gran escala que involucra a decenas de personas y empresas del sector energético. Aunque el empresario ha sido investigado y llegó a estar en prisión preventiva durante la fase inicial del caso, actualmente se encuentra en libertad y no existe ninguna condena firme en su contra.
En este contexto, la defensa de Aldama argumenta que las afirmaciones realizadas por Montero en un programa de máxima audiencia constituyen una vulneración directa del derecho fundamental al honor y de la presunción de inocencia. A juicio de sus abogados, se trató de una “acusación infundada y vejatoria” que traspasa los límites de la libertad de expresión.
El detonante: sus vínculos con altos cargos
El conflicto se intensificó en las últimas semanas tras revelarse que el jefe de gabinete de la propia ministra admitió ante el Tribunal Supremo haber mantenido varias reuniones con Aldama, contradiciendo versiones anteriores que negaban cualquier contacto. Esta revelación añade una capa de complejidad al caso, ya que pone en entredicho la transparencia del entorno ministerial y da mayor relevancia al contexto en que se produjeron las declaraciones televisivas.
Para el empresario, que en la actualidad mantiene una vida empresarial activa y sin antecedentes penales, ser públicamente etiquetado como “delincuente” por una alta representante del Gobierno no solo ha afectado a su imagen, sino también a sus relaciones comerciales y personales.
¿Dónde están los límites?
La demanda, que podría derivar en un juicio por vulneración del derecho al honor, pone de nuevo en el centro del debate los límites entre la libertad de expresión —especialmente cuando la ejerce una figura pública— y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Desde el entorno jurídico del empresario se sostiene que Montero no solo emitió un juicio de valor sin respaldo judicial, sino que lo hizo de manera pública, reiterada y con una intencionalidad que, según afirman, “buscaba deslegitimar y estigmatizar” a una persona aún sujeta a investigación pero sin sentencia condenatoria.
Lo que exige Aldama
La demanda reclama tres medidas concretas por parte de la ministra de Hacienda:
Una retractación pública, preferiblemente en el mismo espacio televisivo o a través de una comparecencia institucional.
La publicación de una disculpa en medios de comunicación de alcance nacional.
Una compensación económica de 250.000 euros por los daños y perjuicios causados a su reputación.
Aldama considera que solo una reparación clara y pública puede restituir el daño causado por las palabras de la ministra, especialmente por el amplio eco mediático que tuvieron y el contexto institucional desde el que fueron pronunciadas.
Silencio desde Hacienda
Por el momento, ni Montero ni el Ministerio de Hacienda han hecho declaraciones al respecto. Tampoco se ha confirmado si la ministra piensa defender su postura en base al derecho a la libertad de expresión, argumento que ha sido usado en otros casos similares donde cargos públicos se han pronunciado sobre personas implicadas en investigaciones judiciales.
No obstante, expertos legales advierten que el hecho de que una persona esté siendo investigada no habilita automáticamente a las autoridades para calificarla de “delincuente”, especialmente si no hay una condena en firme.
Consecuencias más allá de lo judicial
Este enfrentamiento entre una figura del ámbito empresarial y una ministra del Gobierno podría tener consecuencias que trascienden el plano legal. A nivel político, la situación se produce en un momento delicado para Montero, quien además de su papel como ministra lidera el PSOE en Andalucía, región donde el partido busca consolidarse como alternativa de gobierno.
Si la justicia da la razón a Aldama, el caso podría sentar un precedente importante respecto a la responsabilidad de los cargos públicos en sus manifestaciones ante los medios, particularmente cuando afectan directamente al honor de ciudadanos sin condena.
Una batalla que apenas comienza
La demanda de Víctor de Aldama contra María Jesús Montero abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso del lenguaje por parte de responsables políticos y la necesidad de preservar los derechos fundamentales, incluso cuando se trata de personas sometidas a escrutinio público. El caso está ahora en manos de la justicia, que deberá dirimir si se cruzó la línea entre la libertad de expresión y la difamación.
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