Denuncian a Miguel Ángel Gallardo por presunto cohecho y fraude procesal tras acceder como diputado autonómico
Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra Miguel Ángel Gallardo, actual presidente de la Diputación de Badajoz, por presuntos delitos de cohecho y fraude procesal. El motivo principal de la acción judicial es la forma en que Gallardo habría accedido a un escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que le otorga aforamiento y cambia el tribunal competente para investigarlo.
Según el texto de la denuncia, Gallardo habría orquestado una estrategia para ser juzgado por un tribunal distinto al que inicialmente llevaba su causa. En concreto, estaba siendo investigado por prevaricación y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La maniobra legal consistió, según la acusación, en provocar la dimisión de varios diputados regionales para liberar un puesto en el Parlamento autonómico y así adquirir la condición de aforado.
La operación, señala el sindicato, se realizó en apenas 48 horas y habría contado con la colaboración de la diputada socialista Maricruz Rodríguez, quien supuestamente habría aceptado dejar su escaño a cambio de ser nombrada Subdelegada del Gobierno en Extremadura. La denuncia sostiene que sin esta coordinación no habría sido posible que Gallardo asumiera el cargo parlamentario.
Además, se indica que otros cuatro candidatos de la lista electoral del PSOE renunciaron de forma consecutiva, permitiendo así que Gallardo, ubicado en el quinto lugar de la lista, accediera finalmente a la Asamblea. Manos Limpias subraya que, hasta la fecha, no se conoce qué contraprestación pudieron haber recibido dichos candidatos.
En la denuncia se califica la actuación de Gallardo como una maniobra “burda e indecente” para eludir al tribunal originalmente asignado por la ley, lo cual se consideraría una vulneración del principio de juez natural. Se acusa al presidente de la Diputación de actuar motivado por la sospecha de que el órgano judicial inicial podría dictar una condena, mientras que al obtener el aforamiento aspiraría a un tratamiento más favorable.
La actuación ha generado una fuerte controversia, ya que Gallardo fue, hasta hace pocas semanas, superior jerárquico de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La denuncia sugiere que esta operación habría contado con apoyo de figuras relevantes dentro de la administración autonómica, lo que añade una dimensión política al caso.
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