"La orden de la asesora del PSOE: 'No habléis con fiscales que no os indiquemos'"

Una conversación privada de 53 minutos, celebrada en febrero de este año, pone al descubierto una presunta operación política para condicionar actuaciones judiciales e influir en la Fiscalía con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ella participan tres emisarios vinculados al entorno del PSOE: una militante con conexiones con la dirección del partido, un abogado penalista que centraliza la estrategia jurídica, y un empresario con intereses en el extranjero.

Según se desprende del contenido de la reunión, celebrada por videoconferencia desde el despacho del abogado en Madrid, el grupo desplegó una estrategia coordinada con un objetivo claro: ofrecer un pacto “muy favorable” al empresario vasco Alejandro Hamlyn —residente en Dubái e investigado por la Audiencia Nacional por evasión de 154 millones de euros—, a cambio de entregar pruebas que comprometieran a altos mandos de la UCO.

 “No hablar con fiscales a los que no os digamos el nombre concreto”
Una de las instrucciones más contundentes transmitidas por Leire Díez, al empresario fue clara y rotunda: “No hablar ni con Guardia Civil, ni con Fiscalía, ni con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto”. Esta orden fue transmitida en un tono tajante por uno de los interlocutores, quien advertía de que la rapidez y el secreto eran fundamentales para el éxito del plan: “Queremos hacer esto muy rápido, porque los secretos cuanto más rápido y más corto, mejor”.

Acto seguido, la militante socialista interrumpió para precisar: “No, nosotros no: Jacobo. Mi interlocución es Jacobo”. En referencia al abogado Jacobo Teijelo, a quien se le atribuye un papel clave como canalizador de la operación: “Jacobo coordina todo y Jacobo ya se coordina contigo”, insistió. La interlocutora subraya con énfasis su confianza absoluta en él: “Yo jamás pongo a un zorro a cuidar gallinas. ¿He sido clara?”.

También se establece un protocolo estricto para las comunicaciones. “Nos olvidamos del correo, nos olvidamos de Andoni, está prohibido, no sale de este entorno, no meto más actores...”, instruyó la asesora, quien concluyó de forma categórica: “El número de personas que tratamos este tema es absolutamente limitado. Absolutamente limitado”.

 “Se puede arreglar un delito fiscal vertiendo información”
Uno de los argumentos que los emisarios utilizaron para convencer a Hamlyn fue que su situación judicial, pese a su gravedad, podía revertirse si aportaba información útil contra mandos de la Guardia Civil. El letrado explicó que “se puede arreglar un delito fiscal vertiendo la información que permita llegar a los culpables”, una afirmación que alude a una lectura interesada del artículo 305 del Código Penal.

El objetivo declarado era tumbar el procedimiento judicial con base en “vicios” y “errores procesales”, que podrían permitir demostrar que “se han incumplido las garantías” de los investigados. Se mencionó incluso la posibilidad de lograr la nulidad del procedimiento, algo que tendría consecuencias jurídicas de gran magnitud.

 "Yo lo que quiero es el papelito"
Durante la conversación, Hamlyn muestra disposición a colaborar, pero exige garantías firmes por escrito. “Tú no te preocupes, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Yo lo que quiero es el papelito. Un papelito bien firmado pone una maquinaria a funcionar”.

La insistencia del empresario en obtener un documento oficial que le asegurara su inmunidad es recurrente a lo largo del diálogo. A cambio, prometía entregar “dos cosas probadas” sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, con el objetivo de dinamitar la investigación llevada a cabo por lo que los emisarios del PSOE calificaban como la “camorra de la Guardia Civil”.

 “Lo quiero para pasado mañana”
Uno de los momentos más tensos de la conversación se produce cuando la asesora socialista expresa urgencia por obtener información comprometida contra el fiscal anticorrupción José Grinda. “Y una cosa que te voy a decir que para mí es superimportante, para aportar a este fiscal o lo que sea… y es tener lo que hay que tener de Grinda, en un papel y un boli. Que no sea lo que yo ya tengo”.

La necesidad es inminente: “Lo quiero para pasado mañana”, exige. Hamlyn responde que conoce el paradero de esa documentación: “Sé dónde está la documentación... solo la tiene una persona”. La asesora lo aprueba: “Eso es lo ideal, que lo tenga solo una persona”.

 “Tengo gente infiltrada”
El empresario asegura que está dispuesto a cumplir su parte, pero advierte de los riesgos y el coste personal: “Si me muevo, me voy a mover fuerte, y voy a sacar la verdad, y voy a infiltrar a gente, y voy a hacer muchas cosas”. Más adelante añade: “Tengo gente infiltrada ahora mismo dentro de su organización. Pero necesito tiempo, necesito algo serio si hago esto, que lo voy a hacer”.

También advierte que el plan requerirá recursos: “Esto tiene coste para mí, personal, porque tengo que contratar a mucha gente, tengo que contratar operativos…”. Finalmente, promete tener todo listo para el 30 de abril.

 El escándalo estalla, la operación fracasa
Sin embargo, llegado el mes de mayo, la operación no se ha concretado. El audio ha salido a la luz y los detalles de esta reunión han provocado un profundo revuelo. No se ha conocido ninguna actuación judicial contra la UCO derivada de las supuestas pruebas prometidas por Hamlyn, y el empresario no habría entregado ningún documento que acreditara las irregularidades alegadas.

A este contexto se suma la dimisión reciente de un alto cargo del Ministerio del Interior, considerada por analistas como una posible consecuencia indirecta del escándalo en ciernes. Por el momento, no hay pronunciamientos públicos del Gobierno ni del Partido Socialista sobre la implicación o conocimiento de estos hechos.

 Implicaciones legales y políticas
La gravedad de los hechos revelados es considerable. De confirmarse su veracidad, podrían haberse vulnerado principios fundamentales del Estado de derecho. Las conductas descritas podrían enmarcarse en delitos como tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia y revelación de secretos.

A nivel político, podría haber responsabilidades si se demuestra que alguno de los participantes actuó con respaldo de cargos orgánicos del PSOE, o en nombre del partido. También se plantea un serio problema institucional si se llega a acreditar que se intentó presionar a fiscales o manipular investigaciones judiciales.

 ¿Y ahora qué?
La oposición ya ha comenzado a exigir explicaciones. El caso podría escalar rápidamente si la Fiscalía o un juzgado deciden abrir diligencias. La ciudadanía y los actores institucionales esperan una respuesta clara, que permita esclarecer responsabilidades y garantizar la independencia judicial.

El contenido de este audio, al margen de su contexto jurídico, es una alerta sobre los riesgos de instrumentalización política del sistema de justicia, y un recordatorio de que la transparencia y la legalidad deben ser los únicos caminos posibles en una democracia sólida.

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