Un operador de las cloacas del PSOE señala a Sánchez y Cerdán como líderes de la trama: "Esto viene directo de Pedro"

En los últimos meses, la política española ha sido sacudida por una serie de revelaciones que comprometen a altas esferas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, de forma directa, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La polémica gira en torno a la existencia de una presunta estructura paralela dentro del aparato socialista, operando en la sombra para ejecutar maniobras de contrainteligencia y desinformación al servicio de intereses partidistas.

Esta red, que algunos medios y sectores políticos han bautizado como "las cloacas del PSOE", ha saltado al primer plano mediático tras la publicación de unas grabaciones reveladas por El Confidencial, en las que el empresario Javier Pérez Dolset afirma que la operación cuenta con el respaldo directo del presidente del Ejecutivo y de su secretario de Organización, Santos Cerdán.

En una conversación telefónica fechada en septiembre del año pasado, Dolset pronunció una frase breve pero contundente: “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir”. Una afirmación que, de confirmarse, implicaría a las más altas instancias del Gobierno en una operación clandestina, opaca y ajena a cualquier control institucional, lo cual tendría implicaciones políticas y judiciales de extrema gravedad.

La mención a "Leire" hace referencia a Leire Díez Castro, una militante socialista con una trayectoria relativamente desconocida para el gran público, pero que ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas públicas como Correos y Enusa.

Según el relato de Pérez Dolset y fuentes citadas por el propio diario, Díez habría sido la encargada de operar el aparato de propaganda y contrainteligencia desde Ferraz, manteniendo vínculos directos con el núcleo duro del PSOE. Se la describe como una figura que actuaba con discreción, sin cargo visible dentro de la ejecutiva federal, pero con un acceso privilegiado a decisiones estratégicas de comunicación y presión informativa.

Lo más inquietante es el contexto en el que se sitúa esta supuesta operación. Según la misma fuente, el objetivo de este entramado habría sido elaborar informes internos y recopilar información sensible sobre jueces, fiscales, periodistas y mandos de la Guardia Civil que, directa o indirectamente, pudieran estar involucrados en investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Particularmente, se menciona la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente, como el catalizador de estas acciones. La tesis que se desprende es clara: tras sentirse personalmente atacado por la apertura de diligencias judiciales contra su pareja, Sánchez habría decidido responder desde el partido con una operación propia de contravigilancia.

La dimensión política de este caso es tan profunda como las preguntas que plantea. ¿Puede un partido político en el Gobierno activar mecanismos de presión e inteligencia sin el control de ninguna institución democrática? ¿Hasta qué punto los líderes políticos pueden confundir el aparato del Estado con el del partido? ¿Es compatible una estructura paralela como la que se describe con los principios más básicos del Estado de Derecho?

El PSOE, hasta ahora, ha optado por una estrategia de contención. Aunque ha reconocido que Leire Díez es militante, ha negado cualquier relación orgánica con ella. En un intento de calmar las aguas, se anunció la apertura de un expediente informativo interno, pero sin la adopción de medidas cautelares, lo que ha sido percibido como una respuesta tibia e insuficiente por parte de algunos sectores críticos, incluso dentro del propio partido.

Barones regionales como Emiliano García-Page han pedido que se vayan más allá de los “meros gestos”, alertando del riesgo que supone mirar hacia otro lado cuando se ponen en juego los pilares éticos de una formación política.

En paralelo, la oposición no ha tardado en aprovechar el escándalo. Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha endurecido el tono, calificando a Sánchez como “capo” de una estructura mafiosa y acusándole de utilizar el poder del Estado para proteger intereses personales. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ido más allá, afirmando que se trata del mayor ataque al Estado de Derecho en la historia reciente de la democracia española.

Sin embargo, el foco mediático no debe dejar de lado otro elemento clave: la credibilidad del propio Pérez Dolset. El empresario se encuentra procesado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude en subvenciones públicas. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber manipulado ayudas del Ministerio de Industria por valor de más de 100 millones de euros, y su situación judicial es delicada.

En este contexto, algunos observadores consideran que sus acusaciones podrían formar parte de una estrategia de defensa o represalia, dirigida a desestabilizar a quienes percibe como enemigos políticos o institucionales. No obstante, el contenido de las grabaciones, la claridad de sus palabras y el eco que han tenido dentro de las propias estructuras del partido dan a sus declaraciones un peso que no puede ser descartado sin una investigación rigurosa.

El problema, en definitiva, no es solo lo que se dice, sino lo que no se hace. A día de hoy, no se conoce ninguna investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado, ni se ha dado curso a una comisión parlamentaria que esclarezca los hechos. El riesgo es evidente: que la falta de consecuencias normalice prácticas que erosionan el sistema democrático desde dentro.

En un país donde los ciudadanos exigen cada vez más transparencia, rendición de cuentas y una política limpia, el silencio institucional se vuelve tan escandaloso como las propias acusaciones. Si bien toda acusación debe ser comprobada y todo imputado goza del derecho a la presunción de inocencia, no puede ignorarse que, cuando los rumores vienen desde dentro, y los testimonios apuntan a la cúpula del poder, el deber de responder con claridad es ineludible.

Si el PSOE quiere preservar su credibilidad como fuerza progresista y garante del Estado de Derecho, no puede limitarse a la apertura de expedientes internos de carácter cosmético. La limpieza ética no se predica; se demuestra. Y la democracia, por frágil que sea, no se defiende con silencio, sino con la verdad. Aunque duela.

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