Una sobrina del ex líder de la UGT Cándido Méndez también fue enchufada por el PSOE de Andalucía en la Faffe
La esposa del exlíder del PSOE andaluz y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, también ha sido señalada por haber accedido a la Faffe en circunstancias similares
Una sobrina del sindicalista Cándido Méndez (UGT) llamada Candelaria María Aparicio Méndez aparece en la lista de 84 personas cuya incorporación presuntamente irregular a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) está siendo investigada por la Guardia Civil.
La sobrina del que fuera secretario general de UGT accedió a un puesto en esta entidad pública dependiente de la Junta de Andalucía en hasta cuatro etapas diferentes entre 2004 y 2011. La Faffe fue creada por el Gobierno de Manuel Chaves y se extinguió en 2011, en medio de sospechas generalizadas sobre su utilización como red clientelar.
Tras la disolución del organismo, buena parte de su plantilla fue absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde algunos de los trabajadores lograron estabilizar su situación laboral, a pesar de que muchos de esos contratos de origen no cumplieran con los requisitos legales de acceso al empleo público.
En el caso de Candelaria Aparicio Méndez, licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén, los investigadores de la UCO no han hallado prueba alguna de que hubiese superado ningún proceso competitivo de selección, como exige la normativa vigente. Al igual que ocurre en otros expedientes analizados, no existe documentación que justifique la celebración de un procedimiento abierto y transparente basado en los principios de mérito, igualdad y publicidad.
Este no es un caso aislado dentro de la investigación que lidera la Unidad Central Operativa. La esposa del exlíder del PSOE andaluz y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, también ha sido señalada por haber accedido a la Faffe en circunstancias similares.
Carmen Ibanco, su pareja, habría sido contratada sin ningún procedimiento garantista y, además, promocionada un año después con una subida de categoría profesional que le supuso un aumento salarial superior a los 8.600 euros anuales. Según el informe de la Guardia Civil, ese ascenso fue completamente «arbitrario».
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