La fontanera del PSOE también se vio con ex altos cargos del Partido Popular investigados por corrupción

La fontanera del PSOE acusada de maniobrar para acabar con la UCO se vio con ex altos cargos del Partido Popular para tratar de obtener información comprometedora que pudiera servirle en su estrategia de presión sobre fiscales y mandos policiales.

 Leire Díez, militante socialista y antigua responsable institucional en empresas públicas como Correos y Enusa, desplegó durante los últimos meses de 2024 una intensa actividad paralela al margen de los canales oficiales, con encuentros, intercambios de mensajes cifrados y recopilación de documentación sensible.

Las comunicaciones, enviadas principalmente a través de la aplicación Signal, reflejan una estrategia encubierta que buscaba desarticular a quienes consideraba obstáculos en el entorno judicial y policial. Entre sus principales objetivos estaban el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas —clave en las investigaciones que rodean al caso Koldo y a familiares del presidente del Gobierno— y el exjefe de la UCO Manuel Corbí.

A todos ellos los mencionó en una cita secreta que mantuvo el 10 de marzo con el comandante Rubén Villalba, en un encuentro que ha sido grabado por varios de sus interlocutores y cuya existencia ha salido a la luz recientemente.

 Durante esas semanas, Díez mantuvo un ritmo frenético de contactos, desplazamientos y reuniones discretas, incluyendo viajes en AVE a Barcelona para visitar a investigados en distintos sumarios. Se mostraba obsesionada con el «control del relato» y empleaba continuamente el término «performance» para referirse a la puesta en escena mediática que debía acompañar cualquier filtración o movimiento contra los altos funcionarios señalados.

Su confianza en el sistema judicial era inexistente. «No me fío de los jueces», repitió en varios mensajes, al tiempo que pedía a sus colaboradores copias completas de sumarios abiertos. Uno de ellos, el caso Hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, había llevado ya a prisión al empresario Víctor de Aldama.

 Díez mostró especial interés en evitar que este implicado ampliase su colaboración con la justicia, alertando al comandante Villalba de que «hay informaciones que no pueden salir» y que, si el caso se descontrolaba, «se puede llegar a un punto donde nadie quiere estar», en alusión indirecta a una posible implicación de José Luis Rodríguez Zapatero.

También mostró su indignación cuando descubrió que una página web de contenido difamatorio contra el fiscal José Grinda había sido bloqueada en territorio español. «Está censurada sólo en España», protestaba en sus mensajes, criticando lo que consideraba una vulneración de la libertad de expresión. Como alternativa, propuso activar una campaña mediática contra el fiscal filtrando material a medios afines: «Yo creo que la semana que viene hay que detonar», escribió en tono beligerante.

Lejos de actuar en solitario, Díez utilizaba su supuesta cercanía con «los de arriba del Gobierno» como carta de presentación. Así justificaba su labor: decía que trabajaba para «regenerar las instituciones» encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, sus métodos y lenguaje revelan un intento de manipular los procesos judiciales y proteger a determinados círculos del poder. «Lo que no quiero es dejar a otras generaciones esta mierda de país», se lamentaba en uno de los mensajes más reveladores.

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