Sumar denuncia que el dinero en efectivo fomenta la especulación inmobiliaria y pide acción al Banco de España

En una nueva demostración de su creciente tendencia al intervencionismo, el Gobierno de España, representado en esta ocasión por Ernest Urtasun —ministro de Cultura y portavoz de Sumar— ha vuelto a colocar el dinero en efectivo en el punto de mira. Esta vez, con el pretexto de frenar la especulación inmobiliaria, se ha lanzado un mensaje alarmante: la entrada de billetes en el país representa una amenaza para el acceso a la vivienda.

En una rueda de prensa reciente, Urtasun pidió al Banco de España que actúe contra lo que definió como un "anómalo fenómeno": el ingreso de más de 30.000 millones de euros en billetes de alta denominación —de 500, 200 y 100 euros— en los últimos años. Según su interpretación, esta masa monetaria estaría alimentando prácticas especulativas y contribuyendo a encarecer aún más el mercado inmobiliario.

Más allá del titular, esta declaración es sintomática de una agenda más amplia y preocupante: la progresiva criminalización del dinero en efectivo, una herramienta que ha sido pilar de la libertad económica durante siglos, y que ahora parece estorbar en los planes de ciertos sectores del Gobierno.

Un enemigo conveniente: el efectivo
El efectivo ha sido presentado por muchos gobiernos en Europa como sinónimo de fraude, economía sumergida, blanqueo de capitales o evasión fiscal. Sin embargo, este relato omite el hecho de que el dinero en efectivo también representa anonimato, soberanía individual y libertad de transacción. Es una forma de pago directa, sin intermediarios, sin comisiones y sin trazabilidad digital. Por eso, resulta incómodo para un modelo político cada vez más inclinado al hipercontrol financiero del ciudadano.

En lugar de ofrecer soluciones reales y estructurales a la crisis habitacional —como regular el alquiler turístico, mejorar el parque de vivienda pública, reformar el sistema impositivo inmobiliario o frenar el acaparamiento de suelo por fondos de inversión— el Gobierno prefiere redirigir el foco hacia un enemigo abstracto e impreciso: los billetes.

Urtasun no presentó datos concretos que demuestren que estos ingresos en efectivo estén directamente relacionados con operaciones ilegales o especulativas. Tampoco explicó qué medidas propone exactamente para "controlar" la entrada de dinero físico en el país. Pero lo que sí quedó claro es que, para Sumar y sectores del Ejecutivo, el efectivo es un problema.

Hacia un futuro sin efectivo: ¿a quién beneficia?
Esta narrativa no es exclusiva de España. En toda Europa se observa una tendencia a limitar los pagos en efectivo, bajo el argumento de mejorar la transparencia y luchar contra el crimen. Lo que pocos señalan es que un mundo sin efectivo también implica una dependencia total de sistemas bancarios y tecnológicos, que pueden ser intervenidos, rastreados o incluso suspendidos por gobiernos o corporaciones.

Cuando todo se paga con tarjeta, móvil o transferencia, cada movimiento económico queda registrado. El anonimato desaparece. La privacidad financiera se esfuma. Y, lo más grave, se abre la puerta a nuevas formas de control social y político: limitar gastos, imponer sanciones económicas individuales, bloquear cuentas, condicionar ayudas públicas o, incluso, implementar sistemas de crédito social, como ya se ensayan en otros países.

¿De verdad queremos vivir en una sociedad donde todas nuestras transacciones estén vigiladas? ¿Dónde no podamos comprar una barra de pan sin que quede constancia en una base de datos?

El doble rasero del poder
Resulta irónico que se alerte sobre el uso de efectivo en un país donde el verdadero motor de la especulación inmobiliaria no son precisamente los billetes de 500 euros, sino fondos de inversión internacionales, bancos, constructoras, socimis y plataformas digitales. Todos ellos operan con transferencias bancarias, estructuras societarias opacas y estrategias de ingeniería financiera.

Pero contra ellos, el Gobierno rara vez levanta la voz con la misma firmeza. Es más fácil y conveniente señalar al ciudadano que guarda ahorros en casa, al pequeño comerciante que cobra en metálico o al turista que paga su alquiler con billetes.

¿Defensa del derecho a la vivienda o coartada para vigilar al ciudadano?
La retórica de Urtasun pretende presentar esta ofensiva contra el efectivo como una defensa del derecho a la vivienda. Pero lo cierto es que eliminar el efectivo no construye casas, ni abarata alquileres, ni frena los desahucios. Lo que sí hace es empujar a los ciudadanos hacia una bancarización forzada, una digitalización obligatoria, y una pérdida paulatina de la autonomía económica.

En lugar de legislar para proteger a los ciudadanos de la especulación real —la de los grandes actores financieros— el Gobierno apunta su artillería contra los propios ciudadanos, especialmente los más vulnerables, los que más dependen del efectivo para sobrevivir.

Una estrategia encubierta de control
La postura de Urtasun no es un caso aislado, sino una pieza más en un plan más amplio: desacreditar el dinero físico, vincularlo al crimen y justificar su eliminación progresiva. Esto debería encender todas las alarmas.

El efectivo no es el problema: es parte de la solución. Es una herramienta de libertad, de resistencia y de protección frente a posibles abusos de poder. Defenderlo no es defender la ilegalidad; es defender el derecho a elegir cómo usamos nuestro dinero.

En una democracia sana, el Gobierno no debería tener acceso ilimitado a nuestra vida financiera. Y nosotros, como ciudadanos, no deberíamos permitir que nos lo arrebaten, ni siquiera bajo el disfraz de buenas intenciones.

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