El Gobierno de Sánchez recorta 1.000 millones en Educación

Pedro Sánchez ha tomado una decisión política que marca un giro contundente en las prioridades del Estado: sacrificar áreas clave del bienestar social como la Educación y la Sanidad para cumplir con los compromisos militares adquiridos con la OTAN. 

Según los datos oficiales de modificaciones presupuestarias hasta abril de 2025, el Ejecutivo ha aprobado recortes multimillonarios en Educación y Sanidad, mientras ha incrementado de forma sin precedentes el presupuesto del Ministerio de Defensa e Industria.

 Educación: recortes sin compensación
El Ministerio de Educación ha sufrido un recorte de casi 1.000 millones de euros, un ajuste que afecta directamente a programas fundamentales financiados anteriormente con fondos europeos. A pesar de que otros ministerios han visto compensadas sus pérdidas tras la finalización de esos fondos comunitarios, Educación no ha recibido refuerzos desde los presupuestos nacionales, lo que convierte este ajuste en una decisión política, no técnica.

Los programas afectados incluyen:

450 millones destinados a programas de recualificación laboral.
200 millones dirigidos a la innovación e internacionalización de la Formación Profesional.
140 millones para la creación de nuevas plazas públicas de Educación Infantil.

Estos recortes golpean especialmente a los sectores más vulnerables: jóvenes en busca de formación, familias que dependen de plazas públicas de guardería, y trabajadores en riesgo de desempleo estructural. Además, el área de Ciencia e Innovación también ha sufrido un retroceso presupuestario, con una reducción de 208 millones de euros, dejando al descubierto la fragilidad del compromiso del Gobierno con la I+D.

 Sanidad: 11.000 millones menos en plena crisis de atención primaria
Más grave aún resulta el caso de la Sanidad pública, que ha perdido 11.000 millones de euros respecto al presupuesto previo, en un contexto donde los hospitales públicos sufren una alarmante falta de personal, listas de espera récord y un sistema de atención primaria al borde del colapso. Este recorte, que representa uno de los mayores ajustes presupuestarios en la historia reciente del Sistema Nacional de Salud, llega en un momento de necesidad creciente, especialmente tras los estragos de la pandemia y la presión crónica sobre los servicios sanitarios.

Ni siquiera las necesidades de salud mental, atención geriátrica y modernización tecnológica del sistema han sido suficientes para evitar el hachazo presupuestario.

 Defensa, la nueva prioridad nacional
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha visto incrementado su presupuesto en más de 4.000 millones de euros, con un gasto total en Defensa e Industria que alcanza casi los 10.000 millones adicionales. Buena parte de este dinero proviene de reasignaciones desde otros ministerios, como Educación, Ciencia y Sanidad.

El objetivo es claro: alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, tal y como exige la OTAN a sus países miembros. Esta meta, asumida por Pedro Sánchez en varias cumbres internacionales, ha transformado por completo la distribución del gasto público.

Uno de los programas más ambiciosos es el de apoyo a la innovación tecnológica en Defensa, que ya cuenta con 5.100 millones de euros, más del triple de lo inicialmente previsto. Además, se han disparado las inversiones en:

Renovación de equipamiento militar.
Aumento de personal del Ejército.
Construcción de nuevas infraestructuras castrenses.
 
Balance general: 20.000 millones en nuevo gasto y 17.000 en reasignaciones
Desde el inicio del año, el Gobierno ha autorizado casi 20.000 millones de euros de nuevo gasto público, y ha realizado 17.000 millones en reasignaciones presupuestarias, lo que supone una reestructuración profunda de las prioridades nacionales. En ese proceso, Educación, Sanidad y Ciencia han sido los grandes perdedores, mientras que Defensa y sectores vinculados a la industria armamentística y tecnológica han salido ampliamente reforzados.

 ¿Un giro ideológico?
Si bien el Gobierno justifica estos cambios apelando a compromisos internacionales y a la finalización de ciertos programas europeos, la falta de voluntad para mantener esas inversiones con fondos nacionales —como sí se ha hecho con otros departamentos— revela una clara orientación política.

Expertos advierten que este tipo de decisiones pueden tener un impacto duradero:

“Reducir el gasto en Educación y Sanidad no sólo afecta el presente, sino que compromete el futuro de la cohesión social, la competitividad económica y el bienestar ciudadano”, afirma un informe reciente del Observatorio de Políticas Públicas.
 
¿Defensa o derechos sociales?
Con estas decisiones, Pedro Sánchez se alinea con las exigencias geoestratégicas de la OTAN en un momento de alta tensión internacional, pero lo hace a costa de los pilares del Estado del Bienestar. El mensaje es claro: la Seguridad Nacional se impone sobre el progreso educativo y la salud pública.

Este giro ha despertado críticas desde sindicatos, comunidades autónomas y colectivos sociales que denuncian una priorización militarista en un país con problemas estructurales en empleo, vivienda, formación y sanidad. En definitiva, el dilema entre seguridad militar y seguridad social está más presente que nunca en la política española.

El engaño sostenido de Pedro Sánchez: gobernar sin presupuestos, recortando inversión social
Más allá de las cifras y los recortes, la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez refleja un engaño político continuado hacia la ciudadanía, basado en un discurso progresista que no se corresponde con los hechos presupuestarios. Mientras el Ejecutivo mantiene una narrativa centrada en lo social, en la práctica está aplicando una política de ajustes encubiertos en áreas clave como Sanidad, Educación y Ciencia, al tiempo que aumenta el gasto militar y la inversión en industria armamentística.

La paradoja es aún mayor si se considera que Pedro Sánchez lleva gobernando sin presupuestos aprobados desde hace más de tres años. La prórroga presupuestaria ha sido utilizada como mecanismo de control político y reparto discrecional del gasto público a través de modificaciones presupuestarias. Así, ha podido reasignar más de 17.000 millones de euros sin el control parlamentario que implicaría un nuevo presupuesto general del Estado.

Esto contrasta con lo que el propio Sánchez defendía cuando estaba en la oposición. En 2018, exigía elecciones anticipadas a Mariano Rajoy precisamente por no haber conseguido aprobar los presupuestos, argumentando que "un Gobierno sin apoyos parlamentarios no puede sostenerse democráticamente".

“Cuando un presidente no puede sacar adelante los presupuestos, debe someterse a las urnas” —Pedro Sánchez, Congreso de los Diputados, 2018.

Hoy, Pedro Sánchez se aferra al poder sin haber aprobado nuevos presupuestos en 2024 ni en 2025, y aun así ha impulsado las mayores reasignaciones presupuestarias de la última década, sin debate ni consenso. Y lo ha hecho recortando inversión social mientras fortalece el músculo militar y se alinea con las exigencias de la OTAN.

La pregunta que muchos sectores sociales, sindicatos y ciudadanos empiezan a formularse es inevitable:
¿Hasta qué punto puede sostenerse democráticamente un gobierno que gasta como la derecha, gobierna sin presupuestos y promete lo contrario de lo que ejecuta?

Más de 7.000 millones para inmigración ilegal: gasto opaco y electoralismo encubierto
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez recorta el gasto en Sanidad, Educación y Ciencia, ha destinado más de 7.000 millones de euros a políticas de atención e integración de inmigrantes en situación irregular, según estimaciones de organizaciones independientes y datos fragmentarios disponibles en informes oficiales.

Buena parte de ese dinero se canaliza a través de programas de acogida, regularización, formación y asistencia jurídica, con el objetivo final de facilitar la nacionalización exprés de miles de inmigrantes, muchos de ellos llegados sin documentación ni autorización legal.

Este gasto, difícil de rastrear en su totalidad debido a la falta de transparencia presupuestaria, ha sido duramente criticado por diversos sectores sociales y políticos que ven en esta estrategia un intento de manipulación demográfica con fines electorales.

“El objetivo no es la integración ni la justicia social, es la creación de una bolsa de votantes agradecidos al PSOE, utilizando dinero público para garantizar su permanencia en el poder”, denuncian fuentes sindicales y analistas críticos.
En paralelo a estos fondos, el Gobierno ha aprobado decenas de órdenes ministeriales que agilizan los trámites de extranjería, flexibilizan los requisitos de empadronamiento, y abren la puerta a que miles de inmigrantes obtengan la nacionalidad española en un plazo récord, sin una integración real ni garantías de sostenibilidad.

Este fenómeno ha sido calificado por la oposición como una “compra de votos encubierta con recursos del Estado”, especialmente grave cuando se produce al mismo tiempo que se retiran fondos para la atención de los ciudadanos españoles en sanidad, educación, dependencia, y ayudas a la vivienda.

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