La transparencia que nunca llega: Sumar y el PCE, entre los partidos más opacos según el Tribunal de Cuentas

El discurso de la regeneración democrática ha sido, en los últimos años, una bandera recurrente entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Sumar y sus socios, entre ellos el Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Unida, han insistido en la necesidad de abrir las instituciones a la ciudadanía, hacerlas más participativas, fiscalizables y transparentes. Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas pone en duda la coherencia entre esas proclamas y la práctica real de estas formaciones.

El documento, que será presentado este martes en el Congreso por la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones legales de publicidad activa —es decir, la transparencia de información institucional, organizativa, económica y normativa— en 63 formaciones políticas que obtuvieron representación en el Congreso, parlamentos autonómicos y grandes ayuntamientos en las elecciones de 2023 y 2024.

 Transparencia deficiente en partidos de la izquierda radical
Los datos no dejan lugar a dudas: Sumar apenas alcanza un 40% de cumplimiento, mientras que el PCE se desploma hasta el 30%, situándose entre los peor valorados del informe. Tampoco escapa de esta tónica Alternatiba, formación vasca integrada en la coalición EH Bildu, que registra un exiguo 16% de cumplimiento.

La opacidad se extiende también a otras formaciones del entorno de Sumar:

Izquierda Unida: 45%
Barcelona en Comú: 46%
Cataluña en Comú: 50%
Mes per Mallorca: 44%

Solo Más Madrid supera la media de este bloque, alcanzando un 61%, aunque todavía por debajo del promedio general.
Estos datos evidencian que, lejos de ser un problema puntual, la falta de transparencia afecta de forma estructural a un sector político que ha hecho de la ética institucional una de sus señas de identidad discursiva.

Bildu, resultados dispares
Dentro de la izquierda soberanista, el caso de EH Bildu refleja una transparencia desigual entre sus distintas formaciones componentes. Mientras Bildu como coalición logra un 61% y Eusko Alkartasuna sube al 68%, Sortu (formación que en su día sucedió a la ilegalizada Batasuna) queda relegada con apenas un 41% de cumplimiento.

Este contraste interno en una misma coalición sugiere no solo diferencias organizativas, sino también una falta de políticas comunes en materia de rendición de cuentas.

Un problema estructural: opacidad generalizada
Más allá de los partidos específicos, el informe lanza una advertencia contundente:

“El 17% de los partidos analizados no cumple ninguna de sus obligaciones legales de transparencia”, mientras que un 25% obtiene una calificación baja.

Esto significa que más de 4 de cada 10 formaciones con representación política no están garantizando un acceso adecuado a la información pública, incumpliendo preceptos legales y comprometiendo la confianza ciudadana.
El Tribunal insiste en que existe un “amplio margen de mejora”, sobre todo en aquellas organizaciones que reciben subvenciones públicas pero no rinden cuentas sobre el uso de esos recursos.

¿Doble discurso?
El caso de Sumar y sus aliados es especialmente paradigmático por la contradicción entre discurso y práctica. La coalición liderada por Yolanda Díaz se ha posicionado desde su nacimiento como una fuerza regeneradora, feminista, participativa y profundamente crítica con los "vicios" del viejo bipartidismo. Sin embargo, los datos del informe retratan una realidad opuesta: una organización que oculta más de lo que informa, que no facilita el acceso a datos clave sobre su funcionamiento, financiación o decisiones internas.

Este desfase entre retórica y realidad no solo debilita sus propuestas de transformación democrática, sino que abre la puerta a la desafección política, en un contexto ya marcado por el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.

¿Qué exige la ley?
La normativa vigente en España impone a los partidos políticos la obligación de hacer pública una serie de informaciones clave, como:

Estructura organizativa y nombres de los responsables.
Estatutos y normativa interna.
Información sobre contratos, convenios y subvenciones públicas.
Presupuestos, balances contables y auditorías.
Datos sobre el personal contratado y su coste.

No cumplir con estas exigencias no solo representa una falta de transparencia, sino también un incumplimiento legal que puede derivar en sanciones o en la retirada de determinadas ayudas públicas.

Una transparencia real, aún pendiente
El informe del Tribunal de Cuentas no debería interpretarse como un ataque partidista ni como una guerra ideológica. Más bien, se trata de un instrumento técnico de fiscalización que busca garantizar que todos los actores del sistema democrático —de izquierda o derecha— rindan cuentas de forma clara, accesible y veraz.

Los partidos más opacos no solo fallan ante la ley, sino también ante sus propios votantes. Cuando se exige transparencia al adversario pero se practica la opacidad en casa, se rompe el contrato básico entre representantes y representados. Y en ese punto, la credibilidad se diluye, incluso entre quienes aspiraban a cambiarlo todo.

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