Corrupción en el corazón de Hacienda: acusan al presidente del TEAC de recibir más de 100.000 euros en sobornos

En un nuevo escándalo que golpea directamente a las instituciones clave del Estado, un empresario ha denunciado haber pagado más de 100.000 euros en efectivo al actual presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, a cambio de resoluciones favorables en diversos procedimientos tributarios.

 Las pruebas, a las que ha tenido acceso El Debate , incluyen grabaciones, mensajes y documentación oficial que apuntan a un caso de presunta corrupción institucionalizada en el seno del Ministerio de Hacienda, bajo la tutela directa de la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, María Jesús Montero.

 El denunciante: “Le he dado más de cien mil euros en billetes”
Según la versión del empresario, cuya identidad ha sido preservada por razones de seguridad, las entregas de dinero se produjeron en la cafetería de un hotel cercano al despacho de Marco Sanjuán, ubicado en la calle Panamá de Madrid. Las reuniones eran meticulosamente organizadas para evitar sospechas, sin previo aviso y bajo un esquema de comunicación cuidadosamente dosificado para no dejar rastro.

“En total, le he dado ciento y pico mil euros”, afirma el empresario. “Él no se corta nada: levanta la tapa del sobre y se pone a contar los billetes”.

El dinero se entregaba en sobres opacos, y las reuniones, a menudo disfrazadas de “citas para tomar un café”, eran acordadas mediante mensajes enviados a través del teléfono oficial del Ministerio de Hacienda, cuya línea termina en “363”. Este dato ha sido verificado por este medio.

 Las pruebas: grabaciones, mensajes y resoluciones
El conjunto probatorio en poder de El Debate es extenso. Incluye:

Conversaciones grabadas entre el empresario y Marco Sanjuán donde se menciona explícitamente la entrega de dinero.
Capturas de mensajes de WhatsApp, en los que el funcionario utilizaba expresiones como “¿cuándo tomamos un café?” en referencia a los encuentros para el pago.

Resoluciones del TEAC, firmadas por Marco Sanjuán, que dieron la razón al empresario en varios expedientes que evitaban el ingreso de millones de euros en favor de la Agencia Tributaria.

El empresario explica que la cifra total pactada con el presidente del TEAC aún no ha sido saldada, y que teme ser objeto de vigilancia o escuchas por parte de la Policía o la Guardia Civil.

“Tengo miedo porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento o escuchas telefónicas”, afirma. “La semana que viene tengo que volver a verle para darle más dinero”.
 
Antecedentes: un patrón que se repite
Este no es el primer caso que vincula a Marco Sanjuán con actuaciones presuntamente corruptas. Durante su etapa como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, ya fue señalado por haber emitido resoluciones favorables a empresas que posteriormente le hicieron pagos directos o a través de testaferros.

Entre los casos más llamativos:

Discomtes Valladolid SL, beneficiada con la anulación de una multa de 64.000 euros de Aduanas.
Refinería Olmedo SA, propiedad de la azucarera Acor, favorecida en un litigio donde la Agencia Tributaria reclamaba 1,2 millones de euros. En este caso, el dinero habría sido cobrado a través de socios cercanos: Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel.

Estos antecedentes fueron ya documentados en informes anteriores, y refuerzan un patrón de comportamiento sistemático en el uso del cargo para beneficio económico personal.

 La gravedad legal: cohecho y delito continuado
Según varios juristas consultados, los hechos descritos encajan claramente en el tipo penal de cohecho, recogido en los artículos 419 a 427 del Código Penal español. Este delito puede adoptar dos formas:

Cohecho pasivo: cuando un funcionario acepta una dádiva por realizar una acción vinculada a su cargo.
Cohecho activo: cuando un particular ofrece o entrega dicha dádiva.

Ambas conductas pueden conllevar penas de hasta seis años de prisión, inhabilitación para empleo o cargo público, y multa equivalente al duplo del valor recibido.

“No se trata de un caso aislado, sino de una práctica presuntamente estructural y continuada en el tiempo”, señala un magistrado retirado que prefiere permanecer en el anonimato.
 
Silencio institucional: ni Hacienda ni Montero se pronuncian
Hasta el momento, ni el Ministerio de Hacienda ni la vicepresidenta María Jesús Montero han emitido comunicado alguno en relación con estas graves acusaciones. Tampoco lo ha hecho su secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien mantiene una estrecha amistad con Marco Sanjuán y actúa como su superior directo.

Por su parte, Marco Sanjuán, contactado, reaccionó con indignación ante la pregunta directa de si había cobrado pagos ilegales:

“Es una bestialidad de pregunta. Es como si me preguntas si he matado a alguien alguna vez”, respondió. A la repregunta, simplemente dijo: “No”.
 
¿Y ahora qué? Las posibles consecuencias
Este caso tiene el potencial de sacudir profundamente la credibilidad del sistema tributario español, al involucrar al máximo responsable del órgano encargado de resolver las reclamaciones económicas contra la Agencia Tributaria.

Entre las posibles consecuencias se encuentran:
Investigación de la Fiscalía Anticorrupción, si se formaliza la denuncia o se presentan las pruebas en sede judicial.
Actuación inmediata del Gobierno, con ceses o suspensiones cautelares si se comprueba la veracidad de los hechos.
Petición de responsabilidades políticas, tanto desde la oposición como desde la sociedad civil.

Procesamiento penal de los implicados, en caso de que se tipifique como delito de cohecho continuado.
 
Una grieta en el corazón del Estado
El caso Marco Sanjuán no es solo una historia de sobres con billetes en hoteles madrileños. Es el síntoma de una corrupción estructural y sofisticada, que se habría incrustado en los engranajes  que debe ser imparcial y garante de la legalidad fiscal.

La confianza en el sistema tributario no solo se erosiona cuando se suben los impuestos o se cometen errores administrativos, sino sobre todo cuando quienes deben aplicar la ley la vulneran en su propio beneficio, mientras los contribuyentes cumplen con sus obligaciones.

Las pruebas ya están sobre la mesa. Ahora, le toca a la justicia actuar.

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