El informe de la UCO acerca a su imputación como persona jurídica

El informe de la Guardia Civil revela una red criminal dentro del PSOE
El demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado lo que ya muchos ciudadanos intuían: la existencia de un entramado de financiación ilegal del PSOE a través de sobornos, mordidas, contratos amañados y aportaciones económicas ilegales.

 Este informe detalla conversaciones, pagos en efectivo y una estructura criminal dentro de la cúspide del Partido Socialista, cuya magnitud alcanza, por ahora, a figuras tan relevantes como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y otros altos cargos del aparato.

El informe no es una mera conjetura. Está sustentado en pruebas materiales y grabaciones que evidencian un sistema organizado y metódico, con métodos de ocultación, uso de aplicaciones cifradas como Signal y advertencias internas que demuestran la plena conciencia de la ilegalidad de sus actos.

Este nivel de detalle convierte el caso en uno de los más graves escándalos de corrupción política desde los tiempos de Filesa o los ERE. Pero a diferencia de aquellos, la legislación actual —en concreto la Ley Orgánica 1/2015 y el artículo 304 bis del Código Penal— permite imputar a partidos políticos como personas jurídicas por financiación ilegal. Por tanto, el PSOE podría ser legalmente ilegalizado si se aplica la ley con firmeza.

El Código Penal permite ilegalizar al PSOE como persona jurídica
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, el artículo 304 bis.5 del Código Penal establece que las personas jurídicas, entre ellas los partidos políticos, pueden ser penalmente responsables por financiación ilegal. Esto implica que ya no basta con imputar a individuos concretos: el propio partido puede ser juzgado como organización delictiva.

José María de Pablo, abogado penalista experto en corrupción, lo explica con claridad: “En casos anteriores no se pudo aplicar porque no estaba tipificado, pero desde la LO 1/2015 la financiación ilegal de partidos políticos es delito. Las personas jurídicas, incluidos los partidos, pueden cometer el delito”.

Si el PSOE como organización ha pedido a funcionarios —como, por ejemplo, en el caso del director general de Carreteras, Javier Herrero— aportaciones económicas al partido a cambio de favores o contratos, y si estas aportaciones se han realizado de manera opaca o irregular, entonces no estamos ante un caso aislado, sino ante un sistema institucionalizado de financiación ilegal del PSOE. La ley es clara. La justicia debe serlo también.

Cerdán, Ábalos y Koldo: epicentro de un escándalo multimillonario
Entre las pruebas recogidas por la UCO figuran conversaciones reveladoras. Los investigadores revelan pagos de hasta 450.000 euros entregados «en tres sobres». También se mencionan aportaciones económicas presuntamente procedentes de Acciona, entregadas a Koldo y Ábalos, y gestionadas por Cerdán, por un valor de 620.000 euros. Según las mismas conversaciones, aún quedarían otros 450.000 euros pendientes.

Toda esta red financiera, oculta, no declarada y directamente vinculada a beneficios obtenidos mediante contratos públicos, encaja perfectamente con la definición de financiación ilegal del PSOE como estructura delictiva. Y lo más grave: esta actividad no era desconocida en Ferraz. Tal y como reconoce el propio Cerdán, “nos miran a todos todo”, en referencia al control interno sobre la gestión de obras públicas y adjudicaciones.

El bipartidismo no dejará caer al PSOE pero si caerá Sánchez y el resto
Pese a la gravedad de los hechos, el sistema político vigente hará todo lo posible para evitar que este caso tenga las consecuencias legales que debería. Porque ilegalizar al PSOE significaría dinamitar uno de los pilares del régimen del 78. Sería reconocer que el principal partido de gobierno actúa como una mafia. Sería reconocer que el régimen bipartidista es corrupto.

Por eso, el plan será otro: se buscará un chivo expiatorio: Pedro Sánchez, como líder y rostro visible, será el blanco de las críticas. Pero no con intención de derribar al PSOE, sino para contener la hemorragia. El mensaje será claro: Todo era cosa de unos pocos corruptos encabezados por el presidente. Así, se podrá sacrificar a Sánchez mientras se salva el partido.

Este comportamiento no es nuevo. Lo vimos con los ERE en Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron sacrificados, pero el PSOE siguió intacto. Lo mismo ocurrió con Filesa. Esta vez, sin embargo, hay algo distinto: la ley permitiría ir más allá… si hubiera y voluntad política para hacerlo.

La acusación popular presiona: Ferraz en el punto de mira
Afortunadamente, la sociedad civil se ha movilizado. Organizaciones como HazteOír y Liberum actúan como acusación popular en este proceso. Han celebrado las conclusiones del informe de la Guardia Civil y exigen actuaciones judiciales contra todo el aparato socialista implicado.

HazteOír, quizás la acusación popular más activa, no solo desde el unto de vista jurídico, ya convocó manifestaciones en la sede del PSOE.

Por su parte, Liberum, la asociación gijonesa, ha sido aún más contundente: “Se empieza robando unas primarias, se sigue robando con la excusa del Covid y se acaba en un juicio en el que Liberum no parará hasta que salten todos los corruptos”.

Estas organizaciones están señalando lo que los grandes medios ocultan: el caso no es contra personas concretas, es contra una estructura de poder basada en el saqueo y la corrupción.

El PSOE debería ser ilegalizado por financiación criminal
La financiación ilegal del PSOE ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una realidad judicialmente documentada. La ley, en su actual redacción, permite actuar. La responsabilidad penal como persona jurídica está prevista. El castigo no debe limitarse a los peones, debe alcanzar a toda la organización. El PSOE debe ser ilegalizado.

Sin embargo, el establishment político optará por proteger a su socio. Sacrificarán a Pedro Sánchez, lo mostrarán como culpable único, y tratarán de mantener intacta la maquinaria socialista.

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