Sánchez, a pesar de los escándalos, sigue avanzando con su golpe de estado de la judicatura
Sánchez continúa su ofensiva con la Ley Bolaños y las enmiendas a la totalidad de la ley no han prosperado, por lo que sigue su tramitación parlamentaria
La Ley Bolaños de control de la judicatura avanza y sigue su curso tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad. El Gobierno acelera su golpe institucional para someter la Justicia a su control.
Pedro Sánchez no ha dimitido, ni se ha retirado. Está acelerando. Lo que ha hecho es redoblar su ofensiva en su golpe de estado institucional. Mientras los medios hablan de sentimientos, mociones y caras compungidas, el Ejecutivo ha dado un paso más para colonizar el Poder Judicial en su golpe de estado judicial. Quieren controlar los jueces, las sentencias y los procesos.
La jugada es clara: la tramitación parlamentaria sigue. Quieren aprobarla antes del final del periodo de sesiones en junio. Saben que tienen poco tiempo. El calendario judicial puede volverse en su contra si no logran imponer su poder sobre los tribunales.
Propaganda socialista para justificar la colonización judicial
Félix Bolaños, ministro de Justicia y peón clave del régimen de Sánchez, presentó la Ley Bolaños como “la mayor transformación de la Justicia en décadas”. Según él, la nueva norma hará que la Justicia sea “más ágil, más cercana, más digital y más adaptada a los ciudadanos”.
Pero las palabras no tapan la verdad. No se trata de modernizar. Se trata de someter la Justicia al poder político. El objetivo no es agilizar juicios, sino intervenirlos. Y especialmente, protegerse de ellos. Por eso lanzan esta ley mientras arrecian los escándalos de corrupción. Necesitan controlar a jueces y fiscales antes de que estos actúen. Necesitan impunidad. Quieren borrar los límites entre poderes.
La Ley Bolaños es el muro de protección de un Gobierno que sabe que puede acabar imputado si la Justicia actúa con libertad.
La oposición y los jueces denuncian un asalto sin precedentes
Miles de jueces y fiscales han protestado esta semana. Los partidos de la oposición han advertido que la Ley Bolaños dinamita la separación de poderes. Denuncian que el Gobierno no reforma: secuestra. No corrige: somete. No moderniza: destruye.
“El Ejecutivo quiere que el Poder Judicial sea un simple instrumento del PSOE”, han dicho desde el PP y VOX. La reacción ha sido unánime entre juristas: esta ley transforma a los fiscales en obedientes burócratas del Gobierno y debilita la independencia de los jueces.
El mensaje es claro: el Gobierno quiere controlarlo todo. La misma fórmula usada con los medios de comunicación, la educación y el Congreso, se aplica ahora sobre la Justicia.
La Ley Bolaños es un paso más en el proceso de mutación institucional. Un asalto sin precedentes a los fundamentos de la democracia.
De democracia a dictadura: el plan avanza
España está dejando de ser una democracia plena. Lo que antes se ocultaba, hoy se normaliza. El insulto a los jueces, la acusación de lawfare, el desprecio a los tribunales, son ya parte del discurso oficial.
El Gobierno de Sánchez no se limita a presionar. Quiere abolir la independencia judicial. Esta ley no es aislada. Forma parte de una estrategia totalitaria de colonización institucional.
La Ley Bolaños confirma que el régimen no busca el equilibrio de poderes. Quiere sustituirlo por una estructura piramidal donde todo —medios de comunicación, leyes, jueces, fiscales— responda a una sola voluntad: la de Pedro Sánchez y su partido.
Es la dictadura perfecta. Con apariencia de legalidad, se destruyen los contrapesos, se oculta la corrupción, y se anula toda oposición efectiva.
Los tiempos revelan la urgencia del control: Antes de final de junio
¿Por qué quieren aprobar la Ley Bolaños antes de junio? Porque hay causas de corrupción abiertas que afectan al PSOE, a sus socios y al entorno de La Moncloa y con esta ley aprobada pueden controlar a a judicatura y elegir para los juicios a jueces afines.
El régimen sabe que si no logra blindarse ya, podría enfrentar consecuencias legales graves. Por eso, mientras distraen con maniobras emocionales y teatrales, aprueban leyes peligrosas que modifican el equilibrio del Estado.
Este método es típico de los golpes de estados: mientras acusan a otros de golpistas, dan un golpe institucional real y estructurado. La Ley Bolaños no será una ley más. Será la herramienta para manipular los procesos judiciales, perseguir adversarios y garantizar impunidad.
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