El PP no rompe con el Gobierno de Sánchez tras el escándalo de corrupción y anuncia una reunión con Yolanda Díaz

Entre la indignación selectiva y la sobreactuación institucional
La decisión del Partido Popular de acudir a la reunión convocada por Yolanda Díaz para debatir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido presentada por su portavoz nacional, Borja Sémper, como un gesto de “vocación institucional”. Pero más allá de ese envoltorio discursivo, la postura del PP revela una estrategia contradictoria, oportunista y en última instancia desconectada de los intereses reales de los trabajadores.

Mientras el partido se dedica a inflamar el ambiente político con duras acusaciones contra el PSOE por el último informe de la UCO —que señala a Santos Cerdán como posible gestor de pagos de comisiones ilegales en lo que podría ser una trama de corrupción en la cúpula socialista—, no renuncia a participar en la negociación de una de las reformas sociales más ambiciosas del actual Gobierno. Esta ambivalencia no es casual: es táctica.

¿Vocación institucional o cálculo político?
Sémper ha insistido en que el PP no “romperá todos los puentes” con el Gobierno, pese a que su formación ha venido acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ilegítimo, corrupto y sumiso a fuerzas radicales. El partido de Feijóo ha levantado una retórica incendiaria desde la oposición, pero en los hechos ha optado por mantener un pie dentro del juego institucional cuando le conviene.

Esa “vocación institucional” parece tener más que ver con no quedarse fuera de una reforma que tendrá un fuerte peso simbólico y electoral, que con un verdadero compromiso con el diálogo democrático. El PP no ha ocultado su rechazo a la reducción de la jornada laboral, ni ha ofrecido alternativas serias. Su asistencia a la reunión con Yolanda Díaz parece más un intento de controlar el marco del debate —y condicionar su alcance— que una muestra de responsabilidad.

La agenda laboral, rehén del conservadurismo económico
El Partido Popular ha sido históricamente refractario a cualquier avance en derechos laborales que implique una redistribución del tiempo o del poder en el entorno de trabajo. La reforma laboral del PP en 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, desreguló el mercado laboral, facilitó el despido, debilitó la negociación colectiva y precarizó aún más las condiciones de millones de trabajadores.

Hoy, en lugar de proponer una agenda propia de modernización del trabajo adaptada a la realidad postpandemia —donde el teletrabajo, la salud mental y la conciliación se han vuelto centrales—, el PP vuelve a instalarse en el inmovilismo. No ofrece una propuesta alternativa de organización del tiempo laboral, ni participa de un debate honesto sobre productividad, salud y sostenibilidad laboral. Simplemente bloquea, obstaculiza o maniobra para que el impacto político de la reforma sea mínimo para el Gobierno.

Un partido atrapado entre su discurso y sus prácticas
El PP intenta presentarse como garante de la estabilidad y la institucionalidad mientras alimenta una narrativa de desgaste sistemático del Gobierno. Se indigna con el informe de la UCO —con razón—, pero olvida su propia mochila: Gürtel, Kitchen, Lezo, Púnica, Bárcenas, entre otras tramas. La corrupción ha sido estructural en el PP durante décadas, y la crítica al PSOE pierde fuerza cuando se utiliza con fines partidistas y no desde un compromiso real con la regeneración institucional.

Por otra parte, al acudir a la reunión con Yolanda Díaz sin un planteamiento laboral constructivo, el PP muestra que lo suyo no es la defensa del interés general, sino el mantenimiento de sus intereses ideológicos: defender al empresariado más conservador, bloquear toda reforma que suponga avances sociales, y capitalizar políticamente cualquier desgaste del Gobierno.

Yolanda Díaz, en una cuerda floja política
En este escenario, Yolanda Díaz se encuentra en una posición compleja. Aunque debilitada tras los pobres resultados electorales de Sumar y las tensiones internas en la coalición, mantiene aún la agenda laboral como una de las pocas áreas del Ejecutivo donde puede mostrar liderazgo. Su propuesta de reducción de la jornada laboral responde a una necesidad real de adaptar el mercado de trabajo a nuevas dinámicas sociales, pero la interlocución con un PP hostil y sin propuestas reales pone en peligro el alcance de la reforma.

Si la ministra quiere evitar que su iniciativa sea vaciada de contenido o convertida en un símbolo sin consecuencias, deberá resistir las presiones del ala conservadora, tanto dentro como fuera del Gobierno, y asumir que el diálogo con un PP que juega a dos bandas puede ser más un obstáculo que una oportunidad.

¿Y los trabajadores?
Perdidos entre los juegos de poder, las estrategias electorales y los escándalos de corrupción, los trabajadores —los verdaderos afectados por la reforma— están prácticamente ausentes del debate. Poco se habla de cómo esta reducción de jornada afectará a sectores con alta carga laboral, como el comercio, la sanidad o la hostelería. Tampoco se discute cómo se garantizará que no se traduzca en sobrecarga o despidos encubiertos.

El PP no ha expresado ninguna preocupación por estos aspectos. Su discurso gira exclusivamente en torno a los costes empresariales y a evitar que el Gobierno de coalición capitalice un éxito político. En otras palabras: el bienestar de millones de trabajadores es secundario frente a la táctica parlamentaria.

 El PP, más preocupado por el rédito político que por el trabajo digno
El Partido Popular intenta disfrazar de institucionalidad lo que en realidad es una estrategia para seguir desgastando al Gobierno sin quedar completamente excluido del juego parlamentario. Su presencia en la reunión con Yolanda Díaz no responde a un compromiso con el diálogo ni con el avance de los derechos laborales, sino a un cálculo de oportunidad: estar presente para controlar, condicionar y frenar.

Mientras tanto, los desafíos reales del mundo del trabajo siguen esperando una respuesta valiente, estructural y basada en el interés común. Una respuesta que, por el momento, no parece estar en la agenda del principal partido de la oposición.

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