Investigan presunto amaño en las primarias del PSOE de 2014 que podrían implicar a Pedro Sánchez en delitos de falsedad documental

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en un informe remitido al Tribunal Supremo una serie de mensajes que apuntarían a un presunto amaño en las elecciones primarias del PSOE celebradas en julio de 2014. En dichas primarias resultó elegido como secretario general del partido Pedro Sánchez, en una votación que, según los datos oficiales, se saldó con un 49% de los votos para Sánchez, frente al 36% de Eduardo Madina y el 15% de José Antonio Pérez Tapias.

El informe de la UCO, elaborado en el marco de la investigación de la conocida como "trama Koldo", menciona expresamente un intercambio de mensajes entre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Koldo García Izaguirre —entonces colaborador cercano de José Luis Ábalos—, que habría tenido lugar el 13 de julio de 2014, día de la votación. En dichos mensajes, Cerdán supuestamente ordenaba a Koldo García introducir dos papeletas en nombre de personas que no habían votado: “Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas”. García respondió: “Ya está”.

Posibles implicaciones penales
Los investigadores señalan que estos hechos podrían constituir delitos de falsedad documental, específicamente falsedad ideológica y falsedad material, ambos tipificados en el Código Penal español.

La falsedad ideológica consiste en consignar en un documento hechos falsos, haciendo constar como verdaderos hechos que no ocurrieron, como sería el caso si se hubiera registrado que ciertas personas participaron en la votación sin haberlo hecho.

La falsedad material, por su parte, implica la creación o modificación de un documento, en este caso una lista de votación, mediante la inclusión de firmas o datos no auténticos.

Desde un punto de vista jurídico, los hechos descritos podrían conllevar responsabilidades penales para varias personas, dependiendo de su rol. En concreto:

Koldo García sería considerado el autor material del presunto delito.
Santos Cerdán, como persona que habría dado las instrucciones, sería el presunto inductor.
Pedro Sánchez, en tanto que beneficiario directo de los supuestos votos fraudulentos, podría ser considerado cooperador necesario o incluso inductor si se demostrara conocimiento o participación activa

.El informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de instruir la macrocausa, considera que hay elementos suficientes como para abrir una investigación específica sobre estos hechos.

El papel de la doctrina del hallazgo casual
La inclusión de estos mensajes en el informe no se habría producido a raíz de una investigación deliberada sobre las primarias, sino en el contexto de otra investigación: la de la trama de contratos públicos supuestamente amañados vinculados a la figura de Koldo García. Este hecho reviste especial relevancia, ya que podría estar amparado por la llamada doctrina del hallazgo casual, ampliamente reconocida por la jurisprudencia española.

Dicha doctrina permite utilizar pruebas encontradas de forma fortuita en el marco de una investigación legalmente autorizada, siempre que el descubrimiento no haya sido fruto de una búsqueda premeditada para otros fines y que guarde conexión lógica o jurídica con los hechos investigados.

Posibles desarrollos judiciales
El avance de esta línea de investigación podría depender en gran parte de las actuaciones que decidan emprender personas que puedan considerarse perjudicadas por el supuesto amaño. En este caso, serían los otros dos candidatos que compitieron contra Sánchez en las primarias de 2014: Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Cualquiera de ellos podría presentar una querella ante el Tribunal Supremo, lo que activaría una causa penal específica centrada en estos hechos.

No obstante, antes de cualquier posible imputación, el magistrado deberá valorar distintos elementos:

La veracidad y autenticidad de los mensajes presentados.
La existencia de indicios sólidos de delito.
La posible prescripción de los hechos, dado que ocurrieron hace más de diez años.
Es importante señalar que la legislación penal española contempla plazos de prescripción variables según el tipo de delito.

 En el caso de los delitos de falsedad documental, dependiendo de su gravedad, el plazo puede oscilar entre los 5 y los 10 años, aunque podría ser mayor si se considerara la existencia de continuidad delictiva o conexión con otras actividades ilícitas recientes.

Declaraciones y contexto político
Pedro Sánchez se refirió recientemente a la polémica durante una comparecencia pública, en la que restó importancia al contenido del mensaje. Aseguró que en el mensaje solo se habla de “dos votos” y recordó que en 2014 se impuso con una diferencia de más de 17.000 votos en un censo de unos 130.000 militantes. Estas declaraciones han sido interpretadas de distintas maneras: para algunos, como una banalización del posible fraude; para otros, como una señal de transparencia y confianza en la legitimidad del proceso.

Sin embargo, expertos legales advierten que, aunque la cantidad de votos presuntamente manipulados fuese pequeña en relación con el resultado final, la comisión del delito no queda invalidada por la insignificancia del impacto, ya que el tipo penal sanciona la falsificación documental en sí misma, independientemente de si alteró o no el resultado del proceso electoral interno.

Implicaciones políticas
La posible apertura de una investigación contra un presidente del Gobierno en ejercicio, aunque solo sea como testigo o como beneficiario de un posible delito, podría tener consecuencias políticas importantes. En un contexto donde la transparencia, la integridad y la legalidad son ejes centrales del discurso institucional, cualquier atisbo de irregularidad puede erosionar la imagen pública del Ejecutivo.

Además, este episodio se suma a un clima político ya caldeado por otros escándalos relacionados con figuras cercanas al núcleo de poder socialista, y podría ser instrumentalizado tanto por la oposición como por sectores críticos internos del partido.

 El presunto amaño de las primarias del PSOE en 2014, tal como lo refleja el informe de la UCO, abre un nuevo frente judicial y político en torno a la figura de Pedro Sánchez. Aunque los hechos aún deben ser verificados judicialmente y su relevancia penal está por determinarse, el contenido de los mensajes y el contexto en que se producen plantean dudas significativas sobre la limpieza del proceso interno que aupó a Sánchez a la secretaría general del PSOE.

 La evolución del caso dependerá de la actuación del Tribunal Supremo y de si los potenciales perjudicados ejercen acciones legales. Mientras tanto, el asunto promete permanecer en el centro del debate político y mediático en las próximas semanas.

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