La UCO prepara cuatro nuevos informes que acorralan a Sánchez, Armengol, y Torres
Dos de los nuevos informes en los que trabaja la UCO se centran en la gestión de contratos públicos durante la pandemia por parte de dos ex presidentes autonómicos hoy con altas responsabilidades en el Estado
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en plena elaboración de al menos cuatro informes de gran trascendencia judicial y política, que afectan de forma directa al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas investigaciones, centradas en diversas tramas vinculadas a presunta corrupción, podrían suponer un nuevo punto de inflexión en la legislatura, con implicaciones tanto judiciales como parlamentarias.
El caso Santos Cerdán: de dirigente clave del PSOE a investigado
Uno de los epicentros del escándalo gira en torno a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y durante años uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno. La investigación se basa en su supuesta implicación en una red de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de comisiones, descubierta en el marco de la conocida trama Koldo.
El informe ya presentado por la UCO, que supera las 490 páginas, ha revelado una compleja estructura financiera. Se solicita investigar 480 cuentas bancarias distribuidas en 35 entidades financieras distintas, todas ellas presuntamente vinculadas al círculo de Cerdán. El objetivo es esclarecer si se produjo un enriquecimiento patrimonial injustificado durante sus años en el aparato del partido y su etapa como diputado.
El exdirigente socialista presentó recientemente su renuncia al escaño, lo que implica la pérdida de aforamiento y lo coloca en una posición más vulnerable de cara a la instrucción judicial. Está previsto que declare el próximo 25 de junio, tras lo cual el juez podrá autorizar nuevas diligencias, incluidas investigaciones patrimoniales detalladas.
Contratos de emergencia durante la pandemia: Armengol y Torres en el foco
Dos de los nuevos informes en los que trabaja la UCO se centran en la gestión de contratos públicos durante la pandemia por parte de dos ex presidentes autonómicos hoy con altas responsabilidades en el Estado:
Francina Armengol, expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.
Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial.
Las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en la compra-venta de material sanitario durante los meses más duros de la crisis del COVID-19. De acuerdo con fuentes jurídicas, existen indicios de que se adjudicaron contratos de emergencia sin los debidos controles ni justificaciones suficientes, algo que podría implicar responsabilidades penales o administrativas.
Ambos informes serán presumiblemente entregados al Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, dado que Armengol y Torres son actualmente aforados, podría producirse una elevación de exposición razonada al Tribunal Supremo. Si se encontraran pruebas concluyentes, el instructor del alto tribunal, juez Leopoldo Puente, podría solicitar su imputación formal.
El caso Air Europa y el “limbo” judicial
El cuarto informe de la UCO se vincula con el controvertido rescate público de Air Europa, aprobado por el Gobierno en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esta operación de más de 400 millones de euros fue cuestionada desde el principio por su justificación y los intereses que podría haber detrás.
Este informe fue encargado hace meses por el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el marco de la investigación abierta sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó paralizar esta investigación al considerar que, de momento, no existían indicios delictivos suficientes.
A pesar de ello, el informe de la UCO sigue existiendo, aunque se encuentra actualmente en un limbo procesal. Cabe la posibilidad de que el asunto sea repartido a otro juzgado de Plaza de Castilla si se considera que puede haber elementos que justifiquen una nueva instrucción.
Las primarias de 2014 y los posibles delitos de falsedad documental
Más allá de los contratos y las adjudicaciones, otro elemento que complica la posición del presidente del Gobierno es el contenido de uno de los informes de la UCO en el que se analizan mensajes presuntamente enviados por Santos Cerdán durante las primarias del PSOE de 2014, proceso en el que Pedro Sánchez resultó elegido secretario general por primera vez.
Según el documento, algunos de estos mensajes podrían constituir delitos de falsedad documental, tanto en su vertiente material como ideológica, en función de cómo se valoren las pruebas. Estos delitos están recogidos en el Código Penal y, de confirmarse, podrían tener implicaciones directas para Sánchez, aunque cualquier eventual causa penal dependería del Tribunal Supremo, dado su estatus de aforado como presidente del Gobierno.
Calendario judicial: un otoño caliente
Aunque los trabajos de la UCO avanzan, fuentes próximas a la instrucción advierten que los tres informes clave —Armengol, Torres y patrimonio de Cerdán— no estarán finalizados antes del verano. Se espera que, a partir de septiembre, los jueces instructores cuenten con nueva documentación que podría justificar nuevas imputaciones o la ampliación de las causas ya abiertas.
En el caso de Santos Cerdán, su declaración judicial del 25 de junio podría marcar un punto de inflexión. Si el juez considera que hay base suficiente, podría solicitar a la UCO informes más exhaustivos sobre su evolución patrimonial, sus relaciones bancarias y sus comunicaciones internas durante el período investigado.
La justicia pisa el acelerador
Las investigaciones abiertas por la Guardia Civil y sus unidades especializadas muestran que las ramificaciones del caso Koldo han ido mucho más allá de lo inicialmente previsto. Las implicaciones alcanzan a altos cargos institucionales, miembros del Consejo de Ministros, e incluso a procesos internos del PSOE que podrían ser reexaminados bajo una óptica penal.
Aunque todavía no se han producido imputaciones directas contra responsables políticos en activo con aforamiento, la acumulación de indicios y la creciente presión judicial anticipan un otoño judicial caliente, que podría tener consecuencias de largo alcance tanto en el plano político como institucional.
En los próximos meses, el foco estará en cómo reaccionan el Gobierno, el sistema judicial y el propio PSOE ante una situación que, de confirmarse, podría poner en cuestión la estabilidad del Ejecutivo y su credibilidad pública.
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