Santos Celdrán era socio de la empresa Servinabar 2000 SL que recibía millones en obras publicas
Durante el registro efectuado la semana pasada en el domicilio de Antxón Alonso, administrador de Servinabar 2000 SL, los agentes encontraron una escritura privada de compraventa de participaciones sociales. recoge la venta de 1.350 participaciones sociales a nombre de Santos Cerdán
Una investigación de la Guardia Civil destapa los vínculos entre el ex número tres del PSOE y una constructora sin experiencia previa en grandes obras públicas, beneficiada por contratos millonarios durante el mandato de María Chivite.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado nuevos datos que colocan al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el epicentro de una posible trama de adjudicaciones públicas irregulares. Según documentación hallada en un registro domiciliario reciente en Elorrio (Vizcaya), el dirigente socialista navarro figuraba como socio del empresario Antxón Alonso en la empresa Servinabar 2000 SL, una modesta firma que pasó, en cuestión de meses, de la gestión de eventos a adjudicataria de grandes proyectos de infraestructura.
La investigación, a la que ha tenido acceso Impacto España Noticias, apunta a una posible relación entre esa sociedad empresarial y los contratos otorgados por el Gobierno foral de Navarra, presidido por la socialista María Chivite. En el centro del caso se encuentra la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Velate, el mayor proyecto de obra pública en la comunidad foral en la última década, valorado en más de 76 millones de euros.
Una escritura comprometedora
Durante el registro efectuado la semana pasada en el domicilio de Antxón Alonso, administrador de Servinabar 2000 SL, los agentes encontraron una escritura privada de compraventa de participaciones sociales. El documento, fechado el 1 de junio de 2016, recoge la venta de 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que componían la sociedad —un 45% del capital— a nombre de Santos Cerdán.
El hallazgo ha sido remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos otorgados en Navarra. La presencia de Cerdán en la estructura societaria de Servinabar plantea serias dudas sobre la imparcialidad de ciertos procesos de adjudicación que, años después, beneficiarían directamente a dicha empresa.
El salto inexplicable de Servinabar
La evolución de Servinabar 2000 SL es uno de los elementos más llamativos del caso. Hasta febrero de 2020, su objeto social se limitaba a gestión documental, organización de eventos y servicios administrativos. Sin embargo, ese mes, la empresa modificó sus estatutos para dedicarse a la construcción y edificación, apenas unos meses antes de que se iniciara el proceso de licitación para las obras del túnel de Velate.
En cuestión de semanas, la empresa pasó de la nada a convertirse en socia de grandes constructoras como Acciona, con las que integró una Unión Temporal de Empresas (UTE) que se llevó contratos de gran valor económico.
Un mes después del cambio estatutario, en junio de 2020, Servinabar completó ya su primera gran obra pública: las reformas del Archivo General de Navarra, en otra UTE con una constructora. El proyecto sufrió un sobrecoste del 19% bajo la supervisión del Ejecutivo navarro liderado por Chivite.
Contratos millonarios en cadena
El ascenso meteórico de Servinabar no terminó ahí. En diciembre de 2018, la empresa pública Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 62 viviendas de protección oficial en Erripagaña, obra que se inauguró en 2021. En 2022, Nasuvinsa volvió a confiar en la sociedad adjudicándole otras 46 VPO por 8,4 millones de euros.
El punto álgido llegó en enero de 2024, cuando la empresa participó en la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Velate, por un montante total de 76 millones de euros. Servinabar se quedó con el 15% del total, es decir, más de 10 millones de euros, a pesar de que carecía de experiencia previa en grandes infraestructuras civiles y contaba, según su contabilidad de 2021, con solo nueve empleados.
Denuncias internas y procedimiento “viciado”
La adjudicación del túnel de Velate ha levantado numerosas sospechas entre los propios funcionarios. El secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, manifestó por escrito que «el procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado».
Documentos internos revelan que se produjeron filtraciones de información antes de la comunicación oficial de las puntuaciones. Estas posibles irregularidades están siendo objeto de una investigación en profundidad por parte de la UCO.
Vínculos con el entorno de Otegi y Koldo García
Antxón Alonso, natural de Elgoibar (Guipúzcoa), el mismo pueblo de Arnaldo Otegi, mantiene una estrecha relación personal con el líder de EH Bildu, según fuentes consultadas por Impacto España Noticias. Alonso dirige un conglomerado de más de 20 empresas en sectores como infraestructuras, inmobiliario y energías renovables.
La red empresarial de Alonso también incluye conexiones con Koldo García, ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. En 2015, Alonso y Koldo fundaron juntos una cooperativa llamada Noran, domiciliada en San Sebastián y centrada teóricamente en servicios relacionados con propiedad inmobiliaria e industrial.
¿Trama de favoritismos?
La magnitud de las adjudicaciones, el perfil inexperto de Servinabar y los vínculos políticos y personales entre sus propietarios y miembros del Gobierno foral dibujan un escenario preocupante. Si bien aún no hay imputaciones formales, el avance de la causa podría poner contra las cuerdas a altos responsables del PSOE, tanto a nivel autonómico como nacional.
El hecho de que Santos Cerdán —ex número tres del partido— haya figurado como socio directo del administrador de la empresa beneficiada, y que la actividad de esta se disparara tras su entrada, pone en tela de juicio la transparencia de los procesos de contratación pública en Navarra.
A medida que la investigación judicial avance, se determinará si estamos ante un caso de tráfico de influencias, de corrupción en la adjudicación de obra pública o incluso de enriquecimiento ilícito vinculado al poder político.
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