El ex subdelegado del Gobierno socialista en Valencia cobró una comisión de entre 300.000 y 750.000 euros según la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un nuevo paso en la lucha contra la corrupción urbanística en España con un informe demoledor que señala directamente a Rafael Rubio Martínez, ex subdelegado del Gobierno en Valencia y figura histórica del PSPV-PSOE.

La investigación lo sitúa como beneficiario de comisiones ilegales por valor de entre 300.000 y 750.000 euros, supuestamente a cambio de favores políticos y su silencio mientras era concejal del Ayuntamiento de Valencia en 2007, en plena era de Rita Barberá como alcaldesa. Rubio fue nombrado subdelegado en 2020 por el propio presidente Pedro Sánchez, aunque fue destituido menos de un año después.

Este escándalo se enmarca en el llamado caso Azud, una macrocausa de corrupción urbanística que salpica tanto al Partido Popular como al PSPV-PSOE.

 La operación urbanística bajo sospecha: la “operación colegios”
El informe, de 149 páginas, ha sido entregado por la UCO al Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia. En él se expone que Rubio habría sido destinatario de sobornos relacionados con una operación urbanística conocida como la “operación colegios”, una de las tramas del caso Azud que habría beneficiado al empresario Jaime Febrer y su entorno empresarial.

Según el informe, en una reunión clave celebrada en septiembre de 2007, Rubio habría pactado con los empresarios Jaime Febrer, Miguel Montoro y Federico Ferrando —vinculados a la mercantil MAI— los importes, destinatarios y método de abono de las comisiones. Para la primera entrega se fijó un pago de 100.000 euros en efectivo.

“Con motivo de la operación desarrollada entre la mercantil MAI y el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio Martínez habría sido destinatario de una comisión por un importe que oscilaría entre 300.000 euros y 750.000 euros”, señala literalmente el informe de la UCO.

La documentación hallada en la sede del Grupo Axis muestra anotaciones que hacen referencia explícita no solo a las cantidades pagadas, sino también a su entrega efectiva, un detalle que refuerza la credibilidad de la acusación.

 Indicadores clave: dinero en efectivo, cajas de seguridad y cambios bancarios
El análisis de la información bancaria y tributaria de Rubio y de su entorno familiar revela “operativas” sospechosas, según la UCO. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la gestión de grandes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido.

Caja fuerte en BBVA y movimientos bancarios inusuales
La UCO destaca dos hechos significativos:

El alquiler de una caja de seguridad por parte de Rubio y su esposa en una sucursal del BBVA.
Un cambio drástico en la dinámica de sus cuentas bancarias, especialmente a partir del segundo semestre de 2007, coincidiendo con el inicio de las supuestas entregas.

Desde ese momento, se detectaron numerosas imposiciones en efectivo en las cuentas del núcleo familiar. Entre 2007 y 2010 —y de forma residual hasta 2012—, se contabilizaron 197.256 euros en ingresos en metálico, sin justificación laboral ni fiscal aparente.

Según la UCO, esas maniobras buscaban integrar en el circuito financiero dinero de procedencia ilícita, mediante “operativas que pretendían encubrir su origen”.

 ¿Quién es Rafa Rubio? Un socialista de largo recorrido bajo sospecha
Rafa Rubio fue una figura clave en la política valenciana durante más de dos décadas. Ejerció como concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1995 y 2011, siendo además portavoz del grupo municipal socialista en años cruciales de oposición al PP.

Fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia en 2020 por su cercanía a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Su nombramiento fue considerado un gesto de confianza por parte del núcleo duro del PSOE, pero fue cesado discretamente menos de un año después, sin explicaciones oficiales.

Hoy, Rubio se encuentra en el epicentro de una investigación que podría tener consecuencias penales graves, entre ellas cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.

 El caso Azud: una trama transversal de corrupción política
La macrocausa Azud, iniciada en 2017, es considerada una de las tramas de corrupción más extensas de la Comunidad Valenciana. Bajo investigación están adjudicaciones públicas, licencias urbanísticas amañadas, comisiones ilegales y pagos en B.

El caso implica a cargos públicos de distintos partidos, entre ellos ex concejales, técnicos municipales, asesores jurídicos, funcionarios y empresarios. La principal constante: el uso de la administración municipal para el enriquecimiento privado a través del urbanismo.

La figura de Jaime Febrer, considerado el principal cerebro financiero de la trama, se repite en múltiples expedientes. Su vinculación con Rubio y otros cargos públicos del PSPV-PSOE y del PP es un hilo conductor clave para la instrucción judicial.

 Consecuencias políticas y daño reputacional para el PSOE
Este nuevo capítulo se suma a otros escándalos recientes que afectan al PSOE en distintas comunidades:

Navarra y Asturias: supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos.
Andalucía: nuevas derivaciones del caso ERE.
Madrid: investigaciones sobre corrupción urbanística en municipios del sur.

Aunque Pedro Sánchez ha sostenido públicamente una política de “tolerancia cero” con la corrupción, el goteo de casos afecta directamente a su imagen institucional y complica el discurso de regeneración.

La oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, ya han exigido responsabilidades y explicaciones urgentes sobre los criterios de nombramiento de altos cargos implicados.

 El precio del silencio
El caso de Rafa Rubio podría convertirse en símbolo de una corrupción silenciosa pero persistente. La presunta compra de su silencio mientras era portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia no solo lo coloca en el centro del huracán judicial, sino que también revive los peores fantasmas del urbanismo politizado y el clientelismo institucional.

Con el avance del caso Azud, la justicia deberá determinar si Rubio fue simplemente una pieza más o si su implicación responde a una trama mucho más profunda y transversal.

Sea cual sea el desenlace, una cosa está clara: la corrupción urbanística sigue siendo una de las heridas más graves de la democracia local en España, y este escándalo es una nueva llamada de atención.

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