Españoles estallan contra el Gobierno de Galicia (PP) por entregar la mayoría de viviendas sociales a inmigrantes

Decenas de españoles han mostrado su indignación con el sorteo de las 74 viviendas sociales que se construyen en el barrio pontevedrés de Valdecorvos después de que la gran mayoría vayan a parar a extranjeros, según denunciaron algunos asistentes al acto.

 “Llevamos más de una década esperando y siempre le tocan a los mismos”, protestaban, visiblemente molestos, varios vecinos que presenciaron en directo el procedimiento. “Esto es una vergüenza”, repetían entre quejas, reflejando el creciente malestar ante un sistema que muchos perciben como injusto.

El sorteo fue presidido este miércoles por la consejera de Vivienda, María Allegue, y se celebró en medio de una fuerte expectación. Las viviendas, de entre dos y cuatro dormitorios, se adjudicarán a quienes cumplan unos requisitos muy concretos, como no ser propietarios de ningún otro inmueble y residir o trabajar en el municipio de Pontevedra.

 Además, se estableció un tope de ingresos: la suma de las rentas de quienes convivan en la misma vivienda no puede superar el triple del IPREM, es decir, 1.800 euros mensuales.

 El listado provisional de adjudicatarios se extrajo de entre los 1.560 inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Alugueiro para la administración local. La consejera puntualizó que tanto la lista de beneficiarios como la de suplentes está sujeta a revisión, ya que aún deben comprobarse todos los requisitos exigidos.

El proceso se dividió en cuatro categorías según la edad, la estructura familiar y las características de las viviendas. También se aplicó un criterio de edad, distribuyendo la mitad de las viviendas para menores de 36 años y la otra mitad para mayores de esa franja.

Los contratos de alquiler tendrán una duración inicial de siete años, con prórrogas automáticas siempre que los inquilinos cumplan con las obligaciones de pago y convivencia. Los precios oscilarán entre los 100 y los 270 euros mensuales, en función del tamaño y características de cada piso.

Pero el malestar no sólo se limitó a los ciudadanos que se sintieron discriminados en el reparto. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, también expresó públicamente su enfado por haber sido excluido del acto. Considera que su presencia estaba más que justificada, ya que el Gobierno central ha aportado 3,8 millones de euros a este proyecto. “Estamos ante una iniciativa cofinanciada entre distintas administraciones. Incluso el consejo cedió los terrenos. Y aun así, la Xunta oculta deliberadamente la participación del Estado, que sólo aparece en un cartel de obra”, denunció.

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