Begoña Gómez: Las claves investigadas por los fiscales europeos sobre los contratos recomendados

La investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre la adjudicación de tres contratos públicos financiados con fondos europeos, por un valor total de 10,2 millones de euros, ha adquirido una nueva dimensión con la aparición de un informe paralelo elaborado por el sindicato de funcionarios Manos Limpias. Este documento complementa y refuerza los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe preliminar entregado en mayo de 2024.

Ambos informes apuntan a una posible trama de adjudicación irregular en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Innova Next y The Valley Digital Business School, cuyo proyecto resultó adjudicatario de tres contratos identificados como Exp. 014/20 (Lotes 1 y 3) y Exp. 016/20 (Lote 1), todos ellos gestionados en el marco de programas financiados con fondos europeos.

Tres contratos bajo lupa
Los contratos investigados fueron otorgados en 2021 y se encuentran ahora bajo revisión por parte de la Fiscalía Europea, al tratarse de fondos comunitarios. Según recoge el informe elaborado por Manos Limpias, el proceso de adjudicación mostró “un patrón común” en los tres casos: criterios de valoración altamente subjetivos, eliminación masiva de competidores por no alcanzar un umbral mínimo técnico, y aplicación de fórmulas de puntuación que habrían beneficiado únicamente a la UTE ganadora.

La UCO, por su parte, confirmó que en abril de 2021 se celebraron las reuniones de la Mesa de Contratación en las que se validaron los informes de valoración técnica sin la presencia del técnico que los había emitido, el funcionario Luis Prieto Cuerdo. Esta ausencia, especialmente relevante en una fase crítica del proceso, ha sido señalada como irregular tanto por Manos Limpias como por fuentes jurídicas vinculadas a la causa.

El umbral técnico: una barrera selectiva
Uno de los puntos más cuestionados por la acusación popular es el establecimiento de un umbral técnico mínimo de 5 puntos sobre 10, basado exclusivamente en criterios evaluados de forma subjetiva por el técnico responsable. El resultado fue la eliminación de 28 ofertas, que en algunos casos representaban hasta el 70% de los licitadores.

En el lote 1 del expediente 014/20, 10 de 18 empresas fueron excluidas; en el lote 3 del mismo expediente, 5 de 12; y en el lote 1 del expediente 016/20, hasta 13 de 20. Para los denunciantes, este mecanismo sirvió como “criba arbitraria” que permitió allanar el camino para la victoria de la UTE posteriormente beneficiada.

“El técnico no debería eliminar a ninguna empresa a través del umbral mínimo, ya que tenía argumentos suficientes para exigir calidad mediante un pliego técnico más claro”, indica el informe de Manos Limpias.

Una fórmula aritmética cuestionada
Otro aspecto crucial en la denuncia tiene que ver con el sistema de conversión de puntuaciones técnicas, desde una escala ponderada a una escala normalizada, que aumentó artificialmente la diferencia entre la oferta de la UTE ganadora y el resto. En varios ejemplos, se constata cómo la UTE beneficiada obtenía el máximo de puntos normalizados (10), mientras que sus competidores perdían aún más ventaja en esta segunda fase de evaluación.

El informe denuncia que esta fórmula, incluida ad hoc en los pliegos, “no responde a un criterio justo ni proporcional”, y su efecto fue “desincentivar ofertas competitivas en términos económicos”, ya que incluso propuestas más ajustadas en precio eran penalizadas o quedaban descolgadas.

Cartas de recomendación fuera de pliego
Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la presentación de cartas de recomendación firmadas por una figura pública con notoriedad institucional. Estas misivas fueron valoradas con la puntuación máxima en el criterio técnico de difusión y captación del programa, a pesar de que no estaban exigidas en los pliegos de condiciones.

Sólo la UTE finalmente adjudicataria presentó este tipo de documentación. Según recoge el informe de Manos Limpias, el técnico evaluador asignó 9 puntos sobre 9 posibles al Plan de Difusión de esta UTE, haciendo menciones elogiosas de carácter completamente subjetivo, sin aplicar el mismo rasero al resto de los licitadores.

Presuntas comparaciones previas y parcialidad
Otro de los elementos considerados “desconcertantes” por los denunciantes fue el orden de evaluación de las ofertas. La UTE beneficiada presentó su oferta en la posición número 18, lo que implicaría que debía evaluarse en último lugar.

Sin embargo, en los informes técnicos se observa cómo el evaluador compara otras ofertas con la suya, lo que sugiere que habría conocido de antemano su contenido. Esto ha dado lugar a sospechas sobre una posible connivencia entre el evaluador y los representantes de la empresa adjudicataria.

“El técnico conoce de memoria la oferta de Barrabés –quizás por formar parte de su redacción–, por lo que se atreve a compararla con el resto de ellas”, reza literalmente el informe de Manos Limpias.

Imputaciones y consecuencias
La Fiscalía Europea ha decidido actuar tras recibir el informe del sindicato de funcionarios. Hasta la fecha, se ha imputado al empresario beneficiado por los contratos y a un alto directivo del organismo público encargado de las adjudicaciones, cuya identidad aún no ha sido revelada. Además, continúa la investigación sobre el papel del técnico evaluador y otros miembros de la mesa de contratación.

Las consecuencias legales podrían derivar en delitos de prevaricación, fraude en contratación pública, tráfico de influencias y falsedad documental, especialmente si se demuestra que las ofertas técnicas fueron elaboradas o favorecidas con información privilegiada o si se acredita que hubo una estrategia concertada para excluir a competidores.

El caso continúa en fase de instrucción, pero tanto los informes de la UCO como la denuncia del colectivo acusador coinciden en identificar un patrón de adjudicación presuntamente irregular, basado en valoraciones subjetivas, métodos de puntuación sesgados y favoritismo encubierto.

 Todo ello plantea serias dudas sobre la integridad de los procedimientos en determinados concursos públicos financiados por la Unión Europea y abre la puerta a un debate más amplio sobre la transparencia en el uso de fondos comunitarios.

Begoña Gómez participó en la elaboración de pliegos sin contar con titulación oficial
Según los documentos aportados en la causa y recogidos por el sindicato denunciante, Begoña Gómez intervino en la redacción y diseño de pliegos técnicos de licitaciones públicas, en el marco de programas de formación y digitalización subvencionados con fondos europeos. Su participación se dio a través de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de una universidad pública madrileña, vinculada al ámbito académico pero con proyección hacia el entorno empresarial y de innovación.

Lo relevante del caso, según subraya la acusación popular, es que Gómez no posee titulación universitaria reconocida en el ámbito de la contratación pública ni en áreas técnico-jurídicas afines, como gestión pública, derecho administrativo o economía. A pesar de ello, habría tenido un papel activo en la elaboración de documentos base para la adjudicación de contratos, influyendo así en los criterios de selección y puntuación.

El hecho de que una persona sin acreditación profesional específica haya contribuido a la formulación de criterios técnicos en concursos públicos financiados con fondos europeos, añade un elemento de controversia a la investigación, ya que podría afectar la validez y neutralidad del proceso, especialmente si se prueba que hubo un conocimiento previo de las condiciones que después beneficiaron a empresas vinculadas directa o indirectamente a su entorno profesional.

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