Sánchez ha destinado desde 2019 casi 1.800 millones de euros para publicidad en los medios de comunicación para su control

En 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez invertirá más de 161 millones de euros en publicidad institucional, un incremento del 16,5% respecto al año anterior, según un informe recientemente publicado por la Fundación Disenso. Este gasto sin precedentes se suma a una tendencia ascendente desde la llegada del actual Ejecutivo, que desde 2019 ha destinado más de 1.766 millones de euros a campañas de comunicación institucional.

La cifra, por sí sola, ya convierte al Gobierno en el principal anunciante del mercado publicitario español, superando a gigantes como L’Oréal, Telefónica o Volkswagen. Sin embargo, el verdadero debate no reside únicamente en el volumen del gasto, sino en su distribución, finalidad y consecuencias sobre el sistema mediático y democrático del país.

Un giro institucional que favorece a los medios "adecuados"
El informe denuncia que gran parte de esta inversión se canaliza hacia medios de comunicación considerados "afines" al Gobierno, lo que ha generado múltiples críticas por el uso presuntamente discrecional de fondos públicos para premiar la afinidad editorial.

En sectores clave como la televisión, los canales privados nacionales habrían recibido sumas millonarias de publicidad institucional. En la radio, destaca el caso de Cadena SER, que según el documento, ha sido recurrentemente favorecida frente a otras emisoras. Esta situación ha llevado a plantear dudas razonables sobre la independencia editorial de algunos grupos mediáticos que, de forma sostenida, han minimizado o silenciado escándalos relacionados con el Ejecutivo, mientras amplifican campañas contra la oposición.

¿Medios dependientes del Estado?
No pocos analistas del sector apuntan que algunos medios, especialmente aquellos con problemas económicos, dependen cada vez más de la financiación pública para sobrevivir. En un entorno de crisis de modelo de negocio —caída de la publicidad privada, descenso de la venta de ejemplares impresos y pérdida de audiencia tradicional—, los fondos provenientes de campañas institucionales pueden representar una tabla de salvación para redacciones enteras.

En este sentido, diversos sectores críticos acusan al Gobierno de haber construido una red de medios “cautivos”, cuyo sostén económico proviene, directa o indirectamente, del presupuesto público. Este fenómeno no solo erosiona la independencia periodística, sino que debilita la transparencia democrática al dificultar la fiscalización del poder.

Campañas opacas y sin trazabilidad
La falta de desagregación en los datos es otro elemento preocupante. Algunas campañas no detallan la segmentación por medios o cabeceras, lo que dificulta evaluar con rigor a quién se dirige el gasto y con qué criterio. La ausencia de trazabilidad mina la credibilidad de las instituciones y refuerza la percepción de que estas campañas podrían estar diseñadas más para beneficiar intereses políticos que para informar al ciudadano.

Desde sectores de la sociedad civil, se reclama que se hagan públicos los datos desglosados por medio, el coste individual de cada campaña, los objetivos y los resultados. Solo así se puede garantizar que el dinero público no se utilice como herramienta de propaganda, sino como un mecanismo legítimo de información institucional.

Silencio informativo y cobertura asimétrica
Los críticos del Gobierno señalan que algunos medios han optado por no cubrir ciertos escándalos, irregularidades administrativas o decisiones controvertidas del Ejecutivo. En cambio, cuando se trata de ataques a la oposición o de campañas ideológicas alineadas con el discurso oficial, el despliegue informativo suele ser inmediato y favorable. Esto alimenta la percepción de que existe un pacto implícito entre poder político y medios: financiación a cambio de cobertura favorable o, al menos, de silencio.

Esta dinámica convierte a ciertos medios en actores indirectos de la estrategia comunicativa del Gobierno, y no en meros receptores de fondos. En este contexto, no es exagerado afirmar que una parte del ecosistema mediático participa activamente en la arquitectura propagandística del actual Ejecutivo.

¿Corrupción estructural mediática?
Si bien es complejo sostener legalmente que exista una corrupción en el sentido penal del término sin investigaciones judiciales concretas, muchos analistas plantean que estamos ante una forma de “corrupción estructural” del sistema mediático, basada en la dependencia financiera y la cooptación ideológica.

Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de España, pero en el caso actual adquiere una dimensión preocupante debido al volumen del gasto, la concentración en ciertos grupos y la crisis de confianza social en los medios tradicionales.

 El uso masivo de la publicidad institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez plantea preguntas legítimas sobre la transparencia, la equidad y la independencia informativa. Si bien es lícito que el Estado comunique sus políticas, no lo es que lo haga de forma opaca, sesgada o con fines propagandísticos.

En una democracia sana, los medios deben ser perros guardianes del poder, no sus altavoces financiados. Romper el ciclo de dependencia entre medios y gobiernos no es solo una cuestión de ética periodística, sino de salud democrática.

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