El presidente de la Audiencia Nacional avisó al Gobierno: "Trapero será absuelto… para que lo manejéis"

En una revelación que ha sacudido los cimientos del Estado de Derecho en España, se ha confirmado que el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, filtró con antelación el contenido de una sentencia judicial al Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, informó al Ejecutivo de que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, sería absuelto de todos los cargos relacionados con su actuación durante el procés independentista catalán.

La información fue transmitida dos meses antes de que se notificara oficialmente la sentencia, y su autenticidad ha sido confirmada tanto por los mensajes en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como por el propio Navarro, quien ha reconocido: “No lo puedo negar”.

Este episodio pone en tela de juicio la independencia judicial, la transparencia institucional y, sobre todo, la separación de poderes que garantiza la democracia parlamentaria española.

 La filtración: hechos confirmados
Los mensajes clave que confirman la filtración judicial han sido publicados por El Mundo tras acceder a pruebas en poder de la UCO, obtenidas en el marco de investigaciones relacionadas con otros casos de corrupción.

Mensaje 1 – 15 de agosto de 2020
El primer mensaje fue enviado por José Ramón Navarro a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y hombre fuerte del PSOE:

"¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!"
Ábalos reenvió este mensaje al presidente Pedro Sánchez, especificando que la información procedía del “presidente de la Audiencia”. La respuesta del jefe del Ejecutivo fue lacónica pero reveladora:
“Ok.”

Mensaje 2 – 30 de septiembre de 2020
Un mes y medio después, Navarro volvió a contactar con Ábalos:

"Buenas tardes, José Luis; la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero, y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis."
 
Contexto político: el procés y los Presupuestos
En ese momento, España se encontraba en un contexto político sumamente delicado:

El Gobierno de coalición PSOE–Podemos necesitaba apoyo parlamentario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

ERC y el PDeCAT, partidos independentistas catalanes, eran socios parlamentarios clave.
La sentencia del Tribunal Supremo de 2019 había condenado a los líderes del procés por sedición, y la figura de Trapero era simbólicamente crucial para el independentismo.

Una absolución judicial a Trapero en ese contexto podía leerse como un gesto conciliador hacia el independentismo. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó las cuentas públicas una semana después de la publicación oficial de la sentencia absolutoria.

 Consecuencias judiciales: ¿delito de revelación de secretos?
Desde el punto de vista jurídico, los hechos podrían encuadrarse en un delito de revelación de secretos por parte de un funcionario público, regulado en el artículo 417 del Código Penal:

"La autoridad o funcionario público que, sin estar legalmente autorizado, revelare hechos, actuaciones o documentos cuya reserva esté legalmente establecida, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa..."

Dado que las deliberaciones judiciales son confidenciales y que la sentencia no era pública en el momento de la comunicación, el comportamiento del presidente de la Audiencia podría constituir una vulneración grave del deber de reserva y neutralidad judicial.

Además, si se demostrara que la filtración tuvo un fin político, podríamos estar ante un caso de prevaricación judicial, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas, o en utilizar la posición judicial para beneficiar indebidamente a terceros.

 Responsabilidad política: ¿qué sabía el Gobierno?
El Ejecutivo, si bien no habría solicitado activamente la filtración, recibió y utilizó esa información sin denunciar el hecho ni advertir a los órganos judiciales correspondientes.

De este modo, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos se convierten en beneficiarios directos de una filtración ilegal que les permitió:

Anticipar una resolución judicial relevante para sus negociaciones políticas.
Coordinar la comunicación interna con los barones del PSOE (como consta en mensajes paralelos).
Prepararse ante posibles reacciones de la prensa o de la oposición.

Esto abre un debate ético y político profundo: ¿puede un Gobierno legítimo aceptar y callar una revelación tan sensible sin romper con los principios básicos de la democracia representativa?

 Otros antecedentes de Navarro
Este no es el único episodio en el que el magistrado José Ramón Navarro aparece vinculado a filtraciones o comportamientos impropios en su función.

Durante la instrucción del caso Kitchen, se recuperaron conversaciones entre Navarro y Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior del PP. En esos mensajes:

Martínez le pedía asesoramiento para defenderse.
Le solicitaba autos judiciales.
Navarro prometía informarle “en cuanto supiera algo”.

Incluso concertaron una cena privada para hablar de la situación procesal del exdirigente del PP, implicado en una presunta operación de espionaje ilegal contra Luis Bárcenas, ex tesorero del partido.

Pese a ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no abrió expediente disciplinario, calificando los hechos como “asunto jurisdiccional”.

 Crisis institucional: la ruptura de la separación de poderes
Este nuevo episodio se produce en un clima de tensión creciente entre el Gobierno de coalición y el Poder Judicial, especialmente desde la huelga de jueces y las continuas acusaciones de “lawfare” o guerra judicial por parte de sectores afines al Ejecutivo.

Pero lo que diferencia este caso de anteriores controversias es que no se trata de un ataque del Ejecutivo al Poder Judicial, sino de una complicidad ilegítima entre ambos.

Se rompe así el principio de equilibrio institucional, donde el Poder Judicial debe operar con independencia y sin injerencias o coordinaciones con el Ejecutivo.

 Una línea roja traspasada
La filtración de la sentencia del caso Trapero al Gobierno de Pedro Sánchez representa un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado.

No se trata de una mera imprudencia, ni de una filtración periodística anónima, ni de un rumor político: se trata de una comunicación directa y personal entre el presidente de la Audiencia Nacional y el núcleo duro del Ejecutivo.

El hecho de que el máximo responsable del tribunal que juzga los casos más sensibles del país actuara como correa de transmisión política es un escándalo que socava la credibilidad del sistema judicial español.

Ante esto, se hace urgente:

Una investigación judicial independiente.
Una revisión de los nombramientos judiciales bajo criterios de méritos y no afinidades políticas.
Y, sobre todo, una reacción firme del Parlamento y del CGPJ para restaurar la confianza en la justicia.
Porque sin separación real de poderes, no hay democracia plena, sino tan solo una apariencia frágil de legalidad.

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