Las saunas y prostíbulos del suegro de Sánchez sacuden a Moncloa

La escena tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, pero su eco ha trascendido los muros del hemiciclo. En apenas una frase, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desató una tormenta política de gran alcance al acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber vivido del dinero procedente de negocios vinculados a la prostitución. Las palabras exactas fueron: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo”.

La mención aludía de forma directa al padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, empresario fallecido recientemente y vinculado en el pasado a locales relacionados con el ocio sexual.

Desde ese momento, la tensión ha escalado hasta convertirse en uno de los temas centrales del debate político y mediático. Lo que en un principio parecía una provocación parlamentaria más, ha abierto un nuevo eje de confrontación con ramificaciones personales, jurídicas e incluso institucionales.

 Una herencia incómoda
Sabiniano Gómez, suegro del jefe del Ejecutivo, fue titular de sociedades mercantiles relacionadas con el negocio de las saunas y clubes de alterne. Una de ellas, domiciliada en el barrio madrileño de Chamberí, gestionaba locales como la conocida sauna Adán, un espacio dirigido al público homosexual, y otro club ubicado en el Paseo de la Castellana, orientado al público heterosexual. Ambos habrían estado relacionados, según diversas fuentes, con la prestación de servicios sexuales y el proxenetismo.

Las informaciones surgidas en los últimos días sostienen que los beneficios obtenidos de estos establecimientos podrían haber sido utilizados, al menos en parte, para la adquisición de inmuebles donde residió Pedro Sánchez antes de alcanzar la presidencia. Uno de los casos más controvertidos hace referencia a un piso en Prado de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón), presuntamente financiado con fondos procedentes de las actividades empresariales del suegro.

Aunque el presidente del Gobierno no ha sido vinculado de forma directa a la gestión de dichos negocios, la posibilidad de que se hubiera beneficiado indirectamente de ellos —lo que jurídicamente podría considerarse “partícipe a título lucrativo”— ha abierto la puerta a un nuevo nivel de desgaste político. Por ahora, ni el entorno de Sánchez ni el propio Gobierno han negado de forma explícita la procedencia de los fondos, limitándose a calificar las acusaciones de “campaña difamatoria”.

 Del Congreso a las instituciones: la ofensiva del PP
La intervención de Feijóo en el hemiciclo no quedó en un simple gesto retórico. Al día siguiente, el Grupo Popular registró una batería de hasta 18 preguntas en el Congreso de los Diputados, solicitando al Ejecutivo información detallada sobre las propiedades vinculadas a la familia Gómez y su posible relación con actividades ilegales.

Entre las cuestiones planteadas figuran consultas sobre el uso de viviendas gestionadas por MUFACE (la mutualidad de funcionarios del Estado), el régimen de alquiler de inmuebles donde operaban locales como la sauna Adán, y la posible connivencia del Estado con actividades que pudieran estar relacionadas con la trata o la explotación sexual.

En paralelo, senadores del mismo grupo político han solicitado explicaciones similares en la Cámara Alta, en lo que ya se interpreta como una ofensiva coordinada para mantener el foco sobre el pasado familiar del presidente. La pregunta central sigue sin responder: ¿utilizó Pedro Sánchez, de forma consciente o no, recursos procedentes de negocios vinculados al proxenetismo para su beneficio personal o familiar?

 La respuesta del Gobierno: silencio y malestar interno
Desde la sede socialista en Ferraz, la consigna inicial fue clara: no responder directamente a lo que califican como un “ataque sin precedentes”. Sin embargo, la incomodidad ha ido en aumento a medida que el asunto se ha consolidado en la agenda pública.

En Moncloa lamentan lo que describen como una “estrategia de acoso personal” y consideran que el uso del término “partícipe a título lucrativo” —de clara connotación jurídica— constituye un intento de situar al presidente bajo sospecha sin necesidad de pruebas concluyentes. “Sabe que lo que ha dicho es un delito, por eso lo dice bajo el paraguas de la inviolabilidad parlamentaria”, señaló un alto cargo del Ejecutivo, retando a Feijóo a repetir su acusación en rueda de prensa, sin la protección legal que ofrece la tribuna del Congreso.

A pesar del clima de tensión, en el núcleo duro del PSOE se debate sobre si es conveniente responder con más firmeza o dejar que el asunto se diluya con el paso de los días. Algunos sectores del partido, especialmente del área feminista, han expresado su descontento por el aparente doble discurso del presidente: mientras relanza su apuesta por abolir la prostitución y castigar a quienes consumen sexo de pago, guarda silencio sobre el pasado de su entorno familiar.

 Las cloacas del Estado y la sombra de Villarejo
El escándalo ha ganado aún más complejidad con la aparición de informaciones que conectan los negocios del suegro de Sánchez con presuntas actividades de espionaje desarrolladas en el marco de las denominadas “cloacas del Estado”.

 Según diversos indicios, parte de las instalaciones de la sauna Adán —así como un piso superior vinculado a MUFACE— habrían sido utilizados por el excomisario José Manuel Villarejo para realizar grabaciones a políticos, jueces, empresarios y otras figuras públicas. Los espacios estarían equipados con cámaras ocultas y micrófonos, con la colaboración del propietario del establecimiento.

Estas prácticas, de ser confirmadas, pondrían en entredicho no sólo a los actores directamente implicados, sino también la integridad de ciertas estructuras del Estado. Además, reforzarían la idea de que el pasado del suegro del presidente es mucho más que un asunto privado.

A esto se suma una denuncia reciente sobre el supuesto seguimiento a la familia de Pedro Sánchez por parte de organismos policiales, incluida la obtención de datos sobre sus rutinas familiares, como las visitas al cine con sus hijas. El Ejecutivo lo relaciona con un intento de instrumentalización de los cuerpos de seguridad en beneficio de intereses políticos.

 Una grieta política, ética y mediática
El caso ha abierto un frente delicado para el Gobierno. No se trata sólo de una cuestión judicial —de momento sin causa abierta—, sino de un dilema ético y de credibilidad. ¿Hasta qué punto puede exigirse ejemplaridad a un líder político si su entorno más cercano ha estado vinculado a actividades ilícitas o socialmente reprobables?

La narrativa impulsada por la oposición busca explotar ese flanco débil: señalar al presidente como beneficiario indirecto de negocios considerados incompatibles con los valores que dice defender. Por el momento, ni la Moncloa ni el PSOE han ofrecido documentación o declaraciones oficiales que refuten las acusaciones sobre la procedencia de los fondos con los que se adquirieron algunas propiedades familiares.

 Un terreno movedizo
Pedro Sánchez afronta uno de los capítulos más incómodos de su carrera política. El silencio ante las acusaciones no ha logrado frenar su propagación, y la presión de la oposición aumenta. Mientras tanto, parte de su base social —incluidos sectores feministas— observa con creciente desconcierto la contradicción entre el discurso abolicionista y los vínculos familiares con negocios de prostitución.

La estrategia del PP, por su parte, parece clara: mantener viva esta línea de ataque durante los próximos meses, explorando todas las vías parlamentarias posibles. Queda por ver si el Gobierno optará por romper su silencio o si permitirá que el debate se desgaste en su propio ruido.

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