Sánchez acelera las cesiones a golpistas y proetarras para tapar la corrupción

En plena tormenta política por los escándalos de corrupción que afectan al núcleo duro del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por intensificar las concesiones a sus socios parlamentarios con el objetivo de blindar su permanencia en La Moncloa.

A medida que se acumulan las investigaciones y crecen las sospechas sobre amaños en contratos públicos, el Ejecutivo se ve obligado a redoblar su dependencia de las fuerzas nacionalistas y de la izquierda alternativa para garantizar la estabilidad.

La estrategia, sin embargo, no está exenta de costes. Cada acuerdo con sus aliados implica contrapartidas económicas, políticas o simbólicas que tensan aún más el equilibrio institucional y ahondan las diferencias dentro del bloque de investidura.

Un Gobierno asediado por la corrupción
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado presuntas tramas de corrupción que han alcanzado a figuras clave del partido en el poder, como los exsecretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Estas investigaciones, que apuntan a adjudicaciones irregulares y contratos públicos inflados, han generado un profundo desgaste en la imagen del Ejecutivo.

En lugar de responder con una convocatoria anticipada de elecciones, el presidente ha decidido resistir y ganar tiempo. Para ello, se ha embarcado en una política de cesiones que, aunque le permite conservar apoyos parlamentarios, genera un alto grado de controversia política y territorial.

Cataluña y el regreso a la financiación diferenciada
Uno de los movimientos más llamativos ha sido el impulso de un modelo de financiación "singular" para Cataluña. El acuerdo, que se empezó a gestar hace un año entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya como moneda de cambio para facilitar la investidura de Salvador Illa en el Parlament, ha comenzado a materializarse justo en el momento más crítico para Sánchez.

La nueva financiación, aún en fase de diseño, pretende reconocer las "singularidades" fiscales de Cataluña, una demanda histórica del independentismo. Desde ERC consideran el avance como una victoria política que da sentido a su respaldo a Sánchez en Madrid. No obstante, expertos en financiación advierten que el nuevo esquema podría generar desequilibrios respecto a otras comunidades y provocar un coste fiscal estimado en miles de millones.

A ello se suma el hecho de que Junts, tras lograr la aprobación de la controvertida ley de amnistía avalada por el Tribunal Constitucional, prepara una nueva ofensiva: exigir avances hacia la autodeterminación. Así, el Ejecutivo se enfrenta al riesgo de que cada concesión al bloque independentista abra la puerta a exigencias aún mayores.

País Vasco: traspasos, infraestructuras y control empresarial
El País Vasco también se ha visto beneficiado por el contexto. El Gobierno central ha cerrado con el PNV varias transferencias clave, entre ellas el primer paquete relacionado con la gestión de la Seguridad Social. Además, se han reactivado asuntos como la inversión en redes eléctricas, la política migratoria compartida y el impulso al reconocimiento del euskera a nivel europeo.

Uno de los gestos más relevantes ha sido el desbloqueo de la operación de rescate de la empresa Talgo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se comprometerá a aportar 75 millones de euros mediante un préstamo convertible, con la opción de entrar en el capital si la deuda no se salda en cinco años. Esta fórmula permite a los nacionalistas vascos mantener el control sobre una empresa estratégica, sin que el Estado asuma una participación directa desde el primer momento.

Por su parte, EH Bildu ha logrado consolidarse como actor institucional relevante. Ha recibido competencias de Tráfico en Navarra y terrenos estratégicos para ampliar infraestructuras culturales en Euskadi. Pero la crítica de la oposición se centra en el blanqueamiento político que, según denuncian, supone su presencia normalizada en actos oficiales pese a su negativa a condenar la trayectoria de ETA.

Sumar, el socio fiel; Podemos, el socio desencantado
En el seno de la izquierda, la brecha entre Sumar y Podemos se agranda. La formación liderada por Yolanda Díaz ha conseguido mantener su peso dentro del Ejecutivo con una estrategia pragmática y negociadora. Entre sus últimas conquistas está el compromiso del Gobierno para reactivar la tramitación de una ley que prohíba de forma total el comercio de armas y material de doble uso con Israel, una iniciativa que Sumar promovió junto a otros grupos minoritarios.

Podemos, en cambio, ha pasado a desempeñar un papel opositor, incluso desde la izquierda. La formación morada denuncia lo que califica como un “intercambio de cromos” entre el PSOE y sus socios nacionalistas para asegurar la supervivencia política de Sánchez. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha sido tajante al afirmar que el Gobierno está “desesperado” y que solo busca ganar tiempo frente a los nuevos informes que pueda emitir la Guardia Civil.

Una estabilidad sostenida en el alambre
El equilibrio de poder que mantiene en pie al Ejecutivo es cada vez más frágil. Las concesiones acumuladas generan tensiones tanto externas como internas, mientras la corrupción pone en jaque la credibilidad del proyecto político del PSOE. La gobernabilidad depende, más que nunca, de una aritmética parlamentaria que exige satisfacer a múltiples actores con intereses dispares.

En este contexto, Sánchez se enfrenta a un dilema de fondo: hasta qué punto puede seguir cediendo sin quebrar la cohesión del Estado ni erosionar su propio liderazgo. La respuesta, por ahora, parece ser seguir avanzando en la cuerda floja.

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