Sánchez entrega 1,2 millones a una ONG dirigida por la mano derecha de Óscar López

En un contexto marcado por tensiones políticas y jurídicas entre el Ejecutivo central y varias comunidades autónomas, el Gobierno ha adjudicado por vía de emergencia más de 1,2 millones de euros a una organización no gubernamental vinculada a figuras históricas del Partido Socialista para la acogida y atención de personas migrantes que han llegado recientemente a las costas españolas.

La entidad beneficiaria es la fundación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), que ha recibido estos fondos a través de siete contratos tramitados sin concurso público por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre los días 10 y 17 de julio. Esta decisión se justifica administrativamente por la ampliación de la declaración de emergencia en la atención a la llegada masiva de personas en situación irregular.

 Contratos urgentes para gestionar la acogida
Los contratos asignados a MPDL contemplan la prestación integral de servicios de acogida a 1.160 inmigrantes recién llegados de manera irregular. Entre las responsabilidades incluidas figuran la provisión de alojamiento, alimentación, transporte, atención médica básica, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y social, así como la coordinación de traslados a centros especializados o recursos hospitalarios.

Este tipo de adjudicación directa está permitida legalmente en escenarios de emergencia humanitaria, como los que se han venido produciendo en los últimos meses en zonas especialmente tensionadas por la llegada de embarcaciones, en particular el archipiélago canario.

La fundación MPDL, encargada de esta gestión, cuenta con una estructura directiva integrada por varios exdirigentes socialistas. Su actual presidente es Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada, exconsejero de Educación en la Comunidad de Madrid y exdiputado del PSOE. Además, su presidenta de honor es Francisca Sauquillo, reconocida figura del socialismo madrileño y exdiputada en diferentes cámaras legislativas. El pasado enero, Sauquillo fue nombrada presidenta del PSOE de Madrid por decisión de Óscar López, actual jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

 ONG concertadas para la gestión migratoria
MPDL forma parte del grupo de 14 organizaciones no gubernamentales con las que colabora habitualmente el Ministerio de Inclusión para gestionar la acogida inicial de personas migrantes, especialmente en situaciones de saturación o llegada masiva. Estas entidades se encargan de cubrir necesidades básicas como el suministro de productos de higiene, ropa, kits médicos, orientación educativa para menores, trámites documentales y derivaciones a otros recursos públicos o privados.

Desde el ministerio liderado por Elma Saiz, se defiende que estas colaboraciones son esenciales para garantizar una respuesta humanitaria rápida y coordinada, especialmente en puntos calientes como Canarias, Ceuta o Melilla.

 La otra cara del sistema de acogida: menores no acompañados
Mientras se destinan partidas millonarias por vía de urgencia a la gestión de adultos migrantes, el Ejecutivo se enfrenta a una fuerte confrontación institucional con las comunidades autónomas, particularmente las gobernadas por el Partido Popular, a raíz del reparto de menores extranjeros no acompañados (menas).

El Gobierno pretendía aprobar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia una distribución territorial de casi 4.400 menores, sin que se alcanzara consenso con las comunidades implicadas. La ausencia de los gobiernos autonómicos del PP obligó a cancelar la reunión y dejó en suspenso también la asignación de fondos extraordinarios para financiar esta acogida.

No obstante, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado que el plan del Ejecutivo sigue adelante y que a partir del 28 de agosto se iniciará el proceso de redistribución, aunque sea mediante resolución judicial o intervención de las fuerzas de seguridad, si las comunidades se niegan a colaborar.

 Camino a un conflicto judicial
La falta de acuerdo ha abierto la puerta a un enfrentamiento ante el Tribunal Supremo, al que podrían acudir tanto el Gobierno central como los Ejecutivos regionales en desacuerdo con el reparto. Estos últimos alegan que se estaría vulnerando el principio constitucional de igualdad territorial, al imponerles una obligación no negociada que genera desequilibrios presupuestarios y sociales, especialmente en regiones con servicios ya tensionados.

Desde el Gobierno, sin embargo, se insiste en que el real decreto-ley aprobado hace meses le faculta legalmente para realizar un reparto obligatorio, al tratarse de una situación de emergencia social que requiere de cooperación interterritorial.

 Durante el último Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, se aprobó un crédito extraordinario de 22 millones de euros para ayudar a Canarias, Ceuta, Baleares y Melilla, los territorios más afectados por la llegada de menores migrantes. No obstante, aunque este punto figuraba en el orden del día de la Conferencia Sectorial, el Ejecutivo decidió suspender la transferencia de estos fondos, manteniendo en cambio la imposición de cifras concretas de acogida por comunidad.

La situación evidencia una doble vara de gestión, según apuntan fuentes autonómicas críticas, al priorizarse contratos de emergencia con entidades próximas al Gobierno central, mientras se retrasa la financiación a los territorios responsables de la atención directa a menores no acompañados.

 Un debate abierto sobre transparencia y gestión
El uso del procedimiento de emergencia, si bien legal, plantea nuevamente el debate sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos en un área tan sensible como la inmigración. Aunque es habitual la colaboración con ONG para la atención humanitaria, la reiterada elección de entidades con vínculos políticos genera recelos en la oposición y en algunos sectores sociales que reclaman mayor control parlamentario y auditorías independientes.

La acogida de inmigrantes —adultos o menores— se ha convertido en un campo de batalla político y jurídico, con un impacto directo en la convivencia, los presupuestos regionales y la percepción ciudadana sobre la gestión de las migraciones. Mientras el Gobierno insiste en que actúa dentro del marco legal y con criterios humanitarios, las tensiones con las autonomías y la justicia siguen creciendo.

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