Un testigo clave dinamita la versión oficial del PSOE sobre su financiación

El avance del denominado caso Koldo ha dado un giro relevante esta semana, luego de que Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, prestara declaración ante la Audiencia Nacional y pusiera en entredicho la versión oficial del PSOE sobre las aportaciones económicas de altos cargos al partido. Su testimonio ha encendido las alarmas sobre una posible trama de financiación opaca, vinculada además a adjudicaciones públicas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Donaciones, advertencias y un formulario sospechoso
Durante su intervención judicial, Herrero aseguró que en 2022 fue contactado por una representante del PSOE —cuya identidad no reveló— para solicitarle una “aportación voluntaria” al partido. Según su versión, dicha comunicación se produjo tras una advertencia previa de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes y figura central del caso, quien le anticipó que recibiría una llamada de parte de la gerencia socialista.

El exalto cargo manifestó su sorpresa por el procedimiento. La interlocutora le indicó que era habitual que las personas en puestos de responsabilidad contribuyeran económicamente con el partido, y le envió un formulario para registrar sus datos y proporcionar una cuenta bancaria desde la cual realizar el cargo. Sin embargo, al consultar el importe de la supuesta donación, le dijeron que él debía decidir la cifra.

Herrero finalmente optó por no cumplimentar el formulario ni realizar ningún pago. Según declaró, tampoco recibió presión adicional por parte de la organización.

Una versión que contradice al PSOE
Este relato contrasta con la versión sostenida por la dirección del Partido Socialista. La formación política ha defendido en múltiples ocasiones que dichas aportaciones económicas son obligatorias según sus estatutos internos, y que forman parte del compromiso que los altos cargos asumen al acceder a responsabilidades públicas con respaldo del partido.

De acuerdo con un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue Ana María Fuentes —actual gerente del PSOE y responsable interina de la Secretaría de Organización tras la dimisión de Santos Cerdán— quien se habría puesto en contacto con Herrero para gestionar la aportación. El mismo informe, conocido como “Informe Cerdán”, sostiene que estos pagos podrían enmascarar una red de financiación paralela, conectada con adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia.

Imputaciones, auditorías y enfrentamientos internos
Mientras las declaraciones ante la justicia continúan, el caso sigue ampliando su alcance y comprometiendo a figuras de primer nivel dentro del Partido Socialista. Uno de los nombres más señalados es el de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y considerado durante años uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez.

Ábalos ha sido imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Su vivienda y su despacho fueron registrados por la Guardia Civil, y el avance del procedimiento ha provocado un evidente deterioro en su imagen pública. Según ha trascendido, en los últimos días ha sido objeto de acoso por parte de ciudadanos que se detienen frente a su domicilio para increparle y grabarse con mensajes ofensivos.

En una reciente entrevista, Ábalos rompió su silencio para defender su inocencia y asegurar que está siendo víctima de una operación política orquestada desde dentro del propio partido. Anunció además que presentará una querella por falsedad documental y estafa procesal contra los autores de una auditoría que, según afirma, fue elaborada con el propósito de incriminarle falsamente. “Tuve que encargar una pericial por mi cuenta para desmontar esa auditoría. Es una falsedad tremenda, hecha con un propósito claro: hacerme daño”, afirmó el exministro.

Tensión con Óscar Puente y fractura en el partido
En el centro de las acusaciones veladas se encuentra Óscar Puente, actual titular de la cartera de Transportes, a quien Ábalos señaló indirectamente durante su comparecencia. Aunque reconoció que en el pasado mantuvieron una relación cordial y basada en la admiración mutua, dejó entrever que considera su actuación como “una torpeza política de grandes dimensiones”.

Puente, por su parte, ha sido crítico con la conducta de su antecesor y no ha ocultado su decepción pública. Esta tensión ha evidenciado una creciente fractura interna en el partido, donde varios sectores se enfrentan ahora al dilema de respaldar o apartarse de figuras que durante años fueron pilares del Gobierno.

Una investigación en expansión
Los investigadores de la UCO continúan analizando las conexiones entre los supuestos pagos solicitados a altos cargos y la presunta manipulación de contratos públicos vinculados a la pandemia. La línea de investigación apunta a que parte de las donaciones podrían haber sido canalizadas como contraprestaciones por adjudicaciones amañadas, en lo que ya algunos analistas describen como una de las mayores crisis de credibilidad del PSOE en los últimos años.

Por el momento, ni la gerencia del partido ni la dirección federal han emitido una declaración formal en respuesta a la comparecencia de Herrero. Tampoco han respondido a las acusaciones vertidas por Ábalos en su entrevista, aunque fuentes cercanas a la Ejecutiva aseguran que se optará por “dejar actuar a la justicia”.

Con el caso aún en fase de instrucción, el Partido Socialista se enfrenta a una tormenta política y judicial de gran envergadura. La credibilidad de su estructura financiera, el papel de sus dirigentes históricos y la transparencia en la gestión de recursos públicos están siendo escrutados con creciente atención. La evolución del proceso determinará no solo la suerte de los implicados, sino también el impacto electoral y reputacional para la formación gobernante.

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