El supuesto espionaje a Víctor de Aldama en prisión amenaza con hacer tambalear la instrucción del caso Koldo
Un presunto pinchazo ilegal de sus comunicaciones durante su estancia en prisión amenaza con comprometer la validez de las actuaciones que se siguen contra él ante el Tribunal Supremo
Mientras la atención pública continúa centrada en la figura del exministro José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García, la investigación del conocido caso Koldo podría dar un giro inesperado por la situación judicial del empresario Víctor de Aldama. Un presunto pinchazo ilegal de sus comunicaciones durante su estancia en prisión amenaza con comprometer la validez de las actuaciones que se siguen contra él ante el Tribunal Supremo.
Un empresario en el centro de la tormenta
Aldama, considerado una pieza clave en la presunta red de adjudicaciones irregulares durante la pandemia, permaneció 42 días en prisión preventiva. Durante ese tiempo, según ha manifestado posteriormente, vivió episodios que él mismo calificó de “inexplicables”. Entre ellos figura la supuesta visita de dos agentes de las fuerzas de seguridad que, sin dejar constancia oficial en los registros penitenciarios, le habrían ofrecido ventajas procesales e incluso su puesta en libertad a cambio de mantener silencio sobre determinados asuntos.
El episodio más delicado, sin embargo, tiene que ver con las comunicaciones que mantuvo durante su reclusión. Según fuentes jurídicas consultadas, podría haberse producido una intervención irregular de llamadas entre el empresario y su abogado defensor, lo que constituiría una vulneración directa de derechos fundamentales.
La revelación que enciende las alarmas
El origen de esta sospecha está en una afirmación realizada por Leire Díez, conocida en los círculos políticos como la “fontanera del PSOE”, quien aseguró haber escuchado personalmente una conversación entre Aldama y su abogado. En esa llamada, el letrado supuestamente instaba al empresario a “hablar contra los intereses del Gobierno socialista”.
De acuerdo con las anotaciones recogidas por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, Díez habría señalado que dicha conversación pudo producirse mientras Aldama estaba en prisión y que, por tanto, podría haber sido interceptada. De confirmarse que esa escucha se realizó sin autorización judicial, el procedimiento podría enfrentarse a una grave causa de nulidad, ya que toda comunicación entre un recluso y su abogado está amparada por el derecho al secreto profesional y a la defensa.
Pese a la trascendencia de la revelación, no existe constancia de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —dependiente del Ministerio del Interior— haya iniciado ninguna investigación interna para aclarar si se produjeron interceptaciones de este tipo.
Posible nulidad ante el Supremo
Fuentes jurídicas subrayan que, de comprobarse la falta de autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Aldama, se estaría ante una vulneración de derechos fundamentales de especial gravedad. La consecuencia inmediata sería la anulación de las actuaciones relacionadas con esas escuchas, lo que podría afectar al conjunto del procedimiento que instruye el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.
En ese caso, la defensa del empresario podría invocar la doctrina constitucional que declara inválidas las pruebas obtenidas mediante medios ilícitos, lo que no solo alteraría la estrategia procesal, sino que pondría en entredicho toda la investigación en torno a Aldama.
Preocupación en el entorno político
En el acta redactada por el comandante Villalba sobre su encuentro con Díez, celebrado el pasado 10 de marzo, se refleja que la exresponsable socialista expresó su preocupación por las informaciones que Aldama estaba transmitiendo. Según el documento, Díez habría advertido que las declaraciones del empresario “podrían generar un problema sumamente grave” y que era necesario “evitar que se siguiera tirando de la cuerda”, en referencia a la posible extensión de las revelaciones.
La anotación del agente recoge textualmente que la exdirigente señaló la conveniencia de impedir por todos los medios que salieran a la luz determinados datos que podrían resultar “contraproducentes”. Esa frase ha sido interpretada en ámbitos judiciales como una muestra de inquietud ante la posibilidad de que el empresario desvelara información comprometida para altos cargos del entorno político.
Un caso con ramificaciones imprevisibles
El caso Koldo, que nació como una investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia, se ha transformado con el tiempo en un complejo entramado de presuntas influencias, adjudicaciones irregulares y favores cruzados. La posible intervención ilegal de las comunicaciones de Aldama añade ahora un componente explosivo al procedimiento.
Si se confirmara que esas escuchas se realizaron sin control judicial, no solo peligraría la validez de la causa, sino que podrían derivarse responsabilidades penales contra quienes ordenaron o ejecutaron la intervención. Además, el asunto podría tener repercusiones políticas de gran alcance, dado que las conversaciones mencionadas aluden a “intereses del Gobierno del Partido Socialista”.
Por el momento, ni el Ministerio del Interior ni Instituciones Penitenciarias han ofrecido explicaciones públicas sobre estas acusaciones. Tampoco consta que el Tribunal Supremo haya adoptado medidas específicas para esclarecer lo ocurrido, aunque las revelaciones recientes podrían motivar nuevas diligencias en los próximos días.
Una sombra sobre la instrucción
El presunto espionaje a un investigado en prisión, especialmente en comunicaciones con su abogado, constituye una de las infracciones más graves que pueden producirse en un procedimiento penal. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido tajante al respecto: cualquier vulneración del derecho a la defensa o del secreto profesional invalida automáticamente las pruebas derivadas de ella.
Por ahora, el futuro de la causa dependerá de si estas acusaciones logran demostrarse. Si lo hacen, podrían provocar un terremoto judicial y político que reconfiguraría por completo el desarrollo del caso Koldo. Si no, se trataría de un episodio más dentro de una investigación que ya acumula giros inesperados, pugnas internas y una creciente sensación de opacidad.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
La «trama Plus Ultra» vuelve a señalar a Zapatero
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a Julio Martínez Martínez, administrador de las sociedades Análisis Relevante y Voli Analítica, empresario que dio el salto al negocio de la intermediación aérea en plena pandemia, apenas ocho días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el rescate de 53 millones
El Ministerio de Hacienda concedió casi tres millones de euros a Forestalia antes del registro de la Guardia Civil
María Jesús Montero, autorizó a finales de 2022 una subvención pública de casi tres millones de euros a Forestalia, empresa que hoy se encuentra bajo el foco de la Guardia Civil tras un registro practicado en su sede por su presunta vinculación con Servinabar
Plus Ultra usó el rescate público para blanquear dinero de una organización vinculada a Venezuela como denuncio Impacto España Noticias en 2021
Según los informes incorporados a la causa, el Ministerio Público sospecha que el rescate aprobado con dinero público no solo no cumplió su finalidad de viabilidad empresarial, sino que habría servido para regularizar capitales de origen dudoso
La UCO entra en Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación de la trama del PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido en las últimas horas a Correos, Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica en busca de documentación relacionada con la presunta trama que salpica al PSOE
Forestalia y la empresa de Sumelzo crearon un enjambre con 850 sociedades
La documentación citada describe que Forestalia habría creado centenares de sociedades, superando las 800, mientras que la familia Sumelzo habría participado en más de una veintena
La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de los ministerios de Ábalos, Maroto y Ribera
En concreto señala que estas entregas de dinero podrían haber tenido la finalidad de "activar la voluntad de los responsables ministeriales" que intervinieron posteriormente