“Una ONG subvencionada con 130 millones reparte tabaco a menores inmigrantes: el descontrol del dinero público”

Una grave denuncia ha sacudido en las últimas horas a la administración pública canaria y a una de las principales organizaciones encargadas de la gestión de centros de acogida para menores extranjeros no acompañados (MENAs). La ONG Quorum Social 77, beneficiaria de más de 131 millones de euros en subvenciones públicas desde 2023, ha sido señalada por presuntamente distribuir tabaco entre los menores tutelados en uno de sus centros de atención inmediata, ubicado en el municipio de Tacoronte, Tenerife.

Las acusaciones, difundidas inicialmente a través de la red social X (antes Twitter) por el usuario @CanarioToday, se basan en una serie de fotografías que han circulado ampliamente por Internet. Las imágenes muestran una caja con cigarrillos y mecheros organizados con etiquetas manuscritas como “mañana”, “tarde” o “finde”, lo que sugiere una distribución sistemática del tabaco según horarios establecidos.

 En otro documento visual, se observa una conversación de WhatsApp entre personal del centro, donde se deja constancia de la entrega prevista de tres paquetes de cigarrillos, junto con una nota médica en la que se prescribe un paracetamol de 600 miligramos a un menor aquejado de dolor de cabeza.

Las pruebas gráficas han generado una fuerte reacción social y política. Organizaciones de protección de la infancia, juristas y representantes de partidos de todos los colores han expresado su alarma ante lo que consideran una posible vulneración grave de la ley, así como un uso escandaloso de recursos públicos destinados al cuidado y protección de menores en situación de extrema vulnerabilidad.

 Una red de centros financiada con dinero público
Quorum Social 77 gestiona actualmente al menos 23 centros de primera acogida para menores migrantes en el archipiélago canario. Su papel en la red de atención se ha consolidado especialmente desde 2023, año en que comenzó a recibir una financiación considerable por parte de instituciones públicas. En total, ha gestionado más de 131 millones de euros en menos de dos años, una cifra destinada a cubrir hasta 1.925 plazas de alojamiento para menores no acompañados.

Buena parte de estos fondos han sido canalizados a través de adjudicaciones directas y subvenciones nominativas procedentes tanto del Gobierno de Canarias —actualmente gobernado en coalición por el Partido Popular y Coalición Canaria— como del Ejecutivo central encabezado por el PSOE de Pedro Sánchez. La colaboración entre administraciones en el ámbito de la política migratoria ha sido constante, y se ha intensificado ante la creciente llegada de menores migrantes a las costas del archipiélago, fenómeno que ha puesto en tensión al sistema de acogida.

El objetivo oficial de estos recursos es garantizar condiciones dignas de vida, educación, salud y protección a niños y adolescentes que han llegado solos a territorio español, en su mayoría procedentes del Magreb y África subsahariana. Sin embargo, los indicios ahora revelados plantean serias dudas sobre el uso efectivo de esos fondos, y la capacidad del sistema para supervisar con rigor la actuación de las entidades gestoras.

 Distribuir tabaco a menores: ilegal y éticamente reprobable
El consumo de tabaco está prohibido en menores de 18 años según la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. La normativa no sólo impide la venta de cigarrillos a menores, sino que también penaliza cualquier forma de distribución o facilitación, incluyendo los entornos residenciales o institucionales. De confirmarse que los responsables del centro de Tacoronte facilitaron activamente el tabaco a los jóvenes alojados, estaríamos ante una clara vulneración de la legislación vigente, además de una posible mala praxis asistencial.

Expertos en protección de la infancia consideran que este tipo de actuaciones podrían constituir también un delito contra la salud pública, así como una infracción de las normas que regulan la tutela de menores en el sistema de protección español. “Estamos hablando de una población especialmente vulnerable, con antecedentes de trauma, desarraigo y abandono. Lo último que necesitan es que se normalicen conductas nocivas como el tabaquismo, mucho menos si se hace con respaldo institucional”, señala una trabajadora social que prefiere mantenerse en el anonimato.

 Opacidad y ausencia de respuestas institucionales
Hasta el momento, ni la ONG implicada ni las autoridades autonómicas han emitido declaraciones públicas sobre el caso. El silencio ha sido interpretado por muchos como una falta de transparencia ante unos hechos que, de confirmarse, podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.

Desde sectores políticos y sociales ya se están solicitando auditorías urgentes, tanto a los centros gestionados por Quorum Social 77 como a otras entidades del tercer sector que participan en la red de acogida de menores. “Es imprescindible una investigación inmediata. No puede ser que millones de euros se canalicen hacia estructuras donde no hay control, ni garantías de derechos básicos”, ha expresado un portavoz de una plataforma ciudadana que trabaja con jóvenes migrantes.

El escándalo amenaza con escalar en el escenario político nacional, especialmente en un momento en que el sistema de acogida de menores no acompañados está siendo cuestionado desde diversos frentes. La falta de plazas, la sobrecarga del personal, los retrasos en los trámites de documentación y la existencia de denuncias por abandono institucional ya habían generado tensiones dentro y fuera del archipiélago.

 Más allá del caso: ¿quién supervisa a quienes cuidan?
Este caso reabre una pregunta fundamental en el debate sobre las políticas sociales en España: ¿quién fiscaliza a las entidades que gestionan recursos públicos en nombre del Estado? La externalización de servicios, especialmente en sectores tan sensibles como la infancia, requiere mecanismos de control eficaces que garanticen la legalidad, la ética y la calidad asistencial.

Según especialistas en administración pública, el modelo actual adolece de “falta de inspección continua, criterios laxos de adjudicación y escasa rendición de cuentas”. Las subvenciones directas a ONGs, en lugar de licitaciones competitivas con evaluaciones técnicas exigentes, han sido objeto de críticas recurrentes por parte del Tribunal de Cuentas.

 Un caso que no puede quedar impune
La posibilidad de que menores tutelados por el Estado hayan recibido tabaco de forma habitual, dentro de un entorno supuestamente protector, financiado con fondos públicos, constituye una denuncia de extrema gravedad. Si se confirman los hechos, no sólo deberá actuarse contra la organización implicada, sino también revisarse de forma integral el sistema de gestión de centros de menores.

La infancia migrante es uno de los colectivos más vulnerables del país. Más allá de la polémica y el impacto mediático, este caso debería servir como punto de inflexión para garantizar que cada euro destinado a su protección se utilice de manera transparente, ética y legal.

Por ahora, la sociedad exige respuestas. Y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado.

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