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El diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía Rodrigo Alonso ha denunciado que Carrefour vende tomates de Marruecos como si fueran españoles. «La inacción de Moreno Bonilla ante el fraude en el etiquetado es alarmante. Hay que sancionar duramente a los que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria», ha señalado en un mensaje en la red social X.
En la misma línea, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) han denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales un posible fraude masivo en el etiquetado de tomates cherry, que están siendo comercializados en los lineales de Carrefour como productos de Marruecos, cuando en realidad provienen de explotaciones agrícolas situadas en el Sáhara Occidental.
El origen real de estos tomates es un punto crucial: según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hecha pública el 4 de octubre de 2023, los productos cultivados en el Sáhara Occidental deben ser etiquetados específicamente como procedentes de ese territorio. Cualquier otra indicación supone una vulneración de la normativa europea de etiquetado y un atentado directo contra el derecho del consumidor a conocer el origen real de lo que consume.
«A pesar de tener producción en el Sáhara Occidental, no hemos encontrado nunca una etiqueta de tomates de esta empresa que indique ese origen», ha denunciado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
Más allá del fraude al etiquetar mal los productos, el impacto es doble.
Por un lado, el consumidor pierde su derecho a una información veraz; por otro, el agricultor español sufre una competencia desleal devastadora, ya que estos tomates ingresan al mercado europeo con ventajas arancelarias que sobrepasan ampliamente los cupos establecidos.
Según datos de COAG, Marruecos ha superado desde 2019 en unas 230.000 toneladas anuales el límite de 285.000 toneladas libres de aranceles que le concede la UE, lo que ha distorsionado por completo el mercado comunitario. «Esto perjudica tanto a consumidores como a productores, al suponer una competencia desleal para nuestras frutas y hortalizas», ha subrayado Góngora.
Esta situación pone en evidencia la hipocresía de Bruselas: mientras se exige a los agricultores europeos cumplir con estrictas normativas medioambientales y de trazabilidad, se permite que terceros países violen sistemáticamente esas mismas normas sin consecuencias.
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