Trato de favor al PSOE en el caso Montoro: accedió al sumario antes del levantamiento del secreto

La sombra de la sospecha se cierne sobre el papel del PSOE en el denominado caso Montoro. Documentos judiciales consultados por este medio revelan que el partido socialista se personó en la causa antes del levantamiento del secreto de sumario, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible acceso privilegiado a una investigación judicial todavía reservada en ese momento.

Según consta en los escritos procesales, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona admitió la personación del PSOE el 12 de junio de 2025, una semana antes de que se hicieran públicas las actuaciones, el 19 de junio. Sin embargo, el propio PSOE reconoce en sus escritos que presentó la solicitud de personación incluso antes de esa fecha, cuando el caso todavía no era de conocimiento público y seguía bajo secreto judicial.

¿Cómo supo el PSOE de una causa secreta?
Esa es la pregunta que resuena en círculos jurídicos y políticos. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico sostienen que el PSOE tuvo conocimiento de la causa cuando aún estaba amparada por el secreto de sumario. Una circunstancia inusual que apunta a la posibilidad de que el partido gobernante hubiese accedido a información reservada por vías informales o institucionales.

Una de las hipótesis planteadas es que el acceso anticipado pudo haberse producido a través de la Fiscalía General del Estado, que tiene facultades para conocer detalles de causas especialmente sensibles, incluso cuando están bajo secreto. Esta posibilidad, de confirmarse, levantaría serias dudas sobre la neutralidad institucional en un procedimiento judicial con fuerte carga política.

El PSOE pide más tiempo... con ventaja acumulada
En un escrito fechado el 29 de julio de 2025, el PSOE solicitó al juez una prórroga de seis meses para la instrucción del caso, alegando la complejidad de la causa, que implica a 29 personas físicas y seis jurídicas. En dicho documento, la formación dirigida por Pedro Sánchez reconocía ya haber tenido acceso a 18 tomos de documentación judicial.

Además, el partido denuncia una supuesta falta de transparencia procesal en la notificación de resoluciones, asegurando que ha conocido a través de la prensa decisiones como la inadmisión de la personación del exministro Rodrigo Rato y otros perjudicados. Esta queja aparece recogida en un escrito firmado por su procurador.

No obstante, resulta llamativo que el PSOE afirme ir «por detrás del juzgado» en algunas decisiones, cuando en realidad se había adelantado al resto de las partes en el acceso al sumario. De hecho, la cronología judicial muestra que cuando se produjo el alzamiento formal del secreto —el 19 de junio de 2025, según el auto judicial—, el PSOE ya llevaba una semana personado en la causa y presumiblemente con acceso a documentación relevante.

Indefensión... con 18 tomos en la mano
Pese a haber accedido a una cantidad significativa de material judicial, el PSOE considera que no dispone aún del expediente completo. En sus escritos denuncia que "numerosos DVDs y anexos" aún no se han incorporado al sumario ni se han puesto a disposición de las partes, lo que, a su juicio, genera una situación de "indefensión material".

Por ello, solicita la suspensión de todos los plazos procesales hasta que se garantice el acceso total a la documentación. El partido argumenta que es imposible asumir que «el trabajo de más de cinco años de instrucción» pueda ser revisado, comprendido y evaluado dentro de los plazos ordinarios establecidos por la ley.

Un caso con carga política creciente
La polémica sobre el caso Montoro no se limita al contenido de la investigación en sí —que involucra presuntas irregularidades vinculadas a altos exresponsables de Hacienda—, sino que se amplía ahora con el papel que ha jugado el PSOE como parte personada.

Para muchos juristas, el hecho de que un partido político se persone antes de que el caso sea público, y además con acceso anticipado a documentación bajo secreto de sumario, representa una alteración sustancial del principio de igualdad procesal entre las partes.

Más aún cuando se trata del partido en el Gobierno, con conexiones institucionales que podrían facilitar —o al menos sospechar— un acceso privilegiado a información que debería estar blindada hasta la autorización judicial correspondiente.

¿Filtración o privilegio institucional?
La duda de fondo persiste: ¿accedió el PSOE a esta causa a través de una filtración ilícita o mediante canales institucionales que bordean la legalidad? Y, sobre todo, ¿cuál es el grado de conocimiento que tuvo el Gobierno o la Fiscalía General del Estado en este proceso?

Sea como fuere, el caso ya trasciende lo meramente judicial. Las acusaciones de trato de favor y las aparentes irregularidades en el acceso a una causa secreta ponen en cuestión la transparencia del sistema judicial y el respeto al principio de igualdad ante la ley.

En un contexto donde la separación de poderes es objeto de debate político recurrente, el caso Montoro podría convertirse no solo en un caso penal relevante, sino también en una prueba de fuego institucional para medir la independencia efectiva de la Justicia frente al poder político.

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