Documentación oficial enviada por la Hacienda Foral de Navarra al juez instructor del caso ha confirmado que Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, figuró como trabajador de Servinabar 2000 SL entre 2019 y 2022
Corrupción31 de julio de 2025 EC
Una red de vínculos familiares y profesionales entre altos cargos del PSOE y la constructora Servinabar 2000 SL está siendo desentrañada por la Justicia en el marco del caso Koldo, una trama de presunta corrupción que amenaza con salpicar al corazón del poder socialista. El caso, que ya mantiene en prisión provisional al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, suma nuevos indicios que refuerzan las sospechas sobre el uso de adjudicaciones públicas como mecanismo de enriquecimiento ilícito y colocación de familiares en puestos clave.
Un cuñado en nómina de la empresa adjudicataria
Documentación oficial enviada por la Hacienda Foral de Navarra al juez instructor del caso ha confirmado que Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, figuró como trabajador de Servinabar 2000 SL entre 2019 y 2022. Durante ese período, percibió 61.669 euros brutos en concepto de salarios. Muñoz Cano, según fuentes del entorno familiar, es hermano de Francisca Muñoz Cano, esposa del exnúmero tres de Ferraz. Ambos residen desde hace años en la localidad navarra de Milagro, aunque la familia de ella es originaria de Los Corrales, en Sevilla, donde aún vive el cuñado del político socialista.
La trayectoria laboral de Antonio Muñoz Cano no está vinculada directamente a Navarra. Su perfil público en redes sociales, concretamente en Facebook, no menciona ningún empleo en Servinabar ni estancia laboral en Pamplona. En cambio, asegura dedicarse al sector de la construcción y haber residido en Palma de Mallorca, donde en 2018 aprobó el nivel A2 de catalán acreditado por el Govern balear, entonces presidido por la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.
La hermana de Cerdán, con contrato vigente
El nombre de Antonio Muñoz Cano se suma al de María Belén Cerdán León, hermana del político socialista e igualmente vinculada a la empresa constructora investigada. Belén Cerdán, concejala del PSOE en Milagro y expresidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, comenzó a trabajar para Servinabar en enero de 2020 y sigue contratada por la empresa a día de hoy. En total, habría recibido 244.200 euros desde su incorporación, primero como trabajadora por cuenta propia y, desde junio de 2020, a través de una asesoría externa, según declaró recientemente el abogado defensor de Cerdán.
El contrato oculto que pone a Cerdán en el centro
La investigación dio un giro clave el pasado 10 de junio, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron las oficinas de Servinabar en Navarra. Allí encontraron un documento privado, fechado el 1 de junio de 2016, en el que se estipulaba que Santos Cerdán pasaba a controlar el 45% de la empresa de forma no oficial. Esta participación accionarial nunca fue declarada públicamente.
A raíz de ese presunto vínculo oculto, la constructora comenzó a recibir importantes adjudicaciones de obra pública, primero durante el Gobierno foral liderado por Uxue Barkos (Geroa Bai) y, posteriormente, bajo el Ejecutivo socialista de María Chivite. Entre los contratos asignados a Servinabar destacan las reformas del Archivo de Navarra, el pabellón Navarra Arena, y la construcción de varias promociones de vivienda de protección oficial (VPO).
No obstante, la adjudicación más controvertida se produjo hace un año, cuando el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite —tío de la presidenta—, otorgó a una UTE liderada por Servinabar, junto a Acciona y otra empresa local, el macroproyecto de los túneles de Belate, valorado en 76 millones de euros. Se trata del contrato de obra pública más cuantioso licitado en Navarra en la última década, y su tramitación está plagada de irregularidades, según los investigadores.
Otras conexiones familiares: el caso Alzórriz
El escándalo también ha salpicado a Ramón Alzórriz, hasta hace poco portavoz socialista en el Parlamento de Navarra y mano derecha de María Chivite. Alzórriz dimitió el pasado 18 de junio tras reconocer que su pareja sentimental, Diana Eneriz Veisa, también cobró sueldos de Servinabar, concretamente 102.834 euros brutos entre 2021 y 2024, según la información facilitada por la Hacienda navarra al juzgado.
Ni Cerdán ni Alzórriz informaron en ningún momento de las vinculaciones de sus familiares con la constructora, pese al creciente revuelo en torno al caso, especialmente tras la adjudicación de los túneles de Belate y la explosión del caso Koldo en febrero de 2024.
Una empresa investigada por el Tribunal Supremo
Servinabar 2000 SL es investigada por el Tribunal Supremo por presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Los contratos firmados bajo gobiernos socialistas habrían servido para desviar fondos públicos hacia una red que beneficiaba a cargos del PSOE y sus allegados. La instrucción del caso corre a cargo del juez Leopoldo Puente, y se enmarca dentro de una macrocausa que ya ha costado el cargo a varios altos cargos del partido.
Por su parte, Santos Cerdán permanece en prisión provisional desde el 30 de junio, imputado por cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Su caída ha supuesto un duro golpe para el entorno de Pedro Sánchez, quien confió en él como uno de sus principales operadores orgánicos desde la secretaría de Organización del partido.
El PSOE, en el centro de la tormenta
Pese a las revelaciones, el PSOE ha evitado pronunciarse con claridad sobre el alcance de la trama. En marzo, tras los primeros informes de la UCO que vinculaban directamente a Cerdán con el amaño de contratos públicos, el Gobierno de Sánchez salió en bloque en defensa de su entonces dirigente. Sin embargo, la acumulación de pruebas y las conexiones familiares directas han erosionado el discurso de respaldo incondicional.
La oposición, por su parte, ha exigido explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades. El caso Servinabar ya no es solo un asunto judicial, sino también un terremoto político que amenaza con provocar grietas estructurales en el poder autonómico navarro y en el propio Partido Socialista a nivel nacional.
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