Corrupción estructural: el PSOE en el foco por contratos con fondos europeos que superan los 450 millones

El Partido Socialista concluye uno de los cursos políticos más delicados de los últimos años, marcado por la erosión de su credibilidad institucional tras la proliferación de causas judiciales que salpican a cargos próximos al Ejecutivo. La estela de corrupción que empezó con las polémicas adjudicaciones durante la pandemia ha terminado por conformar un entramado de casos que comprometen la transparencia en la gestión de fondos públicos, especialmente aquellos cofinanciados por la Unión Europea. A día de hoy, la cifra de dinero bajo sospecha supera los 450 millones de euros.

Lo que comenzó como una investigación puntual por la compra de mascarillas ha evolucionado hasta convertirse en una red de ramificaciones que alcanza a ministerios, administraciones regionales, empresas constructoras y figuras cercanas al núcleo del Gobierno. El impacto de estas pesquisas no sólo afecta la imagen del PSOE, sino también la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya promesa de liderar una política basada en la integridad ética se ve hoy gravemente comprometida.

El epicentro: contratos bajo la lupa y el llamado “caso Koldo”
Una de las piezas clave del entramado es la investigación conocida como “caso Koldo”, en referencia a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las pesquisas abiertas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigidas por el Tribunal Supremo apuntan a una presunta red de adjudicaciones irregulares de obra pública a empresas específicas, a cambio del pago de comisiones ilegales.

El foco está puesto sobre al menos cinco contratos públicos que suman alrededor de 400 millones de euros, la mayoría de ellos vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Gran parte de estas licitaciones fueron otorgadas a la constructora Acciona, una de las principales beneficiarias según los informes de investigación.

Entre los contratos más relevantes se encuentra la construcción de la estación de cercanías de Albal, en Valencia, un proyecto valorado en 6,7 millones de euros, en el que se investiga un presunto sobrecoste cercano al millón. La Agencia Valenciana Antifraude ha comunicado al Tribunal Supremo que esta obra recibió financiación parcial con fondos europeos, lo que añade una dimensión supranacional a la investigación.

El alcance de la trama también involucra a Adif, la entidad pública de infraestructuras ferroviarias, desde donde se habrían canalizado contratos millonarios para obras en la Región de Murcia. En total, se trata de dos grandes proyectos que superan los 280 millones de euros, adjudicados bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera.

Expansión territorial: Navarra, Andalucía y otras regiones salpicadas
Más allá de Valencia y Murcia, las investigaciones apuntan a que el esquema de adjudicaciones presuntamente irregulares se habría extendido a otras comunidades autónomas. En Navarra, los informes de la UCO identifican posibles irregularidades en un contrato por valor de 6,4 millones de euros destinado a la construcción de viviendas sociales en la localidad de Erripagaña. La adjudicación, realizada bajo el Gobierno autonómico presidido por María Chivite, también habría recibido cofinanciación europea.

En Andalucía, las sospechas recaen sobre la adjudicación de obras a la constructora Obras Públicas y Regadíos S.A., propiedad de los hermanos Fernández Menéndez. Uno de los contratos más relevantes fue concedido a la UTE Monforte 379 por un importe de 7,69 millones de euros, también canalizado a través de Adif.

En total, el conjunto de adjudicaciones investigadas en el marco del caso Koldo y sus derivaciones asciende a unos 400 millones de euros, aunque la cifra podría aumentar conforme avancen las diligencias.

Mascarillas y fondos europeos: el germen del escándalo
El punto de partida de esta crisis institucional se remonta a los contratos firmados durante la pandemia para la adquisición urgente de mascarillas y material sanitario. En ese contexto, emergió la figura del empresario Víctor de Aldama, cuya relación con Koldo García y otros intermediarios destapó una red de negocios opacos con fondos públicos.

El propio Gobierno reconoció ante la Comisión Europea que al menos 17,8 millones de euros procedentes de fondos europeos se vieron comprometidos en contratos de emergencia relacionados con esta trama. La distribución de los fondos se realizó a través de dos instrumentos comunitarios: 14,7 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 3,1 millones del Fondo de Solidaridad de la UE.

El “caso Mediador”: otro frente abierto
Paralelamente, la justicia investiga el llamado "caso Mediador", una presunta red de favores y sobornos encabezada por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista en el Congreso, y el general retirado de la Guardia Civil Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como “el mediador”. Esta causa implica contratos por valor de hasta 260 millones de euros, entre los que se detectaron 12 millones de euros de fondos europeos sin justificar, canalizados hacia un proyecto en la región africana del Sahel.

La conexión con Begoña Gómez: nueva línea de investigación
En una dimensión más cercana al presidente del Gobierno, la Fiscalía Europea ha iniciado diligencias sobre los contratos públicos adjudicados a una unión temporal de empresas (UTE) vinculada al empresario Carlos Barrabés, beneficiario de recomendaciones firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Los contratos en cuestión alcanzan los 10,2 millones de euros, de los cuales al menos 8,45 millones habrían sido cofinanciados con recursos procedentes del Fondo Social Europeo. Las investigaciones intentan dilucidar si hubo tráfico de influencias o trato de favor en los procesos de adjudicación.

 Una crisis de confianza institucional
El volumen y la gravedad de las causas abiertas han generado una creciente presión institucional, tanto dentro como fuera de España. La Comisión Europea sigue de cerca el desarrollo de los procedimientos judiciales, dado el uso presuntamente fraudulento de fondos comunitarios. La posibilidad de que se reclamen devoluciones millonarias está sobre la mesa.

Por su parte, el Ejecutivo ha intentado desvincularse de las tramas, subrayando su colaboración con la justicia y asegurando que ningún miembro del actual Consejo de Ministros está formalmente imputado. Sin embargo, la opinión pública ya percibe un deterioro en la imagen del partido y del Gobierno, cuya promesa de regeneración ética ha sido severamente cuestionada.

 El horizonte judicial
En conjunto, los casos investigados representan más de 450 millones de euros en contratos públicos comprometidos, muchos de ellos con participación directa de fondos europeos. Las autoridades judiciales deberán determinar ahora el porcentaje exacto de financiación comunitaria comprometido en cada caso, el grado de legalidad en las adjudicaciones y la eventual responsabilidad penal de los implicados.

Mientras tanto, la sombra de la corrupción se cierne sobre el final de legislatura del Partido Socialista, dejando un rastro de desconfianza y alimentando el escepticismo ciudadano frente a las instituciones.

¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es

Comparte en Redes Sociales

Apoya el periodismo independiente y crítico 

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726