Hacienda examina denuncias contra la periodista Silvia Intxaurrondo por presunto uso de sociedad instrumental para evitar impuestos

La Agencia Tributaria ha iniciado el análisis de dos denuncias presentadas por ciudadanos particulares contra la periodista Silvia Intxaurrondo, actual copresentadora y codirectora del programa La Hora de La 1 en Televisión Española. Los escritos acusan a la comunicadora de un posible fraude fiscal mediante el uso de una sociedad mercantil con la que habría facturado su salario en la cadena pública, presuntamente con el objetivo de reducir o eludir su carga tributaria.

Una sociedad con ingresos elevados y pérdidas mínimas
La empresa en cuestión, Sukun Comunicación S.L., fue constituida en agosto de 2023, coincidiendo con el inicio del contrato profesional de Intxaurrondo con RTVE. Desde entonces, esta sociedad ha servido como vehículo para canalizar los pagos recibidos por su labor periodística. Sin embargo, los datos contables de los dos ejercicios fiscales de vida de la entidad han llamado la atención de varios observadores y han motivado las recientes denuncias.

Durante el ejercicio 2023 —año en que comenzó a operar la empresa, a partir de septiembre—, Sukun Comunicación declaró ingresos de 78.680 euros, pero reportó pérdidas contables de 976 euros. En el presente ejercicio 2024, los ingresos aumentaron considerablemente hasta alcanzar los 241.000 euros, aunque nuevamente la sociedad ha declarado pérdidas, esta vez de 264 euros.

Este patrón ha generado sospechas entre los denunciantes, quienes destacan que, al presentar resultados negativos, la empresa no está obligada a tributar por el Impuesto sobre Sociedades, cuya carga estándar asciende al 25 % del beneficio neto.

Denuncias ciudadanas por presunta simulación contable
Las dos denuncias, interpuestas telemáticamente ante la Agencia Tributaria los días 5 y 6 de agosto, sostienen que la estructura y funcionamiento de Sukun Comunicación podrían encajar dentro de lo que se conoce como una sociedad interpuesta, una figura utilizada a veces de forma abusiva para eludir obligaciones fiscales personales mediante facturación a través de una empresa sin actividad real propia.

Uno de los elementos que sustentan esta acusación es la elevada partida de aprovisionamientos registrada por la sociedad en 2024: 229.090,33 euros, lo que representa el 94,6 % del total de ingresos declarados. Según los denunciantes, esta cifra podría responder a una ingeniería contable destinada a reducir artificialmente la base imponible, evitando así cualquier tipo de tributación efectiva.

Los escritos señalan que no existe constancia de una actividad económica real por parte de la sociedad, ni de la existencia de empleados o recursos materiales propios que justifiquen su operativa. El objeto social se limitaría, en la práctica, a la gestión de los ingresos derivados del contrato entre RTVE y la periodista.

Posible elusión del IRPF y desigualdad tributaria
Uno de los aspectos más destacados en las denuncias es la afirmación de que, de haber tributado estos ingresos como persona física en lugar de a través de una sociedad, Silvia Intxaurrondo habría tenido que afrontar una factura fiscal de aproximadamente 99.000 euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta diferencia en la carga impositiva es uno de los puntos centrales de las denuncias, al considerar que el uso de la sociedad podría estar vulnerando el principio de igualdad tributaria, al permitir a la administradora única —Silvia Intxaurrondo— acogerse a un régimen fiscal más ventajoso del que correspondería a cualquier trabajador por cuenta ajena.

Asimismo, se sugiere que la creación de la sociedad en el mismo mes que la firma del contrato con la televisión pública no sería casual, sino que indicaría una planificación fiscal deliberada desde el inicio, orientada a evitar el pago de impuestos.

Cambio en la administración de la sociedad
Otro de los datos que se resaltan en las denuncias es que Silvia Intxaurrondo figuró como administradora solidaria de Sukun Comunicación hasta el primer trimestre de 2024, momento en el cual cesó en el cargo. Los denunciantes interpretan este movimiento como un posible intento de desvinculación formal, aunque mantienen que la periodista seguiría siendo la beneficiaria real de los ingresos y de la estructura de control de la sociedad.

De acuerdo con los escritos remitidos a la Agencia Tributaria, el cambio en la administración no implica necesariamente una ruptura con el esquema anterior, sino que podría obedecer a una estrategia jurídica para evitar responsabilidades directas en caso de una eventual investigación fiscal.

Precedentes laborales e intervención de la Inspección de Trabajo
Este no sería el primer caso en que el modelo de contratación profesional de Silvia Intxaurrondo genera controversia. En 2019, cuando trabajaba para Telemadrid, ya se detectó un supuesto uso irregular de una sociedad para facturar su salario. En aquella ocasión, la Inspección de Trabajo determinó que no se trataba de una relación mercantil válida, y obligó a la cadena autonómica madrileña a contratarla directamente como empleada.

De forma similar, la Inspección de Trabajo ha intervenido recientemente también en el caso de RTVE, tras una denuncia que cuestionaba la naturaleza del contrato actual de Intxaurrondo. El organismo resolvió que debía estar dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora por cuenta ajena, y no facturar como profesional autónoma a través de una sociedad. Esta resolución ha sido recurrida por la dirección de RTVE, que la considera improcedente.

Qué puede ocurrir ahora
Según fuentes de la propia Agencia Tributaria, todas las denuncias de este tipo son objeto de análisis preliminar. En función de la documentación aportada y de las comprobaciones que puedan realizar los técnicos en esta fase inicial, el caso podría derivar en una investigación formal. En ese escenario, Hacienda podría requerir información a la sociedad, solicitar facturas, contratos, y comprobar la veracidad y justificación de los aprovisionamientos contabilizados.

Si se constatase que la sociedad no desarrolla una actividad económica real y que actúa únicamente como vehículo para tributar menos, podría considerarse una simulación o una forma de elusión fiscal sancionable. Las consecuencias podrían ir desde sanciones económicas hasta la regularización del IRPF no ingresado, con intereses de demora, recargos e incluso la posible derivación de responsabilidad si se aprecia dolo o fraude.

 El caso de Silvia Intxaurrondo refleja una problemática cada vez más observada por las autoridades fiscales: el uso de sociedades aparentemente constituidas con el único fin de canalizar ingresos personales de forma más favorable fiscalmente, sin que exista una estructura empresarial real. Más allá del resultado de la investigación, este tipo de actuaciones plantean un debate sobre la equidad del sistema tributario, y sobre cómo se deben interpretar los límites entre la planificación fiscal legal y la elusión o fraude.

La Agencia Tributaria ahora tiene la palabra. De sus conclusiones dependerá si este asunto queda en una mera sospecha o se convierte en un nuevo caso mediático de ingeniería fiscal en el sector público.

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