La mitad de los españoles cree que sería mejor cerrar el Senado

La institución que la Constitución define como Cámara de representación territorial atraviesa uno de los momentos de mayor cuestionamiento desde la Transición. Una encuesta elaborada por la consultora Target Point en mayo revela que casi la mitad de los ciudadanos preferiría prescindir de ella antes que mantenerla con sus actuales funciones, mientras que un sector reducido defiende su continuidad sin cambios y una proporción creciente de la población opta por la indiferencia.

Un respaldo menguante a su supresión
Según el sondeo, el 49 % de los encuestados considera más conveniente cerrar la Cámara Alta frente al 16 % que se opone a esa posibilidad. El resto, un 35 %, declara no tener una opinión firme al respecto.

La comparación con los datos recogidos en marzo de 2020 muestra una tendencia significativa: hace cinco años, seis de cada diez ciudadanos se inclinaban por la eliminación del Senado, un porcentaje que hoy se ha reducido en torno a quince puntos. La oposición abierta a esa medida era entonces del 13 %, y la neutralidad apenas alcanzaba el 24 %. En la actualidad, el grupo de quienes no se posicionan ni a favor ni en contra se ha convertido en el bloque con mayor crecimiento.

Diferencias según la orientación política
La encuesta también refleja cómo la percepción de esta institución varía en función de las siglas a las que los entrevistados declaran su voto. Los electores de Vox son los que muestran mayor inclinación a favor de suprimirla, con un 68 %. A continuación aparecen los simpatizantes de formaciones nacionalistas (55 %), seguidos de los votantes del PSOE (54 %) y de Sumar (51 %). Por debajo de la media se sitúan los votantes del PP (45 %), Se Acabó la Fiesta (44 %) y Podemos (43 %).

El contraste con 2020 es llamativo: en aquel momento, más del 80 % de los nacionalistas se pronunciaba claramente a favor de su eliminación. Los porcentajes tampoco descendían del 50 % en el resto de partidos. Vox y Podemos alcanzaban entonces un 66 % de apoyo a esta idea, mientras que PSOE y PP rondaban el 57 %.

La evolución de estos datos refleja un desgaste del rechazo frontal al Senado y, en paralelo, un aumento de la indiferencia entre el electorado, quizá más por desapego que por una reconsideración de su utilidad.

Composición y funciones constitucionales
El Senado, tal y como recoge el artículo 69 de la Carta Magna, es la Cámara de representación territorial y, junto al Congreso, conforma las Cortes Generales. Sus integrantes son elegidos cada cuatro años. Tras las elecciones generales celebradas en julio de 2023, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo obtuvo la mayoría absoluta con 120 escaños.

La representación se distribuye de la siguiente manera: cada provincia elige a cuatro senadores, mientras que las islas tienen un reparto diferenciado —tres para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno para Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma—. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con dos cada una.

En lo que respecta a sus atribuciones, la Cámara Alta participa en la elaboración de las leyes, revisando los textos que llegan del Congreso. Puede aprobarlos, enmendarlos o vetarlos, en este último caso por mayoría absoluta. Además, tiene la posibilidad de presentar sus propias iniciativas legislativas. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado también pasa por sus manos, aunque solo para incorporar enmiendas antes de regresar a la Cámara Baja.

La función de control al Ejecutivo, aunque menos visible que en el Congreso, forma parte igualmente de sus competencias. Sesiones de control, preguntas al Gobierno, comparecencias, mociones y comisiones de investigación son algunas de las herramientas de fiscalización que se desarrollan en el Pleno y en las comisiones senatoriales.

El pulso político en la Cámara Alta
En el presente ciclo político, el Partido Popular ha convertido al Senado en uno de sus principales escaparates. La dirección popular destaca la importancia de la institución en la difusión de su proyecto y en la fiscalización del Gobierno. La ausencia del presidente y de varios ministros en las sesiones de control ha sido uno de los principales motivos de fricción entre ambas instituciones.

Pedro Sánchez no acude desde marzo de 2024, lo que llevó al grupo mayoritario a promover una reforma del Reglamento. El cambio, aprobado en junio, obliga al jefe del Ejecutivo a acudir al menos una vez al mes para someterse a las preguntas de los senadores.

Los populares también han denunciado el bloqueo en el Congreso de una veintena de leyes que ya han superado el trámite en la Cámara Alta. Para el partido, esta situación evidencia un desprecio institucional que busca restar relevancia al Senado. En respuesta, sus portavoces subrayan que la solución no pasa por reducir su peso, sino por reforzarlo y aumentar su protagonismo.

Una institución en el centro de la controversia ciudadana
La encuesta y la confrontación política muestran que el Senado continúa siendo una de las piezas del engranaje institucional que genera más dudas en la opinión pública. Mientras los partidos utilizan su actividad como instrumento estratégico, la ciudadanía se reparte entre quienes lo perciben como un órgano prescindible, quienes defienden su existencia sin matices y una creciente mayoría que lo observa con distancia, sin una postura definida.

El futuro de la Cámara Alta, por tanto, no se juega únicamente en el terreno parlamentario. La legitimidad social y la percepción de su utilidad parecen ser los factores clave que determinarán su papel en los próximos años dentro del sistema democrático español.

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