Trump elimina a casi 300.000 inmigrantes ilegales de la lista de receptores de prestaciones sociales

Donald Trump aseguró esta semana que su administración ha logrado expulsar a casi 275.000 inmigrantes en situación irregular de los registros de la Seguridad Social, en lo que presentó como un esfuerzo para proteger las prestaciones destinadas a ciudadanos y residentes legales.

El anuncio se dio en el marco del 90.º aniversario de la creación del sistema de Seguridad Social, un programa que Trump calificó de “fundamental para nuestros queridos adultos mayores”. “El mes pasado firmé el proyecto de ley One Big Beautiful Bill y dispuse que no se graven las prestaciones de la Seguridad Social para nuestros mayores”, declaró el presidente en un evento oficial. “Y para proteger nuestras prestaciones sociales ya hemos expulsado a casi 275.000 inmigrantes ilegales del sistema de seguridad social”.

La afirmación se produce pocos meses después de que, el pasado 15 de abril, Trump firmara una nota presidencial ordenando a las agencias federales “tomar medidas inmediatas” para depurar el sistema de Seguridad Social y garantizar que personas indocumentadas o con estatus irregular no puedan acceder a beneficios que, por ley, están reservados únicamente a ciudadanos y residentes permanentes.

 ¿Desaparecieron realmente 275.000 beneficiarios?
De acuerdo con la Administración de la Seguridad Social (SSA), se retiraron de sus registros aproximadamente 275.000 personas sin estatus legal. Sin embargo, expertos y medios aclaran que no todos estos individuos estaban recibiendo pagos de prestaciones. Muchos de ellos fueron simplemente eliminados de la base de datos al actualizarse su situación migratoria o porque ya no residían en el país.

Esto significa que la declaración de Trump, en la que sugiere que cientos de miles de inmigrantes “desaparecieron de la lista de receptores de prestaciones sociales”, puede inducir a error: el ajuste fue administrativo y no necesariamente implicó que esas personas estuvieran cobrando dinero público.

 La ley ya lo prohibía
Diversos analistas también recuerdan que la legislación estadounidense ya prohíbe expresamente que inmigrantes indocumentados reciban beneficios de la Seguridad Social. En este sentido, la orden ejecutiva firmada por Trump en abril no cambió la ley, sino que reafirmó la obligación de las agencias de reforzar los controles.

El diario MarketWatch subrayó en su cobertura que la firma del memorando fue, en parte, un gesto político en un contexto en el que Trump ha endurecido su discurso sobre inmigración y ha acusado a la administración de Joe Biden de permitir que “millones de ilegales drenen recursos y servicios esenciales de los ciudadanos”.

 El impacto económico: ¿alivio o riesgo para el sistema?
Más allá de la dimensión política, la medida podría tener un efecto inesperado en las finanzas del propio sistema. La Seguridad Social se financia principalmente a través de los impuestos sobre nómina que pagan trabajadores y empleadores. Y en este punto, los inmigrantes sin estatus legal juegan un papel relevante: aunque no son elegibles para beneficios, millones de ellos contribuyen con miles de millones de dólares al fondo a través de retenciones laborales.

El Washington Post y Business Insider señalan que, al sacar a más personas del sistema, se corre el riesgo de reducir la base de contribuyentes, lo que a la larga podría acelerar la insolvencia del fondo de prestaciones. Los cálculos más recientes de la Junta de Fideicomisarios de la Seguridad Social advierten que, si no se hacen cambios estructurales, el programa podría agotar sus reservas en la próxima década.

 Una batalla política en año electoral
El discurso de Trump combina la defensa del sistema de Seguridad Social con un nuevo capítulo de su política migratoria, una de sus banderas más controvertidas. Al enmarcar la eliminación de 275.000 personas como un triunfo contra el “abuso” y la “estafa”, busca reforzar su narrativa de que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a ciudadanos y residentes legales.

Sin embargo, opositores y expertos advierten que se trata de una medida más simbólica que efectiva, ya que la ley ya prohíbe el acceso de inmigrantes indocumentados a estos beneficios. Además, subrayan que los cambios administrativos podrían tener consecuencias económicas contraproducentes para la sostenibilidad del sistema.

En cualquier caso, el anuncio llega en un momento clave, cuando la campaña presidencial de 2025 empieza a intensificarse y el debate sobre el futuro de la Seguridad Social se ha convertido en un eje central de la discusión política.

 La afirmación de Trump contiene una parte de verdad: la SSA retiró de sus registros a unas 275.000 personas sin estatus legal. Pero no hay evidencia de que todas estuvieran recibiendo beneficios. Más bien, se trató de una actualización administrativa impulsada por un memorando presidencial que reafirma leyes ya existentes.

El gesto refuerza el discurso político del presidente en torno a la inmigración y la protección de los mayores, aunque genera dudas sobre su impacto real en las finanzas del sistema de Seguridad Social, que sigue enfrentando graves riesgos de solvencia en la próxima década.

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