El ascenso de una edil imputada por fraude electoral desata la polémica en el PSOE sevillano

La designación de Rocío López, concejala en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, como nueva responsable de la Secretaría de Infancia en la dirección provincial del PSOE de Sevilla ha generado una fuerte controversia. El motivo es que la dirigente socialista se encuentra actualmente imputada en una causa judicial que investiga un presunto fraude de voto por correo en las elecciones municipales de 2019.

Lejos de ser apartada o mantenida en un segundo plano mientras avanza la instrucción, López ha sido promovida dentro de la estructura orgánica del partido, lo que ha sido interpretado como un gesto de respaldo político por parte de la cúpula socialista sevillana. En las imágenes oficiales del congreso provincial en el que se cerró la nueva dirección, la concejala aparece sonriente junto a dirigentes autonómicos y nacionales, lo que ha reforzado la percepción de que el partido no solo no se distancia de ella, sino que apuesta por darle visibilidad.

 Un caso bajo lupa judicial
La investigación en torno a Albaida del Aljarafe se abrió tras detectarse irregularidades sistemáticas en la tramitación del voto por correo. Entre los hechos señalados figuran solicitudes tramitadas directamente por intermediarios vinculados al PSOE local, documentos firmados con caligrafía presuntamente coincidente con la de la propia edil, e incluso casos en los que la documentación electoral habría sido enviada a su propio domicilio, lo que contraviene el procedimiento reglado de Correos.

El caso no se limita a simples sospechas. En el sumario constan informes periciales de especialistas en caligrafía que apuntan a la coincidencia entre la letra de López y la empleada en decenas de formularios. También se ha acreditado que en al menos un expediente, la documentación acabó en la vivienda de la concejala y de su marido, ambos investigados en la causa.

 Testimonios que apuntan a la compra de votos
Uno de los elementos más delicados de la investigación son los testimonios de vecinos que aseguran haber recibido ofertas de trabajo a cambio de su voto. Un joven declaró ante la Guardia Civil que se le prometió un contrato de un mes en el Ayuntamiento si aceptaba firmar la solicitud de voto por correo a favor del PSOE. Según su versión, ni siquiera tuvo que desplazarse a una oficina de Correos: simplemente entregó su DNI y firmó unos papeles, dejando en manos de terceros todo el proceso.

En este episodio concreto, el supuesto ofrecimiento lo habría realizado el marido de la edil, también investigado, quien habría actuado como enlace en la captación de votantes. La declaración del testigo forma parte del núcleo central de la causa y ha sido ratificada en sede judicial.

 Un patrón que se repite en otros territorios
Los investigadores no consideran que lo ocurrido en Albaida del Aljarafe sea un hecho aislado. De hecho, en los últimos años se han detectado casos similares en distintas provincias españolas: Almería, Murcia, Tenerife, Melilla o Ciudad Real, entre otras. El denominador común en todos ellos es el mismo: la utilización de militantes o cargos públicos para captar electores vulnerables, la promesa de empleos o favores a cambio del voto, y la manipulación de la documentación electoral en el proceso de voto por correo.

Este conjunto de irregularidades ha llevado a los investigadores a hablar de un modus operandi sistemático y organizado, más allá de un simple exceso de celo en campañas locales.

 La reacción política
La decisión del PSOE de Sevilla de mantener y promocionar a López ha sido duramente criticada por la oposición. El Partido Popular, principal fuerza en el Ayuntamiento de Albaida, ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para depurar responsabilidades y exigir explicaciones públicas tanto a la dirección provincial como a la autonómica del PSOE. Los populares acusan a los socialistas de “blanquear” a una dirigente bajo investigación y de “minimizar un escándalo de fraude electoral que atenta directamente contra la democracia”.

Por su parte, desde la dirección provincial socialista se guarda silencio. Ni el secretario general del PSOE de Sevilla ni otros dirigentes relevantes han ofrecido declaraciones públicas sobre la polémica, limitándose a presentar la nueva ejecutiva como un equipo renovado y preparado para afrontar los próximos retos políticos.

 Fiscalización de la justicia
El procedimiento judicial, inicialmente ralentizado, ha cobrado nuevo impulso en los últimos meses. La Fiscalía, que en un principio había mostrado reticencias a profundizar en las diligencias, ha acabado aceptando la práctica de nuevas pruebas tras la presión ejercida por las acusaciones particulares y el volumen de indicios reunidos por la Guardia Civil.

Entre las pruebas pendientes de valoración figuran los dictámenes caligráficos definitivos, la trazabilidad de las solicitudes de voto por correo y la identificación de las personas que habrían recibido beneficios a cambio de su sufragio.

 Una incómoda herida abierta
La presencia de Rocío López en la nueva dirección provincial del PSOE de Sevilla deja abierta una herida política y judicial que amenaza con ensancharse en los próximos meses. Para la oposición, se trata de un caso paradigmático de impunidad. Para el PSOE, una apuesta arriesgada que podría volverse en su contra si la instrucción judicial se convierte en un proceso penal con consecuencias más graves.

Sea como fuere, el nombramiento de una edil investigada por presunta compra de votos como responsable de Infancia en la principal organización socialista de Andalucía ha elevado la tensión política en la provincia y reavivado el debate sobre los límites de la regeneración democrática en España.

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