"Sánchez presume de feminismo mientras expulsa a las prostitutas de la economía"

El Ministerio de Igualdad trabaja con el INE para que se excluyan los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que la declaración de los ingresos generados por la prostitución habían comenzado a ser recogidos como «prestación o concertación de servicios sexuales».

 El Ejecutivo tradujo literalmente la guía de Eurostat, de modo que no se dio cuenta de que se había reconocido la prostitución como actividad económica, y la ministra Ana Redondo ha anunciado que la excluirá para ser coherente con su agenda abolicionista. Esto ha enfadado al sector.

 La plataforma Stop Abolición, conformada por trabajadores sexuales, denuncia que el Gobierno no se había percatado de esto, y que, tras revelarse, ha cedido a la presión de las asociaciones feministas, que creerían que «el PSOE es un partido tan putero que pudiera estar intencionalmente favoreciendo la actividad de manera encubierta o dispuesto a la traición de sus compromisos legislativos sobre la prostitución». 

 Las prostitutas sostienen que «el origen de la armonización fiscal que se nos exige parte de una sentencia del TJUE (Asunto C-268/99, Jany y otros, 20 de noviembre de 2001) en la que se determina que cualquier actividad económica está sujeta a tributación si no está específicamente prohibida en la legislación nacional».

 Por esto, consideran que la «ofensiva» contra esta nueva explicitación del trabajo sexual en los epígrafes CNAE chocará con varias trabas:

«En España el trabajo sexual no está actualmente prohibido; la promesa abolicionista del PSOE incluye persecución del cliente y todos los servicios alrededor del trabajo sexual, pero tampoco de la trabajadora sexual autónoma; aunque haya mejorado su contenido, el epígrafe 96.99 (Otros servicios personales n.c.o.p) ha sido tradicionalmente el código de tributación más utilizado por las trabajadoras sexuales. Ya existe una numerosa población de trabajo sexual declarado en él. ¿Qué aportaría el borrado estadístico de una actividad que lleva ya años integrándose en él?».

La asociación Stop Abolición fue consultada por el INE el pasado año para la actualización de las estimaciones de porcentaje del PIB de esta actividad, y advirtió entonces de que un notable porcentaje de nuestra actividad ya tributa. «No hace falta una inspección fiscal punitiva para evaluar que si quieres gozar de una pensión, bajas de contingencia o acceder a la hipoteca de una vivienda, la única vía de hacerlo en España es a través de una economía personal cotizada y tributada», sostiene la plataforma.

«Luchamos por alzar nuestra voz y también por nuestra seguridad. Las experiencias de Francia, Suecia e Irlanda dejan patente que los grupos impulsores del abolicionismo solo pretenden esconder y disuadir de una actividad mal vista moralmente a cualquier precio.

Y eso incluye la marginalidad y la violencia, como numerosos estudios constatan. Por ello anunciamos que lucharemos legalmente para que el reconocimiento de nuestra actividad explícitamente en la CNAE permanezca y que ofreceremos nuestra voz de manera incansable a los partidos y colectivos que quieran escucharnos», zanjan.

Piden su dimisión
«Estamos ante el enésimo ataque del Gobierno y de Ana Redondo hacia los derechos de las trabajadoras sexuales, pese a que esta modificación fue aprobada en el Consejo de Ministros», señala Miquel Bibiloni, secretario de relaciones internacionales del sindicato OTRAS de trabajadoras y trabajadores sexuales, que baraja dos hipótesis: «Ana Redondo siente y sabía lo que contenía la modificación o no se lee lo que aprueba».

 En cualquier caso, considera Bibiloni, «no está capacitada para desempeñar el cargo de ministra por sus reiteradas negativas a reunirse con los colectivos de trabajadoras sexuales y por asediar constantemente los derechos humanos de las mismas».

«El PSOE no está capacitado para tratar sobre el trabajo sexual, ya que carece del rigor y la imparcialidad necesaria para tratar el tema con la seriedad que le corresponde visto los numerosos casos de corrupción vinculados a nuestro trabajo», abunda el portavoz de OTRAS, que zanja:

«Las trabajadoras sexuales pagamos impuestos desde hace décadas con epígrafes falsos y contratos ficticios porque se nos niega el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Este último intento por borrar nuestra realidad, aunque sea de manera simbólica, no consigue tapar la realidad: que somos trabajadoras, que cotizamos y contribuimos al PIB del país, y que, como todo trabajador, merecemos derechos laborales.

Así mismo, exigimos la aprobación de nuestra ley de despenalización del trabajo sexual, la cual presentaremos próximamente en toda España tanto a la sociedad civil, como a los partidos políticos».

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