Andalucía apuesta por el programa de cultura marroquí
La Región de Murcia ha decidido poner fin al Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una medida que sigue la estela de la Comunidad de Madrid y que responde a la presión de Vox, fuerza política que ha condicionado su apoyo a los presupuestos regionales de 2025 a la supresión de esta iniciativa educativa. Con esta decisión, Murcia se coloca junto a la capital como las dos comunidades que han retirado un proyecto en vigor desde hace casi cuatro décadas en España.
Por el contrario, en Andalucía el programa mantiene plena vigencia y es defendido públicamente por el Gobierno autonómico, lo que ha reabierto un debate de fondo en torno a la convivencia, la integración del alumnado de origen extranjero y el modelo educativo que debe prevalecer en el país.
Un programa con casi 40 años de historia
El PLACM comenzó a aplicarse en 1985 bajo el paraguas del Convenio de Cooperación Cultural entre España y Marruecos de 1980, todavía en vigor. Su puesta en marcha perseguía un objetivo claro: facilitar que los hijos e hijas de familias marroquíes residentes en España pudieran mantener el vínculo con su lengua y su cultura de origen, al tiempo que se impulsaba su integración en el sistema educativo español.
Se trata de un programa extracurricular y de participación voluntaria, aunque en la práctica las clases pueden desarrollarse tanto dentro como fuera del horario lectivo. El profesorado que lo imparte procede de Marruecos y es designado por su administración, en coordinación con el Ministerio de Educación español y las comunidades autónomas. Precisamente, este punto ha sido uno de los más criticados por Vox y por sectores que cuestionan que el Estado español no tenga control directo sobre los contenidos ni sobre quienes enseñan en las aulas.
La postura de Andalucía: “Un programa tan válido como cualquier otro”
En Andalucía, el PLACM está más implantado que en ninguna otra comunidad autónoma. Durante el curso 2024-2025 funciona en 95 colegios e institutos, lo que supone prácticamente un centenar de centros educativos y convierte a esta región en el principal referente de su aplicación.
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, defendió esta semana en el Parlamento andaluz la continuidad del programa frente a las críticas de Vox. “Excluir a las personas porque no piensen como nosotros o no crean como nosotros es un error. Este programa es tan válido como cualquiera de los que desarrollamos en Andalucía”, sostuvo durante su intervención.
Castillo recordó que el Ejecutivo andaluz también impulsa otros proyectos culturales y lingüísticos, como los dedicados a la comunidad rumana o portuguesa, las Aulas Confucio para la enseñanza del chino o los diferentes programas bilingües de inglés y francés. Según la consejera, el valor del PLACM radica en que permite que el alumnado conviva “en un entorno educativo basado en el respeto” y, además, da cumplimiento al derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones.
Las críticas de Vox: “Marruecos introduce su cultura en nuestras aulas”
Desde la bancada de Vox en el Parlamento andaluz, liderada por Manuel Gavira, la visión es radicalmente opuesta. Sus representantes sostienen que la Junta “no controla los contenidos ni al profesorado”, lo que, a su juicio, abre la puerta a que “Marruecos introduzca su cultura en las aulas andaluzas con el beneplácito del Gobierno regional”.
Los de Santiago Abascal entienden que este tipo de iniciativas dificultan la integración, generan segregación y retrasan la adquisición plena del español entre los hijos de familias inmigrantes. Argumentan además que, mientras se destinan recursos a programas de este tipo, se desatienden materias como el Latín o se reduce el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
En el caso de Andalucía, Vox ha puesto el foco en la provincia de Almería, que concentra el 40 % de los centros donde se imparte el programa. Para ellos, esta situación resulta “inadmisible” y debería sustituirse por programas de refuerzo en lengua española y cultura común.
Madrid y Murcia: motivos diferentes para el mismo desenlace
En la Comunidad de Madrid, la cancelación del PLACM se justificó oficialmente en la existencia de “disfunciones graves” de funcionamiento, aunque Vox había presionado para su retirada. En el caso de Murcia, la medida se adopta de manera más explícita como parte del acuerdo presupuestario con el partido de ultraderecha, que exigió la eliminación del programa a cambio de apoyar las cuentas públicas para el próximo ejercicio.
De este modo, en apenas unos meses dos comunidades gobernadas por el Partido Popular han dado por finalizada una iniciativa que sigue activa en una decena de autonomías.
El trasfondo: el derecho a la enseñanza religiosa y cultural
El debate sobre el PLACM no puede separarse del marco más amplio sobre la enseñanza de religión en España. Según la Comisión Islámica de España (CIE), durante el curso 2024-2025 hay 290.110 alumnos musulmanes matriculados en el sistema educativo, unos 8.000 más que el año anterior. Sin embargo, el 95 % de ellos —alrededor de 276.000 estudiantes— no recibe clases de religión islámica, pese a tener derecho a ello.
La CIE denuncia que muchos colegios ni siquiera ofrecen la asignatura o no informan a las familias de que existe la posibilidad de solicitarla. Desde su punto de vista, esta carencia supone una vulneración de derechos fundamentales y refuerza la importancia de programas complementarios como el PLACM.
Un pulso político y social abierto
La eliminación del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Murcia y Madrid, frente a su consolidación en Andalucía, ejemplifica las distintas visiones que conviven en España sobre la gestión de la diversidad cultural y religiosa en las aulas.
Mientras algunos gobiernos autonómicos apuestan por reforzar la identidad común y reducir la influencia de terceros países en la educación, otros defienden que el reconocimiento de las raíces culturales del alumnado inmigrante favorece la integración, la convivencia y el respeto mutuo.
La cuestión, lejos de cerrarse, parece llamada a convertirse en uno de los debates educativos más intensos de los próximos años, con el trasfondo de casi 300.000 alumnos musulmanes que esperan ver garantizados sus derechos en el sistema educativo español.
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