Los MENAs y la burda simplificación humanitaria

Como todos ustedes saben, el acrónimo MENA tiene por significado “menor no acompañado”. Estos “MENAs” llegan a nuestro territorio como parte de una inmigración ilegal (sin papeles y no solicitada) que cada día crece en número, desafiando la capacidad de España para acoger a todos los que vienen y a los que van a seguir viniendo en el futuro si nadie intenta poner freno. Como consecuencia de ello, aparecen vertiginosamente, como si se tratase de setas, nuevos centros de primera acogida esparcidos a lo largo y ancho de la geografía española.

La acogida de menores extranjeros no acompañados se justifica por el deber internacional y nacional de proteger a la infancia, la responsabilidad de asegurar sus derechos fundamentales y su bienestar, y la necesidad de evitar que se encuentren en situación de desamparo o vulnerabilidad extrema.

El presente artículo intentará explicar algunos aspectos que al contribuyente y a cualquier ciudadano español pueden interesar para formarse una idea de la escasa conveniencia de seguir acogiendo, sin la adecuada planificación ni recursos suficientes, a esta avalancha migratoria de difícil justificación.

Llegada y acogida de los MENAs a territorio español

La mayoría de los MENAs, como la inmensa mayoría de la inmigración ilegal, entran por vía marítima a territorio español procedentes de África, principalmente a Canarias. Llegan mediante pateras o en algún barco perteneciente a organizaciones presuntamente humanitarias como los de la organización Open Arms que, hipotéticamente, los recogen como náufragos en mar abierto y los llevan, no al puerto más cercano como indica la legislación internacional, sino a los países como España que consienten su acogida.

Imágenes de satélite permiten afirmar que existen numerosos barcos, pertenecientes a mafias del lucrativo negocio del tráfico de personas, que recogen a los interesados en puertos de la costa africana y, por un precio determinado, gestionan su traslado hasta las aguas territoriales españolas. Llegados a estas aguas, pasan a pateras o los recoge un barco supuestamente “humanitario” que trabaja de forma coordinada con las mafias y que completa el recorrido.

Las mafias no solo admiten dinero como pago del servicio que proporcionan, sino que, según indican expertos de la consejería de Familia de la comunidad de Madrid, buscan el compromiso de aquellos inmigrantes insolventes y/o con bajos escrúpulos morales de integrarse en organizaciones de narcotráfico en el país de destino para pagar la deuda adquirida.

Antes de llegar a nuestro territorio nacional, los MENAs suelen extraviar intencionadamente sus papeles de identidad con dos objetivos: intentar evitar la deportación al país de nacionalidad y falsear su edad real para que puedan ser acogidos como menas, en régimen abierto, tanto tiempo como les sea posible.

Un informe de la Fiscalía General del Estado indica que la mayoría de los catalogados como MENAs no superan la prueba que garantiza una edad biológica inferior a los 18 años. El 32,49% de las pruebas determinaron mayoría de edad y 49,42% de los casos son archivados. La Fiscalía señala que la mayoría de los casos archivados se deben al abandono temprano de los centros por parte de los MENAs antes de que se disponga de la resolución de la prueba de edad. Una práctica que, según las mismas fuentes, suele estar motivada por el temor a ser reconocidos como mayores de edad.

El marco legal

Existen dos documentos que establecen las líneas maestras en relación con la atención a la infancia. Estos son:

Convención sobre los Derechos del Niño (Convención sobre los Derechos del Niño) (Países firmantes – UNTC)
Directiva europea 2013/33 de la UE (Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo)
No voy a detallar de forma pormenorizada el contenido de ambos, pero sí voy a contar algunos detalles que no deberían obviarse.

 Se consideran niños a los menores de 18 años. Me parece relevante mencionar que la niñez se haya extendido hasta los 18 años, en contraste con la definición que hace el diccionario de la RAE sobre el término niñez que indica que es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la pubertad, siendo la pubertad el momento en el que el ser humano desarrolla su madurez sexual.

La Convención tiene carácter obligatorio para todos los países firmantes. Es decir, aplicaría tanto a países ricos como pobres firmantes.  Marruecos y Argelia, principales países de procedencia de los MENAs acogidos en España firmaron la convención el 26/01/1990 y la ratificaron pocos días después, pero siguen desentendiéndose de sus propios niños con el beneplácito de las Naciones Unidas. Por otra parte, Estados Unidos no ha ratificado la Convención.

El objetivo es el de evitar la pobreza, proporcionar el acceso a la educación y protección frente al abandono, proporcionando un entorno protector que les defienda de la explotación, los malos tratos y la violencia.
Se presenta a la familia como medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en especial de los niños. No puede quedar más claro que el espíritu de la Convención entiende que el mejor lugar para los niños es junto a su familia.

Los Estados velarán para que los niños no sean separados de sus padres salvo como consecuencia de una decisión judicial. No parece que ésta sea una preocupación de los países que acogen a los MENAs.
Todo niño tendrá derecho a la vida. Circunstancia que se obvia olímpicamente por los países firmantes que han convertido el aborto en un derecho.

El niño dispondrá de protección legal tanto antes como después de su nacimiento.
Se garantizará especial protección de mujeres y niños en estados de emergencia y conflicto armado.
Colaboración internacional para mejorar las condiciones de vida de los niños de todos los países. Imprecisa declaración de intenciones.

Los países asegurarán la aplicación de la Convención a todos los niños sujetos a su jurisdicción. Esa protección respetará los derechos y deberes de sus padres, tutores y personas responsables.

Los Estados dedicarán los máximos recursos de que dispongan. Aquí aparece una imprecisa declaración de intenciones que en manos de irresponsables, si no se concreta, puede permitir cualquier tropelía.

La directiva europea 2013/33, que pretende regular también las normas de acogida de los solicitantes de asilo, se remite, en lo que más nos incumbe, a lo indicado en la Convención sobre los derechos del Niño, estableciendo, además, partidas presupuestarias del Fondo Europeo para dotar las necesidades derivadas.

Coste de los MENAs

El coste promedio requerido para la atención de un MENA es de 145 €/día. Lo que hace una cantidad de 4350 €/mes. Esta cantidad va destinada a atender los costes de alojamiento, manutención, gastos de gestión y atención integral. Actualmente, el gobierno central solo aporta, por cada MENA, la cantidad de 67 €/día teniendo que sufragar las comunidades autónomas el resto.

Gobernar es establecer prioridades y dedicar los recursos disponibles según las preferencias del que gobierna. No parece lógico que España tenga que hacer frente a responsabilidades que los países de origen de los MENAs, firmantes también de la Convención de las Naciones Unidas, no quieren aceptar.

El coste de oportunidad resultante de atender a los MENAs que han llegado a nuestro territorio es que otras necesidades sociales de los ciudadanos de nuestro país no se pueden satisfacer. Por ejemplo, atender adecuadamente a los pacientes de ELA, o que la Seguridad Social pueda costear determinados fármacos eficaces para tratar enfermedades graves como el cáncer.

Reparto de MENAs y procedencia

La siguiente tabla presenta el reparto actual de MENAs en España por comunidades autónomas. Los datos que aparecen en la tercera columna de la tabla corresponden a los nuevos traslados previstos desde la comunidad canaria a las otras comunidades autónomas. Existiría pues un total de 16.472 MENAs acogidos en España.

 De acuerdo al coste de atención de cada MENA indicado anteriormente, el coste total supondría 886 millones de euros anuales a detraer de los impuestos pagados por los contribuyentes. En una partida tan jugosa seguro que algún espabilado, de los de siempre, puede aprovechar algo.

El 68% de los MENAs son de origen marroquí, siguiendo a gran distancia los procedentes de Gambia (9%), Argelia (6%) y Senegal (4%). Aunque estos países, todos ellos de profesión islámica, han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas, no se conoce ningún intento de repatriación de sus niños y mucho menos una colaboración que permita sufragar los gastos de acogida en España. Por otra parte, no se conocen conflictos serios en los países mencionados que pudieran justificar la asignación del estatus de refugiado a estos MENAs.

Países islámicos ricos como Arabia Saudi, Emiratos Árabes y Kuwait que también han firmado y ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aunque mostrando reservas en aspectos incompatibles con la Sharia (ley islámica), no han mostrado ninguna intención de acoger, ni siquiera los MENAs de cultura y religión islámica. Nada nuevo bajo el sol, ya que ningún país mayoritariamente islámico ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos al entrar, entre otras cosas, en conflicto la libertad religiosa con la Sharia. Una muestra más de la falta de capacidad de integración de la cultura islámica con la cultura occidental.

En relación con los últimos traslados previstos desde Canarias, el gobierno central está haciendo una imposición coercitiva a las comunidades que no quieran acoger más Menas. Tiene una estética poco democrática usar amenazas entre diferentes Administraciones, aunque seguro que existe alguna razón interesada para evitar, a toda costa, que se extienda la rebeldía.

Ideas para solucionar el problema

El primer paso para solucionar un problema de cualquier tipo es reconocer que éste existe. Más allá de las valoraciones que cada uno pueda hacer, las evidencias de que tenemos un problema no admiten discusión. Entre estas evidencias se encuentra el elevado y creciente coste que supone la atención a los MENAs, el aumento de la delincuencia en los barrios donde se establecen los centros de primera acogida, principalmente los delitos relacionados con el tráfico de drogas y la violencia sexual, y la baja o nula capacidad de integración del colectivo de origen islámico.

Si a todo esto le unimos el ineficiente gasto de recursos, la falta de planificación política, el efecto llamada desenfrenado hacia los que buscan vivir fácilmente a costa de los demás, creo que el asunto admite poca discusión. El problema sí que existe.

Abordar cualquier problema exige de un estudio, una planificación y la elaboración de un plan, así como de una normativa reguladora. En mi opinión, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de que el fenómeno de los MENAs llegue a ser irresoluble. A continuación, expongo unas cuantas ideas a la consideración del lector. Espero que no hieran su sensibilidad:

Dado que detrás del fenómeno de los MENAs hay principalmente un negocio mafioso, si realmente se quiere solventar el problema, hay que perseguirlo con contundencia. La mejor forma, como en otros negocios que acarrean un perjuicio social como es el caso de la droga, es seguir el dinero y, con ayuda internacional, dificultar su flujo. No perseguir a esas mafias convierte a nuestros gobernantes en cómplices necesarios.

También podría resultar muy útil aplicar la fórmula acuñada en Australia para combatir el problema de la inmigración ilegal sin identificación, que consiste en confinar a todos los que no acrediten su identidad como consecuencia del extravío intencionado de sus documentos para evitar ser repatriados, en un islote aislado de la geografía. Islote en el que serían atendidos, pero del que no podrían salir hasta que no recuperasen su frágil memoria.

Téngase en cuenta que de una persona sin identidad no se puede obtener su historial delictivo. Imagínense la cantidad de desagradables sorpresas que se pueden evitar disponiendo de esta información antes de dejarlos circular libremente por nuestro territorio. Recuerden que el pasado julio, el rey de Marruecos indultó a 20.000 presos, elevando la cifra a más de 58.000 en los últimos 6 años. Cifra que incluye a 121 terroristas. Imagínense a donde pude ir toda esta chusma si no ponemos interés en prevenir el delito.

Es necesario exigir colaboración por parte de los países de procedencia. Esa colaboración se traduce en vigilancia de las salidas y de los negocios organizados de tráfico de seres humanos. También se les debería exigir una colaboración económica para sobrellevar los costes de los MENAs en España, así como la identificación de la edad real de éstos. Especialmente a aquellos países que también han firmado la Convención sobre los derechos del Niño. Si no hubiera colaboración, se deberían coordinar sanciones económicas con apoyo de la Unión Europea y cancelar todas las ayudas al desarrollo.

Acoger solo a aquellos MENAs sin antecedentes, que acrediten su edad y procedencia, así como la razón de su vulnerabilidad por orfandad o por circunstancias acreditadas que justifiquen su condición de refugiado.

Los MENAs que delincan durante su estancia en España deberán, tras un juicio rápido, ser expatriados, exigiendo que su país de nacionalidad se haga cargo de la atención penitenciaria. Nula tolerancia a la delincuencia.

Debería fijarse la partida presupuestaria máxima destinada al acogimiento. Esta cuantía tendría que determinarse por participación popular en la declaración del IRPF de la comunidad autónoma de pertenencia. Esto eliminaría el reparto forzado que al día de hoy realiza la Administración Central.

Exigir la aplicación de las leyes internacionales que exigen depositar a los náufragos en el puerto más cercano, no donde te piden ellos o las mafias colaboradoras. En la actualidad no cabe duda que hay una colaboración de la clase política. Sea por ineptitud inconsciente o por complicidad consciente. Lamentablemente, ni siquiera la oposición quiere poner en jaque al gobierno en un tema así. ¿Por qué? ¿Qué nos ocultan? ¿De quién reciben las órdenes?

Vigilar aguas territoriales e impedir que barcos etiquetados como humanitarios traigan a los supuestos náufragos.  Bastaría con usar los servicios de observación que proporcionan los satélites militares y los radares de largo alcance de las nuevas fragatas F100. Llegados a las aguas nacionales, cualquier medio debería usarse para disuadir al barco supuestamente humanitario de su propósito. Esta estrategia se está aplicando en Italia con excelentes resultados.

Igual que los países islámicos hacen sus ajustes en los convenios internacionales para ratificarlos según su cultura, religión y conveniencia, yo propondría aceptar solo aquellos MENAs en edad infantil. Es decir, desde el nacimiento hasta la pubertad (no más de 14 años). Por lo menos así nos podríamos ahorrar los hipotéticos delitos sexuales que parecen propensos a cometer, de forma reiterada, el colectivo de MENAs, mientras viven en los centros de acogida.

 Superada esa edad deberían ser las organizaciones humanitarias, o libremente avalistas voluntarios de buen corazón, los encargados de financiar los costes de los MENAs hasta la mayoría de edad, haciéndose responsables civiles de cualquier posible hecho delictivo que pudieran cometer. Me parece de lo más sensato que los ciudadanos puedan elegir, en alguna medida, el destino de sus impuestos. De manera que cada uno financie sus gustos sociales de su bolsillo sin que los demás tengan por qué ayudar si no lo desean.

Llegada la mayoría de edad, alcanzada a expensas de organizaciones humanitarias y voluntarios particulares, el Estado les podría ofrecer una pequeña paga para atender sus gastos básicos durante un año, mientras encuentran un trabajo y gestionan su permiso de residencia o, alternativamente, la entrega de un pasaje a su país de origen. Tal vez así se preocuparían más por aprovechar la formación laboral que les da nuestro país durante su acogida.
Conclusiones finales

Es obvio que el problema de aumento masivo y descontrolado de MENAs en España no lo quiere resolver el ejecutivo actual. Las razones las desconozco. Lo que sí es evidente es que existen muchas formas de abordarlo, con soluciones como las que se han indicado anteriormente o parecidas. Soluciones que se obvian aludiendo a burdas simplificaciones humanitarias de escaso fundamento, haciendo prevalecer el hipotético bienestar de un colectivo foráneo, que se aprovecha de una legislación blanda, al coste de oportunidad que supondría atender cualquiera de las muchas necesidades de los propios españoles.

En el tema de la inmigración ilegal y, en particular, en el relativo a los MENAs, se debería alcanzar un pacto de Estado. No resulta sensato seguir permitiendo el fraude, el aumento de la delincuencia sobrevenida y el negocio de las mafias de tráfico de personas sin hacer nada. ¿Para qué queremos tantos políticos, tantos ministerios y tantos asesores? Diríase que algunos partidos políticos pretenden jugar al juego de cuanto peor, mejor, y echar la culpa a sus oponentes o directamente a los ciudadanos de todos los problemas que nos trae su mala gestión.

Los recursos son limitados. Si seguimos con el descontrol actual resultante de la falta de estrategia, de los ineficaces recursos empleados y de la falta de planificación, los problemas asociados se agravarán.  Ya no hay plazas suficientes en los centros de acogida, ni dinero para hacer frente a los costes derivados. ¿Seguiremos los españoles prefiriendo la táctica del avestruz, de esconder la cabeza para no ver nada, asumiendo que lo que nos ocurre es inevitable?

La movilización popular en contra de los MENAs que delinquen no es el resultado de una ultraderecha retrógrada que busca sacar rédito político atacando una causa humanitaria como pretenden hacernos creer, sino tan solo de una reacción natural de los ciudadanos que se sienten desamparados por unas leyes y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, liderados exclusivamente por intereses políticos e ideológicos, no parecen estar interesados en protegerlos.

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