Ley mordaza: Sánchez quiere prohibir preguntas a los miembros del Gobierno en la vía pública

La Ley mordaza Sánchez avanza en silencio y con rapidez. Sánchez prepara una reforma legal para tipificar como acoso el seguimiento de ministros con micrófonos o cámaras en la vía pública. Lo que antes era un ejercicio de libertad periodística, ahora podría convertirse en un delito castigado con cárcel o multas.

El Gobierno trabaja en un anteproyecto que modifica el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de blindar a los miembros del Ejecutivo frente a preguntas incómodas. En definitiva, una medida hecha para eliminar la libertad de prensa y amordazar a la prensa crítica.

Detalles de la reforma: acoso por preguntar en la calle
El borrador preliminar prevé una nueva modalidad agravada del delito de acoso en el artículo 172 ter del Código Penal (acoso). Este incluiría expresamente las actuaciones de vigilancia o seguimiento “con finalidad de presión política o mediática, cuando se realicen de forma insistente en la vía pública mediante instrumentos de grabación sonora”.

En paralelo, la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana también será reformada para añadir una infracción grave en su artículo 36. Se sancionará con multas de 601 a 30.000 euros a quienes participen en “actos de hostigamiento” contra autoridades y miembros del Gobierno.

Lo más preocupante es la extensión de la responsabilidad a colectivos, plataformas digitales y medios no oficiales que difundan estas prácticas. Es decir, que incluso la publicación de un vídeo en una red social podría dar lugar a sanciones o a la retirada de acreditaciones.

Esta nueva Ley mordaza Sánchez pretende crear un escudo de impunidad en torno a los ministros, criminalizando el periodismo de calle.

Libertad de expresión bajo ataque directo
Con esta iniciativa, el Ejecutivo se coloca en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio. Constitucionalistas ya han advertido que la reforma vulnera este derecho fundamental y que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial tendrán que pronunciarse sobre su adecuación.

Pero el mensaje de Moncloa es claro: si un periodista le pregunta a un ministro en la calle, podrá ser acusado de acoso. La pena puede llegar a seis meses de prisión o fuertes sanciones económicas.

La llamada Ley mordaza Sánchez no protege la seguridad, sino la comodidad de los políticos socialistas.

Periodistas incómodos en el punto de mira
No es casualidad que los más afectados por esta reforma sean los pocos periodistas que todavía incomodan al poder. se han convertido en una pesadilla para los ministros y para el propio Pedro Sánchez, acostumbrados a ruedas de prensa filtradas y entrevistas pactadas.

Los reporteros han demostrado que las preguntas directas en la calle son a menudo el único modo de arrancar declaraciones a una clase política que rehúye el contacto con la ciudadanía. Ahora, con la nueva Ley mordaza Sánchez, esas preguntas podrían ser castigadas como cárcel y multas elevadas.

Sánchez quiere acabar con lo poco que queda de periodismo libre en España.

Censura y represión disfrazada de legalidad
La izquierda siempre ha defendido la “libertad de prensa”, pero solo para los medios afines al poder, para sus medios. para el resto, represión y censura. La subvención pública ha comprado voluntades y acallado críticas, pero aún quedan periodistas independientes que no se pliegan a la propaganda oficial.

Por eso, el Gobierno da un paso más y convierte la incomodidad política en delito. Traducido: preguntar a un ministro en la calle será ilegal. Una mordaza legal que haría palidecer incluso a los regímenes comunistas.

Ni George Orwell hubiera imaginado una distopía en la que preguntar se persigue penalmente. Sin embargo, en la España socialista de Pedro Sánchez, la censura se institucionaliza bajo la apariencia de protección jurídica.

Defender la libertad antes de perderla
La Ley mordaza Sánchez no es una simple reforma técnica, sino un ataque directo a la libertad de expresión y a la función de la prensa como contrapeso del poder. Criminalizar preguntas incómodas significa amordazar al periodismo y consolidar un sistema en el que el Gobierno solo responde cuando quiere, a quien quiere y como quiere.

Si se permite que preguntar en la calle se convierta en delito, mañana cualquier ciudadano crítico podrá ser acusado de acoso simplemente por exigir explicaciones a sus gobernantes.

No se trata solo de los periodistas, se trata de todos. La libertad no se regala: se defiende. Hoy la línea roja es clara, y se llama Ley mordaza Sánchez.

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