Jordi Sabaté, paciente de ELA, retrata a Sánchez

Jordi Sabaté Pons, activista diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha lanzado una dura acusación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró sentirse «maltratado y vejado por el presidente de mi propio país» y acusó a Sánchez de haberse «reído en la cara de todas las personas enfermas de ELA y de sus familias, jugando con lo más importante que hay en esta vida, el derecho a vivir y la esperanza de vida de las personas«.

Sabaté recordó que, tras «años de mentiras», hace un año decidió creer en las promesas del Ejecutivo, incluso llegó a pedir perdón y hacer las paces con Sánchez, pero ahora denuncia que todo ha quedado en palabras vacías. Para el activista, mofarse de las personas más vulnerables «tiene un nombre» y es una actitud que no se puede tolerar.

 Uno de los puntos centrales de su crítica es que, aunque la Ley ELA fue aprobada hace casi un año con consenso parlamentario, los recursos comprometidos —una partida presupuestaria de 230 millones de euros— siguen sin materializarse.

Sabaté, al igual que otros activistas, advierte que esta falta de implementación obliga a los afectados a depender de medios propios, donaciones o sacrificios financieros de sus familias para poder costear los cuidados que requieren.

El activista, de 41 años, fue diagnosticado en 2017 y su enfermedad ha avanzado hasta dificultar funciones básicas como hablar, alimentarse o respirar por sí mismo. Pese a ello, se ha convertido en una de las voces más visibles en la defensa de los enfermos de ELA, utilizando sus redes sociales para dar visibilidad a sus necesidades y exigir que no se les condene al olvido político.

La Ley ELA fue aprobada en septiembre de 2024 con apoyo unánime en el Congreso, un paso legislativo que debía garantizar una mejora real en la atención de las cerca de 4.000 personas que padecen esta enfermedad en España.

Sin embargo, las asociaciones señalan que la mayoría de las medidas siguen sin aplicarse y que, un año después, los pacientes y sus familias continúan enfrentándose a la misma precariedad y a la misma falta de apoyo institucional.

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